Por Gabriel Caamaño Gómez Consultora Ledesma
Casi todos los planes de estabilización de nuestra traumática historia han dejado la desregulación y la reforma del mercado laboral para después. En su diseño y, más aún, en su implementación.
Es decir, la misma siempre fue posterior a la apertura comercial, los esfuerzos de estabilización del nivel de precios y la desregulación de los mercados de bienes, servicios y capitales. E, incluso, cuando la hubo, fue posterior a la reforma del Estado. El plan en curso no es, lamentablemente, la excepción.
Es otra de nuestras inconsistencias recurrentes en materia de política económica (se suma a nuestra, también recurrente, falta de prudencia fiscal). ¿Por qué es inconsistente? Porque el mercado laboral muestra una menor velocidad de ajuste a los shocks de precios relativos y a los cambios normativos que el de capitales y el resto de los bienes y servicios. Para asegurar una mayor flexibilidad, reduciendo los costos sociales y económicos e incrementando la eficacia (eficiencia) de los esfuerzos de estabilización y del propio proceso de reformas estructurales hay que empezar, y no terminar, por ahí.
Puede interpretarse que esa tendencia a patear hacia delante la reforma y sólo encararla cuando no queda otra alternativa, se debió y se debe a varios factores.
Factores políticos y sociales. Existe una histórica y fuerte oposición de buena parte de la sociedad a la flexibilización del mercado laboral. A tal punto que, si bien se han podido lograr en distintos momentos de nuestra historia consensos amplios en cuanto a la necesidad de desregular los mercados de bienes, servicios y capitales, no se ha podido lograr lo mismo respecto del mercado laboral.
Cuestiones técnicas o de diagnóstico. Generalmente se supone que el incremento del PIB asociado a la estabilización macoreocnómica y la mejora de la competitividad se traducirá más temprano que tarde en creación neta de puestos de trabajo. Y que ello permitiría absorber no sólo el crecimiento de la oferta laboral, sino además todo la destrucción de puestos de trabajo asociada al cambio de precios relativos (reasignación de factores) y al mayor nivel de competencia que implica una economía más abierta y la consecuente necesidad de la producción local de esforzarse en pos de incrementar la eficiencia en la dotación y asignación de factores productivos. Y también el asociado a la reforma del Estado, cuando la hubo.
En otras palabras, por un lado, suele subestimarse el rol de la elasticidad empleo-PIB o, peor aún, no considerarse el impacto que el cambio en el vector de precios y remuneraciones relativas y el propio proceso de reformas estructurales y su secuencia tienen sobre la misma.
También suele subestimarse el rol de los bajos niveles de productividad y, por lo tanto, los relativamente aún más altos costos salariales por unidad producida que implican puntos de partida caracterizados por economías cerradas, estancadas o en franca recesión, con presiones de todo tipo tendientes a evitar los despidos en el sector privado y un sector público que actuó durante muchos años como agencia de empleo.
Para ponerlo simple. Si se flexibilizan todos los mercados de bienes y factores primero y luego el laboral, lógicamente se sigue un encarecimiento relativo del factor trabajo y, por lo tanto, una reducción, y no un incremento, de la elasticidad empleo-PIB. O, al menos, una fuerza que actúa en sentido opuesto al resto de las reformas y esfuerzos. Más aún, si el factor trabajo ya era relativamente caro.
Ese error de diagnóstico suele tardar algún tiempo en ser percibido y más aún en ser aceptado. Pero termina siendo determinante.
Lamentablemente, lo dicho implica que los distintos proyectos de reforma laboral nacieron en mayor o menor medida como imposiciones de la coyuntura, no existiendo desde el principio en esta materia un programa estructurado, gradual y consistente de modificaciones específicas. En ese sentido, lamentablemente también debo señalar que la situación actual tampoco se aparta de esa historia.
En esa misma línea, también estaba claro, y ahora vuelve a estar aún más claro, que las devaluaciones nunca han aportado soluciones sustentables a esta problemática. Más tarde o más temprano, el costo salarial por unidad producida, el relevante, vuelve a encarecerse y el shock nominal, como era de esperarse, se diluye.
Las excepciones han sido sólo transitorias y asociadas a profundas crisis macroeconómicas de tipo recesivo que incrementaron la persistencia del shock devaluatorio al producirse en el contexto de altos niveles de desempleo.
Ergo, queda claro que cualquier plan de estabilización macroeconómica que aspire al éxito debe encarar, más temprano que tarde, la flexibilización del mercado laboral y la reducción de los costos laborales no salariales.
En ese sentido se puede señalar que hay cinco tipos de factores que inciden sobre el costo laboral real por unidad producida.
1 . Los que influyen directamente sobre los costos laborales no salariales, cuyo ejemplo más común son las contribuciones patronales al sistema de seguridad social. En este punto vale la pena señalar que los desequilibrios fiscales persistentes han impedido avanzar de forma constante en este punto. Generalmente, las reducciones en este tipo de cargas han sido de naturaleza transitoria y han estado plagadas de marchas y contramarchas. Lo que, lógicamente, contribuyó a reducir su eficiencia.
2. Aquellos que impactan indirectamente sobre los costos laborales no salariales, entre los que se encuentran las indemnizaciones por despido y la legislación vigente sobre accidentes de trabajo. Estos incrementan las erogaciones contingentes y suman incertidumbre al flujo de gastos laborales.
3. Aquellos que impiden una asignación eficiente del factor trabajo a lo largo del tiempo y el espacio, reduciendo su productividad y/o incrementando los costos operativos para hacerlo.
4. Aquellos que atentan contra la flexibilidad de los salarios nominales. En particular, el grado de centralización de las negociaciones laborales.
5. La propia evolución de la productividad del factor trabajo, asociada a lo mencionado en el punto 3, pero también a la dinámica de la tasa de inversión productiva.
En consecuencia, toda reforma, desregulación o flexibilización del mercado laboral, debe buscar cinco objetivos para ser eficaz, permitiendo que la economía sea más flexible ante los shocks y maximizando la traducción del crecimiento en creación neta de puestos de trabajo y mejora de las remuneraciones reales.
1. Reducir el costo laboral no salarial.
2. Aumentar la previsibilidad del costo laboral.
3. Facilitar la asignación temporal del factor trabajo.
4. Flexibilizar la fijación del salario nominal.
5. Asegurar un sendero consistente de inversión productiva.
Ese es el desafío que el Gobierno parece haber dejado para la segunda mitad de su mandato. A tal punto que, desde lo discursivo, ya pareciera estar comenzando a encararlo. Obviamente, habría sido mucho mejor y más consistente encararlo de entrada, pero, el pasado, pisado. Como nos enseña la propia experiencia de vida, siempre es mejor tarde que nunca.
