La Cámara de Senadores convirtió ayer en ley el proyecto que prorroga la emergencia social hasta 2019, surgido de las filas de las organizaciones sociales. La iniciativa, que fue avalada por todo el arco político, apunta a darle un marco de institucionalidad a los trabajadores de la economía popular, que tendrán un consejo y un registro propio en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social y comenzarán a percibir un Salario Social Complementario. Para eso, el Gobierno deberá reasignar $30.000 de la partida presupuestaria para los próximos tres años.
El proyecto fue impulsado principalmente por las organizaciones Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep) y consensuado luego con el oficialismo y legisladores de la oposición, con la sola excepción del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT). El proyecto original, que exigía la creación de un millón de puestos en el marco del programa Ingreso Social con Trabajo, terminó reconvirtiéndose en otro con disposiciones diferentes a partir de una dura negociación con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, otros ministros nacionales, y legisladores de todos los espacios.
El texto que fue votado ayer, prorroga la emergencia social hasta el 31 de diciembre de 2019 y pone a disposición hasta $25.000 millones durante el plazo de vigencia de la ley (que se suman a los $17.000 ya asignados para el año próximo), con posibilidad de extenderse a $5.000 millones en el 2019.
Por otro lado, dispone la creación del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario, en la órbita del ministerio de Desarrollo Social, que será un ámbito institucional permanente constituido por representantes de los Ministerios de Desarrollos Social, de Trabajo y de Hacienda y tres delegados de las organizaciones sociales y empresas autogestionadas. Este consejo instalará la discusión periódica de los aumentos en los programas sociales, lo que implicará institucionalizar, de algún modo, una “paritaria social”.
El consejo, que deberá crearse en el plazo de 90 días, será además el encargado de articular los programas sociales nacionales para que sean absorbidos progresivamente por la figura del Salario Social Complementario. La intención de las organizaciones sociales es que el monto de ese salario complementario alcance la mitad del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que en enero será de $8.060.
Además, la ley dispone la creación del Registro Nacional de la Economía Popular (Renatrep), donde se inscribirán a los trabajadores de la economía popular para comenzar a percibir los beneficios.
“Son instrumentos institucionales que no teníamos que permiten empezar a dar una respuesta a esos compañeros que estaban al margen de todo”, dijo a El Economista Gildo Onorato, referente de la Ctep.
Según los cálculos de Onorato, la partida destinada en el marco de ley permite estimar un alcance del salario social cercano al millón de beneficiarios, tal como lo planteaba el proyecto original. Si bien celebró lo logrado, el dirigente consideró que se trata de un “primer paso” para alcanzar a la totalidad de los trabajadores de la economía popular que, según un registro informal elaborado entre la Ctep, la UCA y la Pastoral Social, suman más de 3,2 millones.
El debate
El proyecto, que ya contaba con media sanción de Diputados, fue votado por unanimidad: recibió 49 votos positivos. Tal como se esperaba, el tratamiento fue ágil y todos los senadores coincidieron en el valor positivo de la iniciativa.
“Los trabajadores vinieron aquí no a pedir un plan o un empleo público, sino a garantizar sus derechos y su dignidad”, sostuvo el senador del Frente para la Victoria Juan Manuel Abal Medina, uno de los principales promotores de la iniciativa. El senador leyó además unos párrafos de la carta escrita por el colectivo de curas villeros en respaldo de la ley de Emergencia Social. “En 1974 la Argentina tenía 4% de pobreza y hoy tiene 32%. Hay que trabajar sobre las condiciones que la produjeron. Mientras tanto, vemos necesario apoyar la ley de Emergencia Social. Esta puede ser una buena medida para que mucha gente llegue a fin de mes”, fue uno de los fragmentos citados.
A su turno, el radical Luis Naidenoff, resaltó que vio en la calle “mucha alegría de un sector que va a institucionalizar a través de la ley un consejo de le economía popular con la idea de saltar de la transitoriedad de un plan social a un salarios social complementario”. De todos modos, aclaró que “tampoco se tiene que festejar una prórroga de una emergencia porque es una expresión del arrastre de una crisis”.
El senador Miguel Angel Pichetto, por su parte, aprovechó la ocasión para hacer una severa crítica a la política económica del Gobierno, a quien acusó de no dominar las “herramientas básicas” del sistema, pero valoró “la actitud actitud y el trabajo de ministra Stanley en este momento difícil de la Argentina.
