¿Apertura comercial para todos y todas?

14 de diciembre, 2016

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por Pablo Mira (*)

 

Los exabruptos proteccionistas de Donald Trump asustaron a la enorme mayoría de los economistas. Se teme que estas actitudes disparen una guerra comercial que desencadene una sucesión de devaluaciones “para perjudicar al vecino” o una estructura de comercio mundial con aranceles más elevados, que desemboquen en menores intercambios y también menor bienestar global.

 

La visión tradicional que favorece el libre comercio es la teoría de la ventaja comparativa, y es de las más antiguas (y brillantes) de la economía. No nos extenderemos aquí sobre su funcionamiento, pero baste recordar que esta teoría asegura que, si se cumplen una serie de supuestos, el libre comercio debería beneficiar a todo el mundo.

 

Pero, como dijimos, para que esto ocurra deben cumplirse algunas hipótesis de partida, algunas bastante más exigentes que otras. En mi opinión, uno de los supuestos clave es la movilidad sin costo de las fuerzas productivas. Aclaro: la apertura produce una reasignación de recursos entre actividades, ya que ingresan al país productos relativamente más competitivos en algunas ramas productivas, lo que ocasionará pérdida de empleo y de ganancias en ese sector, que solo se recuperarán si esos recursos se desplazan hacia las actividades que ganan con la apertura: aquellas para las que somos relativamente más competitivos.

 

Este es un supuesto típico de “largo plazo” en el sentido de que, tarde o temprano, esta movilidad deberá ocurrir si los agentes son racionales y no les gusta perder plata. ¿Pero qué sucede si el largo plazo es verdaderamente largo y solo llega, digamos, en 15 o 20 años? La respuesta es sencilla, una generación completa dedicada a las actividades amenazadas la pasarán muy mal. Y hablo aquí de trabajadores y empresarios por igual. ¿Pero por qué el ajuste puede tardar tanto tiempo?

 

Ante la amenaza extranjera, empleados y empleadores del sector afectado enfrentan un dilema entre permanecer en la actividad y ganar menos, o echar a perder un enorme costo hundido: dedicaron la mayor parte de su vida a especializarse en una actividad que ahora será reemplazada por la competencia externa. En algunos rubros la transición no será dramática: si se alquila un comercio a la calle, bastará con cambiar el proveedor. Pero el trauma es mucho mayor en los productores de bienes (justamente los transables), porque la especificidad productiva en estos sectores es mucho mayor. Y ni hablar si la apertura es tal que obliga a modificar la propia estructura productiva: si el libre comercio obliga a especializarse en la agricultura y dejar la industria, millones de personas deberán relocalizarse y aprender un juego completamente nuevo. Los economistas, mientras tanto, se quedan muy tranquilos analizando estos cambios, sin que el libre comercio afecte mínimamente su profesión.

 

Una alternativa que tienen algunos empresarios para no perder ese costo hundido es el de pasar de ser productores a ser importadores del producto en el que se especializaron. Pero esta es una decisión con consecuencias negativas duraderas para la economía nacional. Además de despedir a buena parte de sus empleados, el nuevo importador se encuentra en una situación transitoriamente favorable, ya que al importar se evita ahora los enormes costos económicos y psicológicos de los conflictos con sus empleados, con los sindicatos, y con la AFIP. Producir es una actividad infinitamente más riesgosa y problemática que importar, y estos riesgos extra suelen compensarse con ventajas dinámicas de crecimiento en el mediano plazo, una de las claves para el desarrollo.

 

No estoy sugiriendo aquí que toda actividad económica deba ser protegida ante la competencia externa. Solo digo que la idea de que la apertura comercial beneficia a todos de manera inmediata es apresurada. Hay razones sobradas para explicar, al menos en un país como Argentina, las reacciones negativas a estas políticas. Lo que se requiere, como en todo dilema de política económica, es más y mejor análisis de las consecuencias de las políticas implementadas, no la adopción ciega de posiciones teóricas con supuestos dudosos.

 

(*) Economista