Funcionarios defendieron el proyecto

3 de junio, 2016

Por lo amplio del proyecto, funcionarios de distintos organismos gubernamentales y ministerios se presentaron ante los diputados de las comisiones de Presupuesto y Haciendo y Previsión Social para defender cada artículo del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

 

El plenario contó con la participación de entre otros, Mario Quintana, vicejefe de Gabinete, Emilio Basavilbaso, titular de la Anses y el director de la AFIP, Jorge Abad.

 

Macri Basavilbaso
Basavilbaso adelantó que el pago de los juicios previsionales se hará “con el blanqueo de capitales y la rentabilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad”.

Los invitados al debate fueron críticos de las gestiones anteriores en los cargos que hoy llevan adelante y manifestaron optimismo acerca del alcance de la superley. El primero en intervenir fue Quintana que indicó que la propuesta contempla “firmar acuerdos con cada uno de los jubilados, dividiéndolos entre los que tienen sentencia, los que iniciaron acciones sin tener sentencia y todos aquellos que tienen derecho a un haber mayor y que no iniciaron acciones”. Sostuvo que durante los gobiernos anteriores el Estado incumplía la ley y “avergonzaba a todos los argentinos” al no respetar los fallos de la justicia.

 

En lo que respecta al financiamiento del programa, aseguró que el FGS “no será usado con fines de subsidiar proyectos que no tienen que ver con los jubilados”. En tanto, Basavilbaso adelantó que el pago de los juicios se hará “con el blanqueo de capitales y la rentabilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad”. Detalló que el primer grupo que cobrará lo conforman 50.000 personas que tienen sentencia firme y se les abonará “una vez que esté firmado el acuerdo voluntario” donde se pagará el 50% en una cuota y el resto de manera trimestral. Además, señaló que la extensión del programa será de “tres años con la posibilidad de tener una prórroga de otros tres”, pero afirmó que alcanzará con dos porque apuntan a realizar “100.000 acuerdos mensuales”.

 

Abad dio detalles de la exteriorización de activos y confió que el nuevo sistema de información de intercambio internacional iniciado por la OCDE garantizará el éxito del régimen. Estimó que en la actualidad hay US$ 30.500 millones declarados en el exterior” por parte de argentinos, y calcula que “potencialmente hay más de US$ 200.000 millones no declarados”.

 

Los funcionarios, que iniciaron sus presentaciones al mediodía, escucharon a los diputados por más de 6 horas y se prestaron a responder las preguntas, principalmente de la oposición, incluyendo cruces con representantes del anterior gobierno como Axel Kicillof o Diego Bossio.

 

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