Por Marcela de Maya Profesora de Economía de la Fundación UADE
Son numerosos los reclamos públicos que tienen su origen en la actual carga tributaria. Representantes de distintas ramas de actividad han manifestado su descontento por el peso de los impuestos en el precio final de sus productos, y la pérdida de competitividad implicada. Esto abre el debate sobre la oportunidad de reformar el sistema tributario vigente, pero el actual nivel de déficit fiscal dificulta el diseño de una alternativa que recaude lo suficiente, sin socavar la competitividad local.
En 2016 se implementaron numerosas modificaciones que buscaron reducir la presión tributaria, aunque no lo suficiente para morigerar los mencionados reclamos. El Incentivo Fiscal para el Desarrollo del Autopartismo Argentino, el Fomento para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y numerosas prórrogas de beneficios ya vigentes fueron algunas de las medidas más relevantes. Sin embargo, en dicho año la presión tributaria total ?incluyendo impuestos provinciales ?fue de 31,95%, apenas por debajo del 31,99% registrada en 2015, según informa la Secretaría de Hacienda.
Frente a esto, el proyecto de reforma tributaria debería permitir aliviar la actual carga impositiva sobre los sectores productivos, minimizando la pérdida de recursos para el Fisco. Una forma de avanzar en este sentido es reforzando el rol de las Administraciones Tributarias.
Argentina ha dado un paso importante en ese sentido firmando el pasado junio un acuerdo multilateral propuesto por la OCDE para la implementación del Proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Este constituye un conjunto de acciones para atacar estrategias de planeamiento impositivo efectuadas por contribuyentes que explotan lagunas y descalces en la legislación tributaria. Este comportamiento busca hacer desaparecer ganancias o relocalizarlas en lugares en los que hay poca o nula actividad, pero donde la carga impositiva es baja, minimizando la cantidad de recursos que se ingresan al Fisco.
El impuesto sobre la renta ilustra estas situaciones. Este tributo es recaudado a nivel local pero cuando la actividad de los contribuyentes traspasa la frontera, la interacción de sistemas tributarios distintos puede devenir en lagunas que dejan conceptos sin gravar en ninguna jurisdicción (doble no imposición). Los contribuyentes que incurren en acciones BEPS intentan sacar provecho de ello y de esa forma defraudan a las arcas públicas.
El Proyecto BEPS puede resumirse en cinco lineamientos: abordar los retos de la economía digital; dotar de mayor coherencia al impuesto a la renta que recae sobre sociedades; adaptar la normativa tributaria internacional para impedir acciones BEPS; garantizar mayor transparencia en lo que respecta la planificación fiscal de los contribuyentes y avanzar hacia la implementación de esta batería de acciones.
Esto último demanda acciones diversas, como la revisión de los modelos de negocios de algunos sectores económicos y neutralizar a nivel general ciertos efectos del impuesto a la renta que surgen cuando se interactúa con otros sistemas tributarios (como la doble exención, la doble deducción o el diferimiento a largo plazo). También se requiere el refuerzo de normativa vigente referida a sociedades, para evitar la creación de filiales no residentes para la canalización de los ingresos de una empresa residente a través de ellas. La normativa sobre precios de transferencias es otro asunto a atender, puesto que sirven para distribuir los ingresos obtenidos por una empresa internacional entre aquellos países con los que ha hecho negocios.
Argentina ya ha dado un paso importante en esta dirección. Si nuestra Administración Tributaria logra transitar con éxito el camino hacia la atenuación de acciones BEPS, entonces no sólo habrá generado mayores recursos al fisco. Habrá también sentado las bases para pensar en un nuevo sistema tributario que atienda el reclamo de todos: ¡Paguemos menos!
