El diputado provincial en Santa Fe, Rubén Giustiani, dio a conocer ayer las primeras conclusiones que surgen del análisis del contrato de YPF con Chevron, al que el ex senador accedió el viernes pasado, luego de que la empresa nacional lo entregara por orden de la Corte Suprema. “La Corte Suprema, en un fallo ejemplar, dijo que la información no es del Estado sino que el pueblo de la Nación tiene derecho a la información y ordenó a YPF a entregar una copia del contrato. Finalizó una etapa donde ganó el derecho de acceso a la información”, celebró el dirigente socialista en una conferencia de prensa celebrada ayer en el hotel Apart Congreso.
El punto más saliente, según el ex senador socialista, es que el contrato no fue firmado directamente entre YPF y Chevron ?como fue anunciado en 2013 por la entonces presidenta Cristina Fernández y el CEO de Chevron, John Watson, sino entre una serie de subsidiarias offshore radicadas en paraísos fiscales y creadas específicamente para la firma del contrato?. Por parte de la firma nacional, YPF Shale Oil Investment I, una sociedad offshore radicada en Delaware, Estados Unidos; por parte de Chevron, una subsidiaria radicada en las Islas Bermudas.
“Lo que se ha planteado en algunas comunicaciones a la prensa por parte de YPF como una operatoria normal, abre dos grandes interrogantes. Todos sabemos que las sociedades offshore se realizan para actuar con opacidad y evadir impuestos. Entonces, el primer interrogante es si acá existe un perjuicio al Fisco. Y el segundo, es si a través de este esquema bastante sofisticado de empresas offshore no se licua la responsabilidad ambiental de Chevron. Porque Chevron no aparece”, advirtió Giustiniani.
Otro aspecto importante revelado por el ex senador es que en el acuerdo, “Chevron es prestamista e YPF es tomador”. “Es decir, la figura que se plantea no es la de una inversión directa en Vaca Muerta sino un préstamo que una subsidiaria offshore le da a otra subsidiaria offshore”, explicó. En ese sentido, la petrolera estadounidense no estaría invirtiendo en la producción de petróleo no convencional tanto como realizando un préstamo a YPF. “Figura como un empréstito, que es el resguardo de Chevron. No es una inversión a riesgo para ver si aparece petróleo o gas sino que claramente, es un préstamo con sus resguardos de intereses y participación en utilidades netas a partir del 50% de la concesión en Vaca Muerta”, complementó.
Asimismo, especificó, el convenio fue firmado en inglés (“no en español o en los dos idiomas”, cuestionó) y establece los tribunales de París como lugar para dirimir eventuales litigios entre ambas partes. “Nuevamente, hay una cesión de soberanía”, lanzó.
De la conferencia de prensa, participaron también el senador nacional Fernando Solanas, el diputado nacional Claudio Lozano, el presidente de la asociación Consumidores Libres, Héctor Polino, los abogados que participaron de la denuncia, Ariel Caplan y Esteban Tzicas, y otros dirigentes socialistas, como Alicia Ciciliani y Manuel Garrid.
Solanas manifestó que el acuerdo es “un contrato modelo de la entrega de soberanía por parte de nuestros gobernantes” y advirtió que otros contratos de asociación para explotar Vaca Muerta, como el firmado con Dow Chemical son similares. Además, enmarcó la decisión del macrismo de respaldar el secreto en torno al acuerdo en que “la lluvia de inversiones en Vaca Muerta” no se produjo y esto podría representar un freno adicional.
El documento será enviado ahora al Congreso Nacional, a la Auditoría General de la Nación (AGN) y a la Defensoría del Pueblo de la Nación para que evalúen en profundidad los alcances del acuerdo, y se creará ?con el mismo fin? una comisión de especialistas, periodistas y asociaciones del mundo civil. “Viene una segunda etapa, que consiste en dar a conocer la letra chica que surja del análisis”, explicó Polino. “El secretismo le hizo mucho daño al país”, aportó Giustiniani y recordó también el impacto en Brasil de los escándalos de corrupción en Petrobras. “Ahora empieza una etapa distinta que es la del análisis del contrato y de ver si los intereses nacionales están resguardados o no, en lo que se acordó acá por 35 años”, argumentó.
