por Héctor Rubini (*)
Se acerca la fecha de la elección presidencial en Estados Unidos y las opciones de política económica han aparecido recurrentemente en los contrapuntos entre Hillary Clinton y Donald Trump. Un sobrevuelo de los mismos permite observar que las visiones se concentran fundamentalmente en cuestiones nacionales, pero de implicancias significativas para el resto del mundo.
Las propuestas de Hillary Clinton se resumen fundamentalmente en estos puntos:
Aumentar la cantidad y variedad deregulacionesalsistemafinanciero apuntando a reducir al mínimo el desarrollo de lo que se conoce como banca en las sombras o shadow banking.
Eliminar ventajas tributarias para empresas que opten por mudar sus sedes al exterior, sustituyendo empleos en EstadosUnidosporcreación de empleo en otros países.
Aumentar la presión tributaria en 4 puntos porcentuales sobre personas que perciban ingresos superiores a los US$ 5 millones anuales.
Otorgar créditos fiscales para estimular inversiones de largo plazo y crear nuevos empleos.
Aumento del gasto en obras de infraestructura en 4 años por un total de US$ 275.000 millones, focalizándose en obras viales, modernización de aeropuertos y redes wi-fi en zonas rurales.
Otorgar vacaciones 100% pagas a los trabajadores y aumentar el salario mínimo.
Expandir el alcance del régimen de “compre nacional” conocido como “made in USA”.
Abandono del rumbo entusiasta hacia el TPP y hacia cualquier tratado o asociación que ponga en riesgo los empleos o contribuya a la baja en los salarios en Estados Unidos. También ha manifestado su intención de renegociar el Acuerdo de Libro Comercio de América del Norte (NAFTA).
Las del candidato republicano Trump, en cambio, son las siguientes:
Reducir la alícuota marginal del impuesto a la renta de las empresas de 39% a 15%. Reducir en general las cargas tributarias y simplificar las escalas aplicadas.
Impulsar la creación de empleo vía desregulación laboral, en particular enlossectoresdecombustibles, energía y minería, y vía reducción del costo laboral eliminando el sistema de salud conocido como Obamacare.
Aumentar inicialmente el gasto en obras de infraestructura por al menos US$ 500.000 millones en el primer año de Gobierno.
Derogar la Ley Dodd-Franck que separa las actividades de banca comercial de las de banca de inversión y establece limitaciones al aumento irrestricto del leverage de los intermediarios financieros. Según este candidato es un obstáculo al desarrollo y expansión del crédito comercial.
Evaluar la conveniencia de abandonar el Acuerdo de Libro Comercio de América del Norte (NAFTA), descartar el proyecto TPP e imponer un (en principio inviable) arancel de 45% sobre todas las importaciones provenientes de la República Popular China.
Las propuestas impositivas de ambos candidatos son de dudosa coherencia con alguna mejora en las cuentas fiscales o con la sustentabilidad del ya elevado endeudamiento público de Estados Unidos. También es incierto el efectivo impacto sobre la actividad económica y el mercado laboral de estas propuestas. De acuerdo a economistas de la Universidad de Oxford, el programa que generaría mayor déficit fiscal sería el de Trump, con un aumento del rojo fiscal de no menos de U$S 1 billón.
Es claro que ninguno de los dos candidatos tiene en su agenda un rumbo a favor de un comercio internacional más liberalizado. Ciertamente, no es de esperar que se apliquen propuestas tan radicales como la del arancel del 45% sobre China, en contradicción flagrante con las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Pero sí es cierto que ambos candidatos están bajo presión para mostrar y aplicar un programa que resuelva la debilidad de la economía estadounidense para recuperar un sendero sostenible de crecimiento y la todavía endeble capacidad para crear nuevos puestos de trabajo.
Ahora bien, no hay duda alguna respecto de que la combinación de mayor déficit fiscal y cierre de la economía estadounidense que propugna Trump conduciría a una recesión tanto a la economía de Estados Unidos como a varios de sus principales socios comerciales, impactando negativamente en la actividad, el comercio y el empleo en todo el mundo. Según economistas de la Universidad de Pennsylvania, la combinación de las propuestas fiscales y las esperables restricciones a la inmigración de Trump provocaría la destrucción de no menos de 4 millones de puestos de trabajo sólo en Estados Unidos. Esto, obviamente, exacerbaría el sesgo proteccionista de sus eventuales políticas, y una eventual guerra de represalias que reduciríaelcomerciomundialdemanera análoga a las guerras de arancelesenlaprimeramitaddelosaños' 30.
En definitiva, ninguno de los dos candidatos tiene en su agenda nada que sugiera siquiera una mayor integración con el resto del mundo ni una mayor liberalización del comercio internacional. Todo indicaría que una vez apagado el fragor de los exabruptos y críticas mutuas, podría imponerse cierta sensatez de modo que el ganador del próximo 8 de noviembre opte por abandonar algunas de sus promesas de campaña. Ambos recetarios apuntan a cualquier cosa, menos a contribuir al crecimiento económico mundial ni menos del comercio exterior. En el caso de Trump, solo puede esperarse que exacerbe conflictos existentes o latentes y no sólo en los países con gobiernos abiertamente enfrentados al de Estados Unidos.
En fin, así están dadas las cosas y ninguno de los dos candidatos propone nada útil ni atractivo para los países emergentes. Sin embargo, es claro que quien se perfila como el potencialmente más proteccionista, xenófobo y peligroso para la economía mundial es, sin duda alguna, Donald Trump.
(*) Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la USAL
