Por Laura Jaitman Economista senior del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
A nadie debería sorprender que la actividad delictiva sea más intensa en las zonas urbanas. Es allí donde más se concentran la población y la actividad económica, y es también allí donde los delincuentes consiguen sus blancos más provechosos. Pero América Latina y el Caribe, donde se ubican 43 de las 50 ciudades con los mayores índices de homicidios y donde la delincuencia en zonas urbanas va en aumento, es un caso extremo que necesita desesperadamente instrumentos más aptos para hacer frente a ese flagelo en sus zonas metropolitanas.
Una de las armas más eficaces con que cuenta el arsenal de las autoridades policiales es lo que se conoce como “vigilancia policial de puntos calientes” (hotspots): la concentración altamente precisa de personal y recursos policiales en espacios geográficos reducidos, incluso más pequeños que barrios o cuadras. Investigaciones en países desarrollados que combinan informes policiales, análisis de la actividad delictiva y sistemas de información geográfica han concluido que el delito suele ocurrir en áreas reducidas, conocidas como “segmentos de calle” (los dos lados de una calle entre dos cruces). El 5% de esos segmentos, según la investigación pionera de David Weisburd, tienden a generar más de 50% de los delitos de una ciudad en un año dado. Puede tratarse de lugares con un conjunto habitacional de bajos ingresos y poca presencia del estado, u otra manifestación de pobreza y desigualdad. Pero también puede tratarse de zonas de ingresos mayores o de alta actividad turística, donde suele haber blancos fáciles. En cualquier caso, no suele ser útil hablar en términos de barrios “buenos” o “malos”: hay segmentos de calles seguros y peligrosos en toda clase de vecindarios y es allí donde la policía debe concentrar sus esfuerzos.
En América Latina y el Caribe se da una situación parecida. Nicolás Ajzenman y yo analizamos en un estudio cinco ciudades latinoamericanas, entre ellas, Bogotá, Montevideo y Belo Horizonte. Demostramos que durante un período de tres a diez años, 50% de los delitos perpetrados se concentraron en 3% a 7,5% de los segmentos de calle. De modo análogo, en un análisis minucioso de Puerto España, en Trinidad y Tobago, descubrimos que, según los informes policiales, solo uno de cada cuatro segmentos de calle experimentó un delito en 2014. Más aún, varios de los segmentos de calle que registraron altas cifras de incidentes delictivos son adyacentes a segmentos con muy pocos incidentes de ese tipo.
Para que ocurra un delito debe haber presentes tres elementos: una víctima, un agresor y una oportunidad. Por consiguiente, la actividad delictiva tiende a persistir de manera crónica en los mismos lugares, y entre 40% y 66% de los puntos calientes de América Latina siguen plagados de delincuencia, o siguen estando “calientes”, por un período de tres a diez años.
Todo esto revela por qué las iniciativas de patrullaje aleatorio y despliegue policial no planificado suelen ser poco eficaces. La policía no solo debe dar con el delito. Debe, además, reunir información sobre dónde ocurren y persisten los incidentes, y abordarlos con precisión quirúrgica al nivel micro.
Claro que la intervención policial y otros factores pueden hacer que la actividad delictiva cambie o se desplace geográficamente, creando nuevos puntos calientes con el tiempo, una realidad que la policía debe tener presente. Eso significa tener en cuenta el potencial y las causas subyacentes de la delincuencia en cualquier localidad dada. Y significa estar al tanto de los problemas sociales del lugar. Por ejemplo, en Estados Unidos, segmentos de calle con problemas graves de salud mental y de consumo de drogas suelen coincidir con segmentos con niveles considerables de delincuencia, lo que hace pensar que es preciso atender de manera coordinada el abanico completo de problemas sociales.
En última instancia, según sostienen las teorías de la economía del crimen, necesitamos entender cómo cambiar los incentivos para hacer menos atractivo el delito. Esto implica aplicar mecanismos más eficaces de disuasión y mayores incentivos para la participación en actividades lícitas, ya sea mediante mayores oportunidades educativas y laborales o de otro tipo.
El nivel micro siempre es útil. La delincuencia urbana puede ser generalizada, crónica y devastadora en sus dimensiones individuales y económicas en América Latina y el Caribe, pero si examinamos los problemas de fondo en las unidades geográficas más pequeñas posibles, puede que encontremos soluciones nuevas.
