por Jorge Colina (*)
Las autoridades económicas predicen que la inflación de agosto se ubicará en el entorno del 1% mensual. Más allá de la cifra puntual, la inflación ciertamente está en proceso de desaceleración y aparece como muy factible que sobre finales de año la tasa se ubique por debajo del 1%. Siendo así, las expectativas para la inversión deberían mejorar y, con ello, la recuperación del crecimiento en el nivel de actividad. Urge que la recuperación venga con rapidez para dar condiciones de crecimiento del empleo.
La última cifra del Indec, que da cuenta de una tasa de desempleo del 9,3%, es sólo un indicador de la insuficiencia. Otra dimensión de la escasez de oportunidades laborales es la tasa de empleo, que se ubica en el orden del 41,7% de la población. Este nivel es similar al que había hace diez años, en el 2006, antes de las manipulaciones en el Indec, cuando la tasa de empleo se ubicaba en 41,8% de la población. Es decir, en términos de empleo se está en una situación similar a la de hace un década. Aumentar la tasa de empleo es vital para revertir los déficit sociales. Sólo cuando en los hogares la mayor cantidad de miembros en edad de trabajar sale al mercado laboral y genera ingresos por sus propios medios es cuando se comienza a producir el progreso social. Elevar la tasa de empleo implica promover que las mujeres adultas y los jóvenes se inserten en el mercado de trabajo. Aquí es cuando se presentan los mayores desafíos.
Para que las mujeres y los jóvenes consigan insertarse en un empleo no basta con que haya crecimiento económico. Se necesita desarrollar en ellos empleabilidad, que consiste básicamente en lograr que la mayor cantidad de gente culmine con éxito al menos la educación secundaria y darles formación para el trabajo. Para el caso de los jóvenes, también es fundamental tener buenas políticas de prevención de la procreación temprana, ya que este es un factor que viene muy asociado con el abandono escolar y la imposibilidad de insertarse en el mercado laboral.
El otro aspecto central es dar más accesibilidad a los empleos. Aquí es fundamental una revisión impositiva profunda que reduzca el enorme peso que tienen los impuestos al trabajo, y cuando se habla de impuestos al trabajo no se debe pensar en el Impuesto a las Ganancias sino en las cargas sociales. El Impuesto a las Ganancias es un tributo que grava a no más del 10% de los ocupados que ya tienen empleo, son los de mayores remuneraciones (por tener alta empleabilidad) y, además, tributan con alícuotas progresivas que empiezan en el 9% y llegan hasta el 35%. La suma de aportes y contribuciones a la seguridad social, en cambio, representan casi el 50% del salario de bolsillo del trabajador, y lo deben pagar todos los trabajadores aun cuando tengan remuneraciones paupérrimas. Ciertamente que las personas con bajas remuneraciones terminan no pagando las cargas sociales porque se insertan en el informalidad (como asalariado “en negro” o cuentapropista informal), pero es la principal barrera para que las personas con déficit de empleabilidad puedan conseguir empleos y formarse o perfeccionarse trabajando.
La forma más práctica y conducente de reducir el peso de las cargas sociales es dejar de mirar el Mínimo No Imponible del Impuesto a las Ganancias y empezar a pensar en colocar un mínimo no imponible a las cargas sociales. De esta forma, los impuestos al trabajo se harán mucho más progresivos, liberando de su pago a los trabajadores con menos empleabilidad y gravando progresivamente a medida que los logros en empleabilidad de los trabajadores se vayan convirtiendo en salarios más elevados. Mantener la actual situación genera un alto riesgo que el tan ansiado crecimiento económico no se traduzca en aumentos importantes del empleo.
(*) Economista de IDESA
