Debido a los diversos hechos de corrupción que se sucedieron en los últimos meses y años, con epicentro en América Latina (pero no solamente), el FMI ha puesto cada vez más foco en la cuestión. Ayer, tres economistas del organismo escribieron un interesante post sobre cómo empezar a desactivar el flagelo que marchita las posibilidades de crecimiento, afecta a los más pobres y, en última instancia, también mata. La lista de perjuicios, claro, puede seguir.
Lo primero, dicen Alejandro Werner, David Lipton y S. Pelin Berkmen, son las instituciones. “Son dos medidas que van de la mano, pero del dicho al hecho hay un gran trecho”, dicen y advierten: “El avance en papel (a través de un marco jurídico mejorado) es necesario, pero no se traduce en resultados 'en el terreno' si no está acompañado de un cumplimiento más estricto”.
Eso implica, como en Brasil, “un Poder Judicial más eficiente, fiscales independientes debidamente equipados con los recursos y el apoyo decidido de los medios de comunicación y la sociedad”.
Pero eso no es todo. “La lucha contra la corrupción arraigada exige desbaratar una trampa de corrupción en la que la estructura actual de incentivos se autoperpetúa. Para romper este equilibrio ineficiente es necesario solucionar un problema de acción colectiva (luchar contra los intereses creados) y superar obstáculos formidables en materia de economía política”, dicen.
La experiencia internacional indica que la efectividad de una estrategia anticorrupción requiere de marcos jurídicos sólidos, intensidad en las tareas de cumplimiento y depuración, y perseverancia. Un firme compromiso a nivel nacional y un liderazgo fuerte son fundamentales también para garantizar que el respaldo público de amplios segmentos de la sociedad no se disipe durante esta lucha, la cual será larga.
Algunas ideas más una comisión anticorrupción, como han hecho Guatemala o Ecuador.
Reforzar la transparencia y la rendición de cuentas. “Las medidas tradicionales para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas han sido abordadas extensamente en estudios del FMI y comprenden, entre otras, leyes sobre libertad de información, declaraciones de ingresos y bienes, auditorías aleatorias, fortalecimiento de la transparencia en la gestión pública y el ámbito fiscal, en especial en países exportadores de recursos naturales, y la mejora de la gestión de gobierno en empresas del Estado”, explican. Pero es posible ir más allá en el campo de la transparencia y la rendición de cuentas, dicen. Enumeran: se debe recabar información sobre los usufructuarios de las firmas y publicarla en registros societarios centralizados; las entidades públicas y privadas que realizan contrataciones públicas e inversiones podrían crear comités internos contra la corrupción que dependan directamente del directorio o del contralor o auditor general, a fin de fomentar relaciones estrechas entre los interlocutores internos y los auditores externos; los conflictos de intereses podrían ser solucionados con la suspensión de las actividades comerciales de los funcionarios electos, en los casos en esto que aún no se exija y, por último, los gobiernos federales pueden ayudar a suministrar incentivos para que las unidades subnacionales apliquen prácticas óptimas de transparencia.
Fortalecer los procesos de contratación pública e inversión. “Marcos contractuales y de ejecución más sólidos, la eliminación de las excepciones ad hoc, y posiblemente la exclusión de las renegociaciones contractuales en el corto plazo pueden contribuir a superar estas lagunas fiscales y establecer un marco de transparencia”, dicen, y suman: subastas competitivas, realizar licitaciones obligatorias para gastos públicos adicionales, proporcionar información íntegra sobre los contratos adjudicados y sus modificaciones, dar seguimiento al gasto en contrataciones públicas, y formular políticas para reducir a un mínimo las prácticas corruptas de enriquecimiento en la tenencia y la zonificación de tierras.
Eliminar las reglas innecesarias. “Las regulaciones excesivas generan oportunidades de corrupción al crear fuentes artificiales de ingresos (por ejemplo, el racionamiento de las licencias de importación)”, dicen.
“Las presiones populares recientes han creado un momento propicio inusual en América Latina para mantener el ímpetu de la reforma”, creen los autores.
