por Matías Carugati (*)
El Gobierno sufrió una derrota inesperada en el Congreso. La oposición rechazó el proyecto oficial para la reforma del Impuesto a las Ganancias y consensuó un texto común. El Gobierno confiaba en que las concesiones insertadas a su proyecto atraerían algunos votos y que los gobernadores restarían apoyo a la postura de la oposición, más generosa con los contribuyentes y perjudicial para los ingresos públicos (incluyendo los de las provincias). Nada de ello ocurrió. De todos modos, el daño aún no está hecho ya que falta un largo camino hasta que el proyecto se transforme en ley. En términos futboleros, el oficialismo finalizó la mitad del partido perdiendo 1-0. Todavía falta el segundo tiempo (Senado) y el tiempo adicional (veto presidencial).
Los números
La propuesta de la oposición es más generosa con el contribuyente que la del Gobierno. Concretamente, el Mínimo No Imponible (MNI) de un trabajador soltero (casado con dos hijos) pasaría de los $ 22.747 mensuales ($ 30.121) a $ 33.500 ($ 44.000) frente a los $ 26.610 ($ 32.519) que ofrecía el oficialismo. Además, el proyecto actualiza las deducciones, incorpora deducciones por alquiler de vivienda única y por el pago de estudios para los hijos y excluye de pagar impuestos al aguinaldo, las horas extra y el plus de productividad. El MNI, que era de los más altos del mundo, aumentaría aún más de ser aprobado el proyecto y la carga tributaria efectiva se reduciría sustancialmente. Por si fuera poco, todos los valores se actualizarían automáticamente. Para mitigar el impacto fiscal, el proyecto prevé gravar el juego y las apuestas online, la renta financiera, la minería, los dividendos y los inmuebles improductivos.
Más allá del costo
La polémica por el proyecto excede el costo fiscal. Para arrancar, el cálculo de la ganancia neta sujeta a impuesto es incierto porque la fórmula de progresividad establecida para las deducciones no es clara. Asimismo, algunas deducciones son de difícil control por parte de la AFIP (ejemplo: que las horas de trabajo normal no se pasen como extras o plus por productividad). Y se proponen distintas formas de actualización para las deducciones y escalas. Respecto a los impuestos que plantea el proyecto, algunos son de dudosa constitucionalidad (dólar futuro), otros son potencialmente dañinos para la economía (impuestos sobre plazos fijos y Lebac, retenciones a la minería) y de la mayoría se desconoce el potencial recaudatorio.
El resultado de la votación en Diputados es la suma de varias cuestiones. En primer lugar, de un Congreso sin mayorías. Cualquier proyecto que busque la media sanción en la Cámara Baja precisa del apoyo de varios bloques, con lo cual la flexibilidad es clave para una articulación exitosa. Endurecer su postura quitó margen de maniobra al oficialismo y logró unificar, al menos por un día, al peronismo legislativo. En segundo lugar, hubo una buena dosis de oportunismo político por parte de la oposición. La reforma previa al Impuesto a las Ganancias fue incompleta y el Gobierno se demoró más de la cuenta en reformar las escalas. La oposición no dejó pasar la chance y cruzó a Cambiemos con una de sus propias promesas. En tercer lugar, la media sanción es la última muestra de que la carrera electoral ya comenzó. Si el Gobierno se vio sorprendido por el resultado de la votación es porque no leyó las señales de alerta de una oposición menos colaborativa y dispuesta a tomar la iniciativa (como en el caso de la ley de emergencia social).
La batalla y la guerra
De cualquier manera, no todo está perdido para el Gobierno. El proyecto con media sanción ahora pasará al Senado, donde entrarán en juego los gobernadores. Ellos deberán calcular cuánto pierden por la modificación del Impuesto a las Ganancias y cuánto recuperan con los nuevos tributos que plantea el proyecto de ley. Algunas provincias también tendrán que evaluar el riesgo para sus economías de la reimposición de las retenciones a la minería. Los senadores tienen varias alternativas: pueden dar sanción definitiva al proyecto, devolverlo a Diputados con modificaciones o rechazarlo. Si el Gobierno quisiera frenar la iniciativa en esta instancia deberá hacer un trabajo político muy fino, ya que apenas cuenta con 15 senadores propios.
En última instancia, el Presidente tiene facultades para frenar la reforma de la oposición. No puede modificar el texto de la ley pero sí puede vetar total o parcialmente su contenido. En ese caso, se requiere la aprobación de los dos tercios de cada Cámara para confirmar la ley o, de lo contrario, se mantiene el veto. Lo que resulta claro es que algún costo va a pagar por frenar la iniciativa de la oposición. En política, al igual que en economía, no hay almuerzo gratis.
(*) Economista jefe de Management & Fit.
