El federalismo fiscal en el Presupuesto 2017

21 de septiembre, 2016

El federalismo fiscal en el Presupuesto 2017

 

por Martín Kalos (*)

 

En un país verdaderamente federal, la distribución de responsabilidades y facultades entre los distintos niveles de gobierno se corresponde plenamente con los recursos de que dispone cada jurisdicción para ejecutar sus gastos. No puede haber federalismo si las provincias cargan con el peso de proveer a su población la mayor parte de los derechos sociales (como educación o salud pública) pero no poseen los ingresos que necesitan.

 

El federalismo fiscal argentino carga con errores acumulados desde su nacimiento, hoy plasmados en la vigencia de facto de un régimen legal de Coparticipación Federal de Impuestos (CFI) que (según la Constitución Nacional) debió haber sido renovado hace ya veinte años. Por su tamaño, la coparticipación es la principal disputa entre la Nación y las provincias. Los recursos de origen nacional girados a las 24 jurisdicciones provinciales (con CABA) en 2017 totalizarán $ 731.084 millones (40% más que en 2016). El 84% ($ 614.749 millones) será transferido mediante la CFI.

 

Esto implica un salto del 49% respecto de 2016 que se explica por dos motivos: en primer lugar, la transferencia de los servicios de seguridad pública federal que operan en CABA (Policía Federal): con esta justificación, CABA vio casi cuadruplicados sus ingresos por CFI. En segundo término, el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordenó devolver inmediatamente a las provincias en litigio el 15% que hasta entonces se detraía de la masa coparticipable y que se destinaba a la Anses, y el 1,9% que se destinaba a AFIP. Las tres provincias beneficiadas por estos fallos son San Luis (46,9% de aumento en sus recursos coparticipables, respecto del año pasado), Santa Fe (45,8%) y Córdoba (43%, aunque no llegó a tener sentencia por ese 1,9% que se le detrae para AFIP).

 

Para el resto de las provincias, los aumentos son menores, aunque también lograron un acuerdo con el Gobierno para la eliminación gradual de ese 15% destinado a la Anses –y que en 2017 les significará el 3% adicional de la masa coparticipable-. Estos mayores recursos de libre disponibilidad darán un respiro, sobre todo a las provincias más comprometidas en el pago de salarios y gastos corrientes, que muchas veces deben buscar luego el auxilio de la Nación para ir capeando su escasez de recursos.

 

Durante el año, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, prometió en numerosas ocasiones discutir la posibilidad de ceder una mayor cuantía de recursos a las provincias para que puedan hacerse cargo de obras públicas que hoy ejecuta el Estado Nacional. En efecto, ¿por qué es la Nación la que pavimenta una ruta provincial o construye un polideportivo en lugar de que sea la misma provincia la que decida y lleve a cabo sus obras prioritarias? Hasta el momento esta promesa no ha avanzado.

 

El Presupuesto 2017 mantiene dentro de la órbita nacional muchas obras públicas que podrían descentralizarse (junto con los recursos correspondientes), aumentando en definitiva sus gastos de capital -clave en un año electoral- en 32%. Desde ya, cualquier obra se realiza en el territorio de alguna provincia: el Plan Belgrano y los jardines maternales en el Norte, los Ferrocarriles Belgrano y Mitre, las rutas nacionales y aeropuertos o el Plan Nacional del Agua son acciones que contribuirán a mejorar la productividad y calidad de vida en las distintas regiones de nuestro país.

 

Además, el Presupuesto 2017 incluye el Programa de Desendeudamiento Provincial por $ 16.460 millones (mismo valor que en 2016). También prevé, en el endeudamiento público previsto para 2017 ($ 1.727.248 millones), $ 75.000 millones en préstamos de organismos internacionales que serán represtados a las provincias. Estas medidas también alivian a las provincias, liberándoles fondos para atender a las necesidades de su población.

 

Una última reflexión corresponde al sistema universitario nacional, autónomo pero cuyo financiamiento por parte del Estado Nacional figura también en el Presupuesto. La política de Estado de abrir nuevas universidades en todo el territorio nacional (y descentralizar el dominio de la UBA en el área metropolitana de Buenos Aires, con la creación de universidades en el conurbano) es un aliciente al desarrollo federal.

 

En 2017, con la inclusión de cinco nuevas universidades, habrá 56 instituciones en todo el país. El Presupuesto les asigna en total $ 75.252 millones: así, su participación en el PIB nacional continúa mermando y será del 0,76%, la más baja en muchos años – el máximo se logró en 2012 con 0,99% del PIB–; y son justamente las universidades tradicionales ubicadas en los grandes centros urbanos las que más recursos ganan. Esta desfinanciación relativa de un complejo universitario que ya tiene históricas y severas carencias de infraestructura, salario y derechos de sus docentes y funcionamiento, también perjudica la idea de un sistema educativo realmente federal.

(*) Director de EPyCA Consultores @martinkalos

 

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