“La corrupción y la falta de transparencia del gasto público llevaron a que se pagaran enormes sobreprecios en la ejecución de la obra pública durante la última década”, sostiene la “ley de leyes” que el Poder Ejecutivo presentó días atrás ante el Congreso.
Y la frase no es un slogan político. “Una comparación del costo del kilómetro de ruta en 2016 versus el promedio 2012-2015 muestra que el último año se gastaron U$S 700.000 menos por kilómetro de ruta en las obras nuevas. Sin este sobreprecio, entre 2012 y 2015, y sólo en las construcciones viales, se hubieran ahorrado U$S 2.000 millones. Es decir que la diferencia en el costo tuvo dimensiones macroeconómicas: equivale a 0,4% del PIB de 2017”, dice el Presupuesto 2018.
El aumento del gasto público no se vio reflejado en una mejor infraestructura, agrega el proyecto. “Argentina continuó acumulando grandes deudas de infraestructura por insuficiente inversión pública y mala gestión. Los ejemplos abundan: rutas y trenes en estado deplorable que ocasionaron miles de muertes, cortes recurrentes de energía que dificultaron el proceso productivo, escuelas y hospitales en estado calamitoso, inundaciones en zonas urbanas y rurales, una parte importante de la población sin acceso a agua potable y cloacas, entre otras cosas. El deterioro de la infraestructura se vio reflejado en los datos. Argentina tuvo, entre 2006 y 2015, el peor desempeño entre 24 países de América Latina y el Caribe en la evolución de su infraestructura”, dice el Presupuesto.
