Años de relato y manejo de la información oficial parecen haber convencido a amplios sectores de la sociedad que el único daño que provoca la inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la población que depende de un salario o que percibe ingresos fijos. Y, en tal caso, el Gobierno y los sindicatos tienen la responsabilidad de restablecer esa pérdida mediante aumentos salariales de igual cuantía a la perdida ocasionada por el aumento de los precios.
Sin embargo, el efecto destructivo de la inflación es bastante más extendido, pues también destruye las fuentes de trabajo en las actividades productivas imposibilitadas de reajustar sus precios en la medida que lo hacen sus insumos y los costos que no tienen capacidad de controlar. Como, por ejemplo, el tipo de cambio, las tasas e impuestos, los precios regulados de las tarifas y los salarios que se fijan en negociaciones colectivas de trabajo y que rigen para todas las empresas del mismo sector de actividad.
Como lo indica el sentido común, cuanto mayor sea la inflación, mayor será la dispersión de las variaciones en los precios respecto del promedio y, por tanto, mayor la posibilidad que cualquier empresa quede atrapada en una posición donde le resulte imposible acomodar la estructura de sus costos e ingresos al nuevo set de precios modificados por la inflación. También parece sensato suponer que, cuanto mayor sea la inflación, mayor la posibilidad que ese impacto se extienda a la mayoría de las empresas de un mismo sector de actividad.
Los ejemplos
Es lo que, por ejemplo, viene sucediendo con el sector frutícola del Alto Valle del Río Negro, una de las actividades productivas de mayor raigambre en la región norte de la patagonia, cuyo nivel competitivo ha sido siempre destacado y reconocido en el mercado internacional. Las empresas del sector vienen quebrando una tras otra durante los últimos años, ante la imposibilidad de seguir compitiendo con sus pares de Chile, Australia y Nueva Zelanda, donde los precios se encuentran sensiblemente por debajo de los costos de producción de las empresas locales.
Si bien existen diferentes razones por las que las empresas han tenido que cerrar, el factor determinante ha sido y sigue siendo casi siempre el mismo: un tipo de cambio retrasado unido a una constante suba de los costos internos, combinación letal para cualquier actividad que direcciona el grueso de su producción hacia los mercados del exterior, en los que resulta imposible aumentar el precio que fija un techo a los ingresos y la estructura de costos a la cual debe ajustarse la producción para resultar sustentable. Un panorama similar enfrenta la industria vitivinícola, donde en muchos casos los costos de producción han sobrepasado los precios con los cuales colocaban los productos en el mercado internacional.
Si bien resulta técnicamente imposible determinar en forma teórica cual debería ser el tipo de cambio de equilibrio para saber si se encuentra atrasado o por debajo de su valor real, en una economía donde la autoridad monetaria “administra” el sistema de flotación, lo cierto es que la mayoría de las actividades productivas que exportan una parte significativa de su producción, encuentran en la actualidad severos obstáculos para poder colocar sus productos en el mercado internacional. Todas ellas, aun las que operan en sectores donde la ventaja comparativa es a priori importante, coinciden en atribuir el principal problema a la existencia de un tipo de cambio incompatible con el nivel de los precios y costos internos.
La prueba evidente del actual desfase entre precios internos y tipo de cambio resulta notable en las localidades fronterizas, donde paseros y pobladores del lugar cruzan la frontera a diario para adquirir los productos de consumo regular a un precio sensiblemente inferior del que tienen que pagar en su propio terruño. Aquellos que no viven en localidades fronterizas, también han tenido que adoptar medidas para morigerar el impacto inflacionario como, por ejemplo, comprar en los grandes autoservicios mayoristas en lugar de los supermercados, donde parece que encuentran menores precios en la mayoría de los productos de la canasta familiar.
Este cambio de modalidad de compra por parte de los consumidores ha impactado en la venta de los supermercados, que acusan una marcada disminución en el valor del ticket promedio junto con una brusca caída del 18% en las ventas durante febrero. Como es de esperar en este tipo de procesos, la inflación ahora también ha alcanzado a los segmentos de ingresos medios y medio altos, después de haber erosionado el poder adquisitivo de los niveles inferiores. Es el resultado que inevitablemente cabe esperar una vez que la inflación se inserta en las decisiones de todos los agentes económicos.
En el mundo ya no se discute el hecho de que la inflación tiene su origen en una expansión de los medios de pago por encima del nivel de la oferta de bienes y servicios. Tampoco se discute que una vez instalada y desplegados sus mecanismos de propagación y concatenación durante largo tiempo, abatirla requiere algo más que medidas de política monetaria.
Esta es la encrucijada que enfrentan las autoridades y que, por el momento, no aciertan con el camino a seguir. Porque la situación exige poner en marcha un programa integral que inclusive contenga algunas medidas de shock ?que no necesariamente tienen que tener impacto recesivo? para en poco tiempo, abatir la espiral inflacionaria e impedir que sus efectos nocivos continúen castigando a los sectores más vulnerables de la población y, con ello, provocar el descenso en los niveles de consumo, la actividad productiva y el empleo.
