por Ignacio E. Carballo (*), Franco Sacchetta (**) y Martín Acosta (***)
En 2004, la gestión anterior ponía en marcha el denominado Plan Energético Nacional (PEN), eque sostenía en sus raíces la necesidad de ubicar la energía al servicio del desarrollo industrial y la calidad de vida de la población. Esto implicaba como principal desafío diversificar la matriz energética nacional, donde la dependencia de hidrocarburos en la producción es alarmante (explican casi el 85% de la oferta energética local). En ese sentido, el PEN diagramó, entre otras cosas, el Plan de Reactivación Nuclear con el afán de recuperar la generación nucleoeléctrica del país.
Nos referimos a recuperación nucleoeléctrica puesto que a partir de 1984 se gesta un proceso de vaciamiento en toda la cadena de producción que comprende a la industria nuclear. Basta recordar lo sucedido con el ambicioso Plan Nuclear Argentino aprobado por el decreto Nº 302/79 en febrero de 1979 que proyectaba la construcción de cuatro centrales nucleares de 600 MW de potencia, cuya primer central debía estar terminada para 1987 y la última construcción estaba prevista para 1997.
Si bien este decreto fue muy importante pues brindaba de sustento jurídico a la iniciativa de consolidación de un plan nuclear, ya reducía en dos la cantidad de centrales nucleares planificadas por la Secretaría de Estado de Energía en el denominado Plan de Equipamiento Eléctrico Nacional en 1977 (que comprendía la construcción de seis centrales). A su vez, la construcción de la primera central que comenzó en 1980 (Atucha II) no fue terminada y puesta en operación hasta 2014. Esto da las pautas que, a pesar de contar con un decreto y respaldo por las puestas en marcha y funcionamiento de Atucha I (1974) y Embalse (1983), el programa nuclear comenzó a declinar a partir de 1984.
Este proceso de declive que comprendió más de veinte años de vaciamiento de la industria nuclear, implicó que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) quedara relegada principalmente a proyectos de investigación científica y determinó la creación de Nucleoeléctrica Argentina S.A. en 1994 como principal actor del sector. Finalmente, enmarcado en el PEN, surge el Plan de Reactivación Nuclear en 2006 buscando desarrollar nuevos proyectos y reactivar antiguos fijados en el mencionado decreto N° 302/79 pero que habían sido interrumpidos durante el proceso de vaciamiento.
Entre otras cosas, el plan comprendió la mencionada finalización y puesta en marcha de la Central Nuclear Atucha II, sincronizada a la red eléctrica en junio de 2014. También implicó la implementación del Proyecto Carem-25, que está gestionado por la Comisión Nacional de Energía Atómica y tendrá capacidad de generar 27 MW (lo que equivale a producir energía eléctrica para aproximadamente 100.000 habitantes). A su vez, proyectó la construcción de las nuevas Centrales Nucleares IV y V, donde la primera comprende una planta nuclear con reactor de tipo Candu (similar a la Central de Embalse) y la segunda una central nuclear de potencia con tecnología de uranio levemente enriquecido y agua liviana.
Un hito a destacar del Plan de Reactivación Nuclear fue comenzar con el ambicioso Proyecto de Extensión de Vida de la Central Nuclear de Embalse, el cual comprende la salida de servicio por dos años a los fines de realizar las tareas críticas que permitirán prolongar su vida útil. Nucleoeléctrica Argentina S.A. se encuentra llevando a cabo este proyecto, el cual contempla como tareas principales el cambio de los tubos de presión, los generadores de vapor, las computadoras de proceso y la repotenciación de la planta que pasará de generar 648 MW a 683 MW.
Actualmente, se encuentra en ejecución la fase tres y corresponde a uno de los proyectos más importantes de obra pública a nivel nacional. Gracias a él, la Central podrá estar operativa por otros 30 años y sustituiría el consumo de aproximadamente 1.000 millones de metros cúbicos de gas natural por año sin emitir gases de efecto invernadero.
En conclusión, se torna necesario dar continuidad y profundizar a este proceso durante los años venideros. Promover la política nuclear de largo plazo implicaría una creciente demanda, participación y desarrollo tanto de proveedores locales como de técnicos e ingenieros argentinos. Para más, haría esperar una participación creciente de la generación nucleoeléctrica en la matriz energética nacional, reduciendo así la férrea dependencia hidrocarburífera que azota a la política energética argentina.
(*) Universidad Autónoma de Madrid, UBA y CITRA-CONICET
(**) Universidad Nacional de Córdoba y UBA
(***) UBA
Las opiniones aquí expresadas corresponden a los autores y no comprometen aquellas de las instituciones que representan.
