¿Calcularon las consecuencias?

2 de diciembre, 2016

¿Calcularon las consecuencias?

 

por Carlos Leyba

 

La Asociación Empresaria Argentina (AEA) realizó el primer encuentro de una serie que abarcará la inversión para el desarrollo. Gracias a la elección de oradores y organización de los paneles, su presidente –el economista Jaime Campos– logró que se siembren algunas semillas para un debate profundo. No es habitual en estos encuentros. No se toma el riesgo de sembrar. Práctica letal en un país con muchos recursos y pocas ideas.

 

Un tema clave

 

La energía es uno de nuestros graves problemas. Somos importadores netos y la elasticidad importadora al crecimiento es grande, y el crecimiento está condicionado a la poca disponibilidad de energía.

 

Sin embargo, tenemos, probablemente, la segunda reserva mundial de gas no convencional. Disponemos de recursos hídricos suficientes como para generar un aporte en energías limpias. Nuestros corredores de viento son únicos en el mundo para aprovechar la energía eólica y nuestro territorio bañado por una radiación solar extraordinaria nos garantiza un futuro protagónico en energía solar.

 

Además, con hidrocarburos en la plataforma marítima y con expectativas optimistas deberíamos agregar –a largo plazo– lo que las Islas Malvinas pueden brindar. Finalmente, aunque no goza de muchos entusiastas, en hidrocarburos convencionaleshaymuchoporexplorar. Elpotencial energético es gigantesco.

 

Por otro, lado disponemos de potencial en la industria de la generación. Recursos primarios como el litio y capacidades para la instalación y generación de la energía hidráulica y en la industria eólica y solar.

 

El potencial

 

Estas dos “dimensiones de la oportunidad”, recurso primario y cadena de valor hacía atrás en la generación, están asociadas a dos conceptos de política económica distintos y enfrentados.

 

De un lado, los “extractivistas” que apuestan a la conveniencia y viabilidad de un modelo “desintegrado”. Es la propuesta de extraer los recursos aceptando o promoviendo que “la valoración productiva” del recurso se realice basada en la eficiencia de equipos importados y financiamiento de proveedores. Es la visión dominante que explica la desindustrialización y el vaciamiento territorial de la Argentina.

 

Enfoque inconveniente por la pérdida de valor agregado potencial, presente y futuro, que además contribuye a conformar la “economía para la deuda”. Esa “economía” hace que cada siete o diez años –dependiendo de la situación financiera internacional– soportemos una crisis con caídas abismales del PIB, pérdida de actividades, desempleo e incremento de la pobreza estructural. Después de cada crisis recuperamos el nivel de actividad y parcialmente el nivel de empleo. Pero la pérdida de actividades y el incremento de la pobreza han resultado irreversibles. Es la experiencia de los últimos cuarenta años.

 

Del otro lado están los “integradores”, que sostienen la viabilidad y conveniencia de aprovechar la “extracción” para desarrollar la cadena de valor hacia atrás. Es decir, desarrollar la industria proveedora de la extracción.

 

El concepto integrador propone mayorvaloragregado, nuevasactividadesyempleosyunaporte, primero indirecto, al equilibro del balance comercial. Se trata de la única manera de alejarse de la crisis al desplazar la tendencia a la “economía para la deuda”. Ambos planteos estuvieron presentes en este seminario.

 

¿Qué haremos?

 

El problemático presente energético es consecuencia de no haber hecho nada racional durante muchos años y particularmente durante los últimos doce.

 

Doce años sin exploración en hidrocarburos ni avances en energías renovables provocaron el déficit energético que sufrimos. Lo habitual es atribuir el déficit a las equivocadas señales de precio que, mientras alentaban un consumo dispendioso subsidiado, cancelaban las señales apropiadas para la inversión. Ese planteo del debate es, como mínimo, incompleto.

 

Durante doce años la producción de gas y petróleo cayeron y las reservas declaradas se mantuvieron constantes. El Gobierno y las provincias cedieron la definición estratégica a manos de los empresarios del sector.

 

Pero la reducción de las reservas es responsabilidad exclusiva, valga la redundancia, de los responsables de la política energética. El primer punto es no haber actuado en el sistema sobre la base que el mismo, en todos los casos, es uno de concesiones de la extracción de bienes de propiedad pública y los concesionarios, cuando la política pública obedece a criterios estratégicos, deben ser obligados a reponer las reservas recibidas y a realizar las inversiones necesarias y en caso de no estar en condiciones de hacerlo devolver las concesiones.

 

El tema “precios”

 

Por cierto que esas explotaciones y las inversiones deben responder al criterio de costos más utilidad razonable. Pero no se trata de bienes privados que se puedan acumular reduciendo la oferta necesaria para el funcionamiento de la economía y obligando así a importar para obtener un “precio de referencia” más alto o en el caso que esa situación sea inconveniente, obligando a un subsidio.

 

El primer caso es el del gas y el segundo el del petróleo. Ambas “conquistas” de los concesionarios fueron instaladas por Axel Kicillof y continuadas por Juan J. Aranguren. La diferencia es que Aranguren “confesó” que “no sabe” cuál es el costo promedio del gas en boca de pozo y que, además, no piensa averiguarlo, y menos darlo a conocer, mientras que a Kicillof nadie se “animó” a preguntárselo aunque, como enelcasodelapobreza, seguramente habría respondido que no iba a “estigmatizar” a los petroleros.

 

Lo cierto es que se trata de bienes de propiedad pública, y más allá del marco legal negociado durante el menemismo y ratificado por el kirchnerismo, no cabe duda que existían y existen instrumentos para que esos bienes estratégicos se pongan a disposición de la sociedad de manera adecuada. No pasó durante los últimos años (incluidos los doce del kirchnerismo).

 

El problema energético no es la falta de recursos sino el desvío de la política que renunció a ejecutar una estrategia de desarrollo en la materia. No es un problema de precios. Los precios son una herramienta. Es un problema de concepción política.

 

En esto de “precios” lo primero que un estratega debe saber es cuáles son los costos. Los internacionales comparados están años luz por abajo de los precios que pretenden los concesionarios locales y los funcionarios. Y los datos (Informe Financiero a la SEC 2015 de YPF) de los costos locales son indicios de que, en realidad, en dólares, nuestros costos no están tan alejados de los que rigen en las cuencas de otros países. Claro que trabajarlainformaciónesmuydifícil cuando los concesionarios y los funcionarios ab initio tienen, para decirlo de alguna manera, los mismos prejuicios.

 

Las posiciones

 

Volvamos al seminario de AEA para rastrear la polémica implícita entre extractivistas e integrados y las semillas lanzadas al voleo.

 

Paolo Rocca, Enrique Pescarmona y Alberto Hojman iluminaron el debate. Los tres, más allá de su vinculación con el mundo energético, son industriales de larga tradición. Dos de los tres han validado sus capacidades empresarias en el exterior más allá de las exportaciones que (esta vez los tres) –en un país plagado de dificultades e incertidumbres para los exportadores industriales– han demostrado, como se acostumbra a decir ahora, su capacidad competitiva.

 

Como todos sabemos, los productores primarios, que gozan de las ventajas comparativas de ese sector en la economía mundial, comparten con amplios sectores de la política nacional –y particularmente de nuestro gremio de los economistas– la idea que los empresarios industriales son por naturaleza ineficientes, prebendarios y fracasados. La izquierda coincide.

 

Los progresistas vernáculos sostienen que “no hay burguesía nacional” y convergen todos en el argumento de Juan B. Justo (1905) que lo importado es mejor y mas barato: es el discurso “extractivistas”. Del lado “integrador”, la mejor expresión es la de Carlos Pellegrini (1905): “Sin industria no hay Nación”. En esa polémica seguimos.

 

Rocca lo dijo con toda claridad: el precio de la energía para la industria, el campo y la producción no puede ser uno que la saque de la competencia en los mercados externos y en el mercado local con los bienes importados.

 

Concedió o afirmó que la extracción en Vaca Muerta necesitaba el precio que el Gobierno ya había anunciado (US$ 7 por millón de BTU). Tal vez crea que insistir en cuál es el costo real sea una batalla inútil.

 

Pero puso en claro que con la política energética se juega la supervivencia de la industria la que, en todo caso, no debe pagar la “ineficiencia” delaindustriaextractiva.“Sinindustria no hay Nación”. Señaló el límite de precio para que la producción local exista: US$ 2-3.

 

Pescarmona, ninguneado por algunas expresiones poco felices, sostuvo que el país no sólo está en condiciones de desarrollar las industrias para la explotación de las energías renovables, sino que éstas industrias pueden ser “polo de desarrollo” tecnológico y regional y también las claves de la transformación de la estructura social en proceso de destrucción por la escandalosa pobreza.

 

Tuvo la claridad de señalar la necesidad de una política estas nuevas industrias para, con el entrenamiento previo indispensable, generar la capacidad de empleo de un porcentaje sustantivo de nuestros jóvenes nacidos y criados en la pobreza. “El 17% de los jóvenes no estudia, no trabaja y no busca empleo”.

 

Finalmente, Hojman introdujo la propuesta de transformar el sistema mediante el incremento de la eficiencia energética que podría ahorrar 15% en forma inmediata mediante el uso de nuevos equipamientos en los ámbitos públicos y privados: un impacto productivo en la renovación del equipamiento o la integración de la cadena de valor hacia delante de la generación.

 

¿Y entonces?

 

Estas tres presentaciones sumadas sugieren la conformación de un programa “integrador”: aprovechar el desarrollo de los recursos para desarrollar las cadenas de valor hacia atrás y hacia delante. La otra oportunidad.

 

Aranguren le contestó a los “integradores” con su visión “extractivista”: no cree que los precios deban contemplar la condición competitiva de la industria. Si ese es el programa “extractivista”, ¿habrán calculado las consecuencias desintegradoras ?