por Santiago Hermo (*)
En los últimos años se han observado viajes de argentinos hacia países vecinos en busca de productos que, en nuestro país, resultan excesivamente caros. Este fenómeno suele relacionarse con la alta protección a algunos sectores de la economía que, dado que disponen de un mercado cautivo, no tienen incentivos a innovar. A su vez, empresas poco competitivas demandan más protección y los precios permanecen altos. ¿Es posible salir de este círculo vicioso?
Larga data
Este problema no es nuevo, y nuestro país lo ha padecido con frecuencia. Las empresas suelen ser protegidas con el argumento de que son “nacientes” y que, si se las protege durante algún tiempo, luego serán competitivas. Así, la baja competencia les permite subir el precio de su producto más allá del precio internacional. Pero las innovaciones nunca se producen y la competitividad de las empresas no mejora. Los políticos no suelen bajar la protección dado que, en el corto plazo, afecta negativamente sus posibilidades en la próxima elección. Como consecuencia, los mercados cerrados continúan, haciendo ricos a unos pocos a costa de los consumidores.
Por supuesto, no todas las empresas son poco competitivas, ni el único factor que determina los altos precios es la protección. La elevada presión impositiva -estimada en 50% para los autos 0 kilómetro o 25% para un textil-, los costos financieros -se ha discutido recientemente en el Congreso la baja en las comisiones de tarjetas de crédito? y los costos de transporte, entre otros, también juegan un rol importante. A esto se agrega la usual incertidumbre macroeconómica de nuestro país, que lleva a los inversores a exigir una mayor rentabilidad que compense el alto riesgo.
El debate
¿No sería deseable tener una economía más abierta, en la cual los consumidores puedan acceder a productos más baratos y de mejor calidad, y los trabajadores puedan desempeñarse en sectores de mayor competitividad internacional? Ese país beneficiaría a los consumidores, ya que los precios de los productos que consumen serán menores, lo que aumentará su ingreso disponible. Pero también beneficiaría a los trabajadores. Una mejora en la competitividad de la economía implica trabajadores más productivos y, por ende, salarios mayores.
La transición a esa escena final con mayor apertura y mejores ingresos no es para nada sencilla. Abrir la economía de “shock”, sobre todo en el corto plazo, resulta muy riesgoso. Luego de la apertura algunos sectores se expandirán, y otros se contraerán. Esto implica cambios en la situación laboral de muchos trabajadores, que pueden implicar una suba en el desempleo. Una buena estrategia de apertura debería minimizar estos costos sociales.
Algunas ideas
Descartado el shock, la apertura podría realizarse gradualmente. Esto daría tiempo al sector privado para procesar la transición con mayor facilidad. Algunas empresas deberán invertir fuertemente para continuar siendo. Otras dejarán de serlo competitivas, pero lo sabrán con antelación. El gradualismo permitirá que se tomen mejores decisiones, y que la transformación productiva sea menos costosa. Acompañar esa apertura con una baja de impuestos y costos financieros, sumado a una mayor estabilidad macroeconómica, podría facilitar la transición. Incluso podría implicar un mayor crecimiento en el corto plazo si otros factores acompañan (como credibilidad o condiciones externas favorables).
Pero esta estrategia enfrenta un grave problema. Quienes deben llevarla a cabo son personas de carne y hueso, como nosotros (aunque sujetos a las presiones habituales de un funcionario público). Ellos toman decisiones que no siempre piensan en el mediano plazo, sino más bien en evitar ese conflicto que amenaza las próximas elecciones. Por lo tanto, sus anuncios no suelen ser del todo creíbles. Como suelen decir los economistas, la estrategia de apertura gradual es inconsistente en el tiempo. Veamos por qué.
Un caso típico
Supongamos que el Gobierno sugiere hoy que abrirá tal sector de la economía en, digamos, julio del 2017. Pasa el tiempo y llega el momento de cumplir la promesa. Los empresarios afectados por la apertura hacen lobby, los trabajadores de la empresa salen en televisión y reclaman. Hay marchas. Ante las presiones, el Gobierno decide posponer la apertura, pensando en las próximas elecciones. ¿Les suena? Puesto que al Gobierno no le conviene tomar la acción previamente anunciada, su plan sufre de inconsistencia temporal. Las empresas, anticipando que sucederá esto, no invertirán. Como resultado, la competitividad de la economía no mejorará, la apertura de la economía no se producirá y los precios seguirán siendo altos.
Los anuncios de política monetaria del BCRA sufren el mismo problema, por lo que su credibilidad es limitada. ¿Cómo se solucionó en el resto del mundo? Básicamente, con un banco central independiente comprometido en cuidar el valor de la moneda. Si el banquero central anuncia que la inflación será de 5%, y logra su meta, aumenta su credibilidad. De esta forma, cuando el banquero central realiza un anuncio, el sector privado actúa considerando que ese anuncio se volverá realidad, y se obtiene un mejor desempeño macroeconómico y una mayor estabilidad.
¿Metas de apertura?
¿No podría el Gobierno realizar un plan similar? Se deberían anunciar públicamente “metas de apertura”, que estipulen cuando y en qué proporción se abrirá cada sector de la economía. De ser posible, que se discuta una ley en el Congreso para darles credibilidad. O incluso mejor, que se cree un organismo independiente del Poder Ejecutivo, encargado de hacer cumplir esas metas. De esta forma se podría evitar la inconsistencia temporal, y salir del círculo vicioso que no nos permite pensar más allá del próximo trimestre.
El Gobierno anunció, para marzo de 2017, la eliminación del arancel para importar notebooks. Lejos de ser un compromiso con la apertura gradual se trata al menos de un comienzo. ¿Es creíble? Una pista está en una reciente publicación del economista Eduardo Levy Yeyati en Twitter. Se trata de una imagen que, bajo el título “Reconversión en marcha”, muestra pescado que recibió de una ensambladora fueguina. Si se concreta la apertura de este sector, futuros anuncios serán aún más efectivos en incentivar la inversión productiva y la competitividad.
Asimismo, el Gobierno busca impulsar un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que incluiría un cronograma de apertura gradual. La firma de este acuerdo implicaría un fuerte compromiso. Se trata de un paso en la dirección planteada en estas líneas, dando gradualismo y credibilidad a la apertura, de forma tal que las empresas puedan reaccionar adecuadamente. Si los empresarios consideran que la apertura es inevitable, realizarán las inversiones necesarias para mejorar su competitividad, y la transición será menos costosa.
Una apertura inteligente de la economía, sumada a bajas impositivas, estabilización macroeconómica, y otras reformas que aumenten la competitividad de nuestras empresas, puede mejorar significativamente el bienestar de los argentinos, crear empleo y reducir la pobreza. Ya es hora de recorrer ese camino.
(*) Economista.
