A fines de 2017, el stock de deuda pública ascenderá a 25% del PIB en Chile; en Perú, a 26% y, en Argentina, a 29%. Conclusión: “El nivel de deuda privada y con organismos internacionales de la Argentina es similar al de los países más dinámicos de la región”, dice Idesa. Pero?“su costo es sustancialmente más alto”. En rigor, los intereses que paga Argentina (en relación a su PIB son 50% más altos que los que afronta Perú y 4,5 veces mayores a los que paga Chile). En números, 0,4% del PIB en Chile; 1,2% en Perú y 1,8% en Argentina.
“El principal factor que explica estas diferencias es que el mercado impone tasas de interés muy altas debido a las políticas del pasado de deshonrar deudas pero también por la incertidumbre que existe sobre el futuro. Se toma en cuenta que no se está contrayendo deuda sólo para financiar inversiones, sino para sostener un gasto corriente desbordado que no se logra cubrir con la alta presión impositiva prevaleciente”, dice, crítico, el informe de Idesa.
Otro aspecto que genera incertidumbre, agrega el report, es que el nivel de endeudamiento no es sólo el 29% del PIB en manos de los privados y los organismos internacionales sino el 59% del PIB que incluye la deuda con el BCRA, la Anses y el Banco Nación, entre otros organismos del Estado. “En la diferenciación subyace la interpretación de que estos entes públicos no tienen igual nivel de exigencia que el mercado. Se está pasando por alto que tomar prestado recursos del BCRA se paga con más inflación; (recursos) de la Anses, con crisis previsional y del Banco Nación, con con menos financiamiento para la producción. Adicionalmente hay que considerar que, en muchos casos, las provincias, los municipios y las empresas públicas incurren en esta misma lógica de endeudamiento”, dice el informe.
El Presupuesto 2018, agregan, “subestima la magnitud del endeudamiento y el costo que generan las tasas de interés elevadas”. Si bien “esto es consistente con la promocionada virtud de la gradualidad en el ordenamiento del Estado”, sostiene, “se pasa por alto que la contrapartida del gradualismo es mantener una presión tributaria asfixiante y promover un creciente y oneroso endeudamiento”.
Pero esa es una visión miope, sugieren. “En esta argumentación se sobreestiman los beneficios del gradualismo (supuestamente evitar los 'costos sociales del ajuste') y se minimizan los costos sociales del desajuste, que son, el cercenamiento de la producción y la creación de empleo por los altos impuestos reinantes y la generación de deuda muy costosa”.
La conclusión es (casi) obvia: “La deuda es sana cuando se utiliza para financiar inversiones que contribuyen al desarrollo social y productivo. Pero utilizarla para financiar desajustes tiene asociados elevados riesgos y costos sociales. Por eso, en lugar de seguir exagerando las bondades del gradualismo es fundamental que el Congreso aporte ideas y sostén político a estrategias que contribuyan a acelerar el ordenamiento y la modernización del sector público”. Y pagará en el año como costo de ese financiamiento 0,4% de su PIB.
