Paralelo al debate de la reforma electoral que comenzará el próximo jueves en Diputados, el Gobierno inició la etapa de diálogo y búsqueda de consenso para impulsar modificaciones en la ley de financiamiento de los partidos. En el Ministerio de Interior estiman que el proyecto podría aprobarse este año y debutaría en las elecciones legislativas del 2017. El preproyecto no descarta el aporte de privados para financiar las campañas políticas, como forma de “achicar gastos y generar mayor transparencia y equidad”.
En la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, y el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, participaron de un primer seminario para fundar las bases del proyecto de financiamiento. La intención del Ejecutivo es que, tal como se hizo con la reforma electoral que está en el Congreso, la iniciativa reciba el respaldo de diversos sectores políticos y de asociaciones civiles para agilizar el posterior debate legislativo y reducir cuestionamientos. Estuvieron presentes Pablo Secchi, de Poder Ciudadano; Julia Pomares, de CIPPEC; y Daniel Zovatto, de IDEA.
Argumentos
Frigerio comenzó su disertación indicando que todo los debates en cuestión forman parte del proceso de reforma política. Que tiene su primera parte, con la implementación de la Boleta Unica Electrónica (BUE) y los cambios en las PASO, que ya están en Diputados. Generar modificaciones en la ley del financiamiento es el siguiente objetivo. Según se supo, quedarán para más adelante dos cuentas pendientes de las primeras ideas expresadas por Pérez en el comienzo de la discusión: simplificación del cronograma electoral y la creación de un organismo independiente del Poder Ejecutivo para controlar las elecciones.
En su intervención de ayer, el ministro de Interior sostuvo que la corrupción tiene dos grandes vectores. Por un lado, la obra pública ?adelantó que en las próximas semanas se enviará un proyecto al Congreso para transparentar las licitaciones?. Por el otro, el financiamiento de la política. Respecto a esto, Frigerio reconoce que la reforma política del 2009 contribuyó a avanzar y destacó el hecho de que el Estado financie la publicidad audiovisual, ya que eliminó uno de los principales gastos de campaña. A su vez, agregó que con la implementación de la boleta electrónica se está descartando otro gasto importante, que es la impresión de las boletas en papel. “El único problema que quedaría afuera es el de la logística y sobre esa parte tenemos que trabajar para generar mayor confianza de los ciudadanos en los procesos políticos”, señaló el ministro.
Para Adrián Pérez, el financiamiento tiene dos grandes ejes: “El tema de la transparencia en la obtención de los recursos y en los gastos, y la equidad, para que la competencia electoral sea más equitativa”. Entre las faltas a modificar, Pérez destacó que “hoy las campañas duran más de lo que indica la ley, se gasta más y hay aportes por fuera de la ley, de modo tal que estamos obligados a discutir un nuevo proyecto”.
En diálogo con periodistas, luego, Frigerio no descartó la posibilidad de que empresas privadas puedan participar del financiamiento de las campañas políticas. Para el funcionario, “lo importante es que todos los aportes sean en blanco, tengan una cuenta bancaria y que todos conozcamos los orígenes de esos fondos, ese es el objetivo” y más tarde agregó: “No negamos la posibilidad (de que puedan aportar empresas), pero necesitamos que los fondos destinados se hagan de manera transparente y la Justicia pueda tener plena seguridad de que esos fondos no provienen de hechos ilícitos y mucho menos del narcotráfico, y que no genere condicionamientos con privados”.
La necesidad de generar un cambio en este conflicto surge de propias incompatibilidades. Una investigación de Chequeado y posteriormente de La Nación, reveló que cincuenta empresas contratistas del Estado en la ciudad de Buenos Aires, fueron donantes en la campaña del PRO en 2015. Se trataría de $84 millones. El aporte privado está permitido pero de personas físicas, no jurídicas, es decir, se puede realizar a título personal pero no directamente la empresa. Asimismo, empresas puedan aportar fondos a la vida institucional de los partidos políticos pero no en las campañas.
La “ambiciosa” reforma política anunciada en campaña por el Presidente es “paso a paso”, y el primero de ellos está esperando ser tratado en el Congreso. El jueves 4 de agosto los diputados recibirán a Frigerio y a Pérez para iniciar el tratamiento que reconocen desde el oficialismo será extenso.
Con intensiones de implementar la maquinaria el año próximo, el Ministerio de Modernización comenzará en agosto con la presentación de los pliegos oficiales que permitirán luego realizar las licitaciones para las impresoras de BUE que se requerirán. Al mismo tiempo continuarán los debates para armar el proyecto de financiamiento y para más tarde quedarán dos temas que generaron rechazos desde el inicio. Reemplazar a la Cámara Electoral por un organismo independiente y la simplificación del cronograma electoral, que generaría complicaciones con las provincias.
