Por Mariana Conte Grand Economista de la Universidad del CEMA
El Acuerdo de Paris (AP) busca mantener el aumento de la temperatura media mundial a fines de este siglo por debajo de dos grados, con respecto a los niveles preindustriales. Eso requiere que emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan entre 40% y 70% al 2050, comparado con los niveles de 2010. El AP prevé compromisos de emisiones menores por parte de cada uno de los países y mercados de carbono. El objetivo de los mercados es lograr que las reducciones de contaminación se hagan de la manera menos costosa posible: que las naciones a las que les resulte muy caro controlar sus emisiones compren toneladas de carbono en otros lugares del mundo dónde sea más barato.
El Protocolo de Kyoto (PK) tuvo tres esquemas comercializables de emisiones. Argentina podía, por ejemplo, hacer reducciones de gases de efecto invernadero vía eficiencia energética, introducción de energías renovables o mejoras de tecnologías usadas en la industria; certificar dichas reducciones y venderlas a países que tuvieran compromisos cuantificables en Kyoto (los desarrollados y los que en esa época tenían economías en transición). De hecho, la Agencia que se ocupa de estos temas en el país aprobó alrededor de 60 de estos proyectos entre el 2004 y el 2012. Y, hasta ese año (el último de vigencia de los compromisos del Protocolo), más de 4.000 proyectos en el mundo desarrollado habían sido aprobados por la Convención del Clima, representando cerca de un billón de certificados de reducción de emisiones de carbono (CERs).
Hoy la situación es distinta. Hubo dos cambios básicos. Por un lado, ciudades, estados, países y regiones crearon sus propios sistemas de permisos comercializables de carbono, que además se vincularon entre sí. Actualmente una unidad de reducción de carbono generada en Tokio puede venderse en Saitama (Japón). El mismo tipo de intercambios puede hacerse entre California y Quebec, entre el esquema regional europeo y el australiano, por ejemplo. Sobre estas novedades, China empezó este año con su propio mercado de bonos. Entonces la demanda de bonos de carbono internacionales está limitada respecto a la del PK. Solamente una decena de países avanzados han manifestado interés en usarlo. En segundo lugar, tanto Argentina como la mayoría de los países en desarrollo tienen, desde París, compromisos cuantificados de reducción de emisiones. Esto significa que los esfuerzos de mitigación de estos países van a estar focalizados en cumplirlos. Un país solamente vendería permisos si su meta es poco ambiciosa o si la cumple por encima de lo previsto. Entonces esa oferta de toneladas de carbono sería baja. Quedarían los créditos que pudieran originarse en naciones que no tengan metas en Paris pero puedan certificar reducciones de emisiones comprobables. Dicha certificación requerirá esperas y costos administrativos.
Las negociaciones sobre mercados de carbono están en proceso. Si no se incorporan los mercados internos al internacional, los “bonos de París” no serían muchos. Hacerlo es difícil.
