por Martín Kalos (*)
El problema es histórico: la mayor parte de las empresas argentinas no logra ser competitiva a nivel internacional en forma estable, excepto los sectores que usufructúan la enorme riqueza de los suelos y subsuelos argentinos (agropecuario, minero e hidrocarburífero a la cabeza)
¿Salarios?
En primer lugar, muchos empresarios culpan a los salarios, los más altos de la región en dólares. En ese sentido, agradecen la caída de casi 15% del salario real en el último año, incluso si es el nudo del mayor problema político que enfrenta el Gobierno con miras a las elecciones de 2017: implica problemas entre los trabajadores para llegar a fin de mes (en una Argentina que desde hace cuarenta años sufre salarios reales cada vez menores y que ya arrastraba demasiada pobreza y exclusión social) y menores ventas para las empresas volcadas al mercado interno. Pero los menores costos laborales no alcanzan para ser competitivos.
¿Demasiados impuestos?
En segundo término, apuntan a la presión fiscal de casi 40% del PIB, que impacta en mayor proporción sobre las grandes empresas que no pueden evadir (aunque sí eludir, legalmente) los controles fiscales tan fácilmente como sí lo hace un tercio de los actores económicos del país, y a los innecesariamente complicados trámites que con buen tino el Gobierno actual está intentando simplificar. Sin embargo, aceptan que el Estado debe tener los ingresos suficientes para no sólo paliar los conflictos sociales que genera la regresiva distribución del ingreso sino también desarrollar infraestructura e incluso algunos negocios que por distintos motivos no son de interés para el sector privado, como es el caso de muchas contratistas de empresas estatales.
¿Y la tecnología?
Pero en general no se menciona la baja productividad que tiene la tecnología con la que se elaboran mercancías en el país. Esa escasa productividad se evidencia en la importación de máquinas y equipos considerados obsoletos en el extranjero: entre los concesionarios de servicios públicos, los vagones chinos comprados por el Estado para el subte porteño es un ejemplo claro. En la extracción minera e hidrocarburífera, las empresas privadas suelen dar nueva vida a maquinarias que ya no cumplen con los requisitos ambientales y de costos en los países desarrollados. Esto ya implica que producen a costos más elevados.
Sin embargo, encuentran formas de compensar esas pérdidas de productividad: por ejemplo, apropiándose de las ganancias extra derivadas de los menores costos de extracción de los recursos naturales. Esto no ocurre sólo en las empresas de producción primaria o que industrializan esas commodities. Parte de esos recursos es transferida a otros sectores, por ejemplo a través del cobro de impuestos a las exportaciones agropecuarias o de un tipo de cambio que favorece a algún sector industrial; aunque en el último año, al reducir retenciones y devaluar a la vez, se hayan transferido en el sentido contrario alrededor de $ 120.000 millones que antes hubiera recaudado el Estado y este año son una ganancia extra para las empresas agroexportadoras. Ese dinero puede reorientarse luego hacia los sectores que desean favorecerse. Pero su existencia, a lo largo de la Historia argentina, ha reducido los incentivos para obtener una mayor productividad.
Este desinterés se observa también en la escasa inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) de nuevos procesos, tecnologías y productos. Desde el sector público, el Presupuesto asignado a ciencia y técnica nunca superó el 0,8% del PIB. Más aún, en estos días se está produciendo un amplio reclamo por su merma en el Presupuesto propuesto para 2017 que, lejos de la retórica oficial de elevarlo al 1,5% del PIB, la reduce al 0,59% del PIB (y ojalá sea corregido por el Congreso antes de aprobar la ley). En comparación, Corea del Sur destina el 4,3% de su PIB, Israel y Alemania 4,1%, Japón 3,6% y Finlandia y Suecia 3,2% de sus PIB a I+D, según datos a 2014 del Banco Mundial para algunos de los países que lideran el desarrollo productivo a nivel mundial.
Como se suele decir, la mayor riqueza argentina está en sus suelos: en el campo, en el petróleo y gas, en las minas. Pero esa riqueza no queda sólo en las empresas de esos rubros, sino que los demás sectores también se la apropian para compensar su menor productividad. En definitiva, toda la Historia argentina como Nación soberana se puede entender como la disputa respecto de a quién se orientan las políticas de redistribución de esa fuente de riqueza, donde las políticas públicas en cada sentido son clave para definir ganadores y perdedores de cada etapa.
(*) Director de EPyCA Consultores @martinkalos
