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Un Presupuesto costoso y negociado

23 diciembre de 2016

La Legislatura bonaerense aprobó durante la madrugada de ayer el Presupuesto 2017 y la Ley Impositiva enviados por el gobierno provincial, aunque con cambios clave pedidos por la oposición y los intendentes de la provincia. En búsqueda de consensos, el gobierno de María Eugenia Vidal debió resignar recursos de las arcas provinciales para engrosar las comunales.

“Las negociaciones decididamente enriquecieron el proyecto”, aseguró, no obstante, el ministro de Economía de la provincia, Hernán Lacunza. “Sea a través de obra provincial o de ejecución de cada comuna, el objetivo de la gobernadora es que esas obras le mejoren la vida a las familias de la provincia”, sostuvo en un comunicado de prensa. Además, destacó que los cambios en materia de impuestos contribuirán a hacer de la estructura impositiva “más progresiva y menos distorsiva”.

Los detalles

El Presupuesto sancionado prevé gastos por $ 522.602 M, una cifra 47% mayor a lo previsto para 2016, e ingresos que crecen 27%, de $ 354.244 M autorizado para este año a $ 488.829 M para el próximo. Como consecuencia de ello, se deriva un déficit de $ 12.125 M que, sumado al déficit financiero de $ 34.773 M llevan a $ 52.000 M las necesidades de endeudamiento.

En ese sentido, la ley sancionada habilita al Ejecutivo provincial a tomar créditos por hasta $ 59.500 M, una cifra mucho menor a los $ 90.000 M que pidió el oficialismo en un principio, pero que chocó con la oposición del peronismo. El número final, en tanto, será similar en pesos a los 60.000 M contemplados para 2016, aunque mucho menor en dólares dada la evolución del tipo de cambio en los últimos doce meses.

De esos fondos, $ 51.000 M estarán destinados al financiamiento de obras, mientras que los $ 8.500 M restantes serán coparticipados a los municipios, una de las exigencias que consiguieron plasmar en el proyecto final los intendentes. Una reedición del fondo de $ 7.000 M convenido para el Presupuesto 2016, al que se suman $ 1.500 M no ejecutados este año. Un tercio de esos fondos (unos $ 2.833 M) se girarán en marzo, mientras que el 70% restante (cerca de $ 5.950 M) se irán girando a partir de 11,4% de cada endeudamiento que tome la provincia.

En ese sentido, el senador provincial peronista Patricio García destacó la creación de ese fondo el año pasado y que se haya continuado esta vez. “Más allá de las diferencias, acompañamos este Presupuesto por la continuidad de esa idea exitosa que tuvieron nuestros jefes comunales”, manifestó y celebró que se le pusieron “límites y condiciones” al proyecto original del oficialismo.

Asimismo, el gobierno bonaerense destinará 20% de fondos adicionales a los municipios, cerca de $ 70.000 M, en concepto de coparticipación, y alrededor de $ 350 M que recibirán por cobrar las patentes a autos de más de diez años y la misma proporción del impuesto a las embarcaciones deportivas, una disposición que beneficia especialmente a los municipios de San Isidro y San Fernando, gobernados por Gustavo Posse (Cambiemos) y el massista Luis Andreotti, respectivamente.

Otro punto relevante en el Presupuesto 2017 serán las obras. La ley de leyes prevé un incremento de $ 43.800 M en fondos para infraestructura, lo que significa un aumento de 70% respecto de lo presupuestado para este año y es cuatro veces lo ejecutado en 2015, llevando la inversión de capital a representar 8,4% de las erogaciones frente al 6,3% de este año y 3,7% del anterior. Esta inversión, explica la ley, tendrá como objetivo principal ejecutar un plan de obras con 826 proyectos, de los cuales 442 son nuevas y que insumirán $ 13.042 M y crearán más de 110.000 puestos de trabajo durante 2017. “Este Presupuesto será una herramienta para hacer obras y crear trabajo en 2017”, destacó Lacunza, al respecto. En materia laboral, además, la ley prevé una suba salarial para empleados públicos bonaerenses de 17%, en línea con la inflación proyectada por el Gobierno Nacional.

Ley impositiva

En simultáneo con la Ley de Presupuesto, se sancionó también la Ley Impositiva 2017, que contempla, entre otras cosas, un aumento del 36% en los impuestos al inmobiliario urbano y rural y una suba de 1% a 3% en el impuesto a los Sellos para la compra de autos cero kilómetro, así como una baja de los Ingresos Brutos a aquellos comerciantes que facturen hasta $ 1,3 M, que se estima que son cerca de 120.000, y se instala una tasa de ingreso en casinos y bingos de 20 pesos coparticipables y un aumento en la alícuota a los Ingresos Brutos para los bingos.

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