El proyecto, que consta de 94 artículos y al que accedió El Economista pasadas las 22 horas de ayer, declara “la emergencia en materia de litigiosidad previsional” (artículo 1). Asimismo, se
establece quiénes puede entrar al programa de reparación y allí no hay sorpresas. Luego, el artículo 23 ratifica el acuerdo entre el Gobierno y los estados provinciales. En el capítulo sobre el “sinceramiento fiscal” se establece lo que debe pagarse en los distintos casos contemplados, en línea con lo que ya había trascendido. Se alienta el fortalecimiento del mercado de capitales toda vez que quienes exterioricen capitales y adquieran algunos de los títulos públicos que reglamentará la secretaría de Finanzas quedarán exentos de impuestos especiales. Asimismo, hay una muy amplia -y superior a la prevista- “regularización excepcional de las obligaciones tributarias, de seguridad social y aduaneras”, y podrían acogerse quienes debían pagar hasta el 31 de mayo de 2016. Además, se establece un beneficio para los contribuyentes cumplidores y también se establece la modificación sobre el Impuesto a los BB.PP. y a Ganancias, tal como había trascendido, y se crea una comisión bicameral para la reforma tributaria. Comienza ahora un intenso debate en el Congreso.
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