por Mariano Cúparo Ortiz
Primero fue al tarifazo del gas, ahora la suspensión les llegó el turno a los incrementos de la energía eléctrica. La jueza federal de San Martín, Martina Forns, suspendió ayer la suba de tarifas del servicio de electricidad, y obligó a volver atrás con las resoluciones del Ministerio de Energía y Minería que determinaron el nuevo cuadro tarifario del servicio de electricidad y a abstenerse a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Electrico (Cammesa) de seguir facturando los aumentos por la no realización de las correspondientes audiencias públicas.
El fallo
Con su fallo, la jueza aceptó una medida de amparo planteada por tres ciudadanos del partido de Tres de Febrero y por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) contra las Resoluciones 6/2016 y 7 /2016 del Ministerio de Energía y la Resolución 1/2016 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) y advirtió que la suspensión del nuevo cuadro tarifario del servicio eléctrico “tiene jurisdicción para todo el país”. “Hasta que no sea revocada esta medida cautelar, los aumentos de energía de tarifa eléctrica están suspendidos”, dictó. Esto es así, según explicó la jueza, porque se trata de un amparo de naturaleza colectiva, lo que, una vez que es dispuesto por un juez federal en cualquier parte del país, automáticamente le otorga jurisdicción en todo el país. “Las empresas saben de qué se trata un amparo colectivo, saben que es una medida cautelar y que se debe respetar la actuación de la Justicia. Ordené las medidas interinas de no emitir las facturas con el aumento, y para los que hayan pagado una nota de crédito para las futuras facturas que vengan con los aumentos”, declaró.
Así, con una orden al ENRE para que comunique a distribuidores y prestadores, la resolución de Forns sostiene: “Deberán suspender el cobro de las facturas emitidas como resultado de la aplicación del nuevo cuadro tarifario, y liquidar las facturas respectivas a los valores vigentes con anterioridad a la resoluciones. Deberán abstenerse de realizar cortes de suministro por falta de pago, con fundamento en la normativa suspendida”. Y para quienes ya abonaron facturas, sostiene: “Sus importes deberán tenerse por pagados a cuenta, reintegrándose su monto en las próximas facturas hasta su compensación total”.
En la misma línea, el juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Arias, insistió ayer con que no hay que pagar los aumentos en la tarifa de energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires, pese al fallo de Cámara que habilitó los incrementos, y pidió “solidaridad” entre los usuarios para que “ninguno” abone las boletas.
“No hay que pagar la factura, hay que esperar el pronunciamiento de las restantes instancias”, añadió Arias. En ese sentido, sostuvo que “hay que tener cierta solidaridad, porque el que puede pagar va y paga, y el que no paga, a ese le van a cortar el servicio”. “Si los usuarios se pusieran de acuerdo y no pagaran, las empresas no le van a cortar a todo el mundo”, aseveró en declaraciones radiales.
Tarifas de gas
Además, hoy la Cámara Federal de La Plata resolverá su posición frente a la apelación del Gobierno contra la sentencia que frenó la suba de tarifas en el gas en todo el país. En caso de aceptarla, dejará la cuestión en manos de la Corte Suprema de Justicia.
Anteriormente, la Cámara platense había resuelto “con alcance colectivo, anular los aumentos en la tarifa del gas y retrotraer la situación previa a las subas” y declarado “nulas” las resoluciones del Ministerio de Energía y Minería que conduce Juan José Aranguren, “por no haber sido precedidas de audiencias públicas”, el mismo argumento utilizado luego por Forns para su fallo sobre la energía eléctrica.
La Corte Suprema anunció el martes que recibió los informes del Ministerio de Energía y Minería sobre la suba de tarifas de gas, tal como había requerido días antes de que comenzara la feria judicial ante el pedido de per saltum presentado por el Gobierno Nacional ante el tribunal que preside Ricardo Lorenzetti.
Impacto económico
Desde el punto de vista económico, las visiones de los especialistas son divergentes. Algunos sostienen que los tarifazos son excesivos por su magnitud y nocivos por el impacto sobre el poder adquisitivo que implican, lo que está afectando con fuerza a la economía, lo que se puede verificar en los bajos niveles de consumo registrados incluso por las estadísticas oficiales.
Otros, en cambio, remarcan lo fundamental que es solucionar lo que llaman un atraso tarifario que se venía dando desde hacía años y que habría comenzado a ser solucionado por el Gobierno, aunque no del todo, con las sustanciales modificaciones de precios relativos que intentó hacer desde principios de año, lo que en el caso de las tarifas volvería a significar un atraso luego de la limitación temporaria al 400% y de la sospecha de que a principios del 2017, en un año eleccionario, no será posible volver a aumentarlas.
Algunos sostienen que estas vueltas atrás son graves por el agravamiento del déficit fiscal que traen aparejado, lo cual también tiene implicancias en términos de inflación, ya que su financiamiento precisa emisión monetaria que luego, para ser esterilizada, termina generando aumentos de tasas de interés que también inciden en los niveles de actividad.
