El veto de Mauricio Macri a la ley de emergencia ocupacional, que se estaba debatiendo en el Congreso al cierre de esta edición, se encamina a dejar de ser una posibilidad difusa para convertirse en una reacción concreta del Presidente frente a la norma que dispone la prohibición de los despidos por un plazo de 180 días y establece la doble indemnización. Frente a esta situación, los líderes de las centrales obreras que anticiparon un paro general si el Presidente se tomaba tal atribución contra un proyecto nacido de sus propias filas, deberán mostrar sus cartas. “Si el presidente Mauricio Macri veta la ley y sigue negando la emergencia ocupacional existente será el único responsable de que se convoque a un paro nacional en unidad de acción”, anticipó Pablo Micheli, secretario general de la CTA Autónoma. La misma intención manifestó el titular de la otra vertiente de la CTA, Hugo Yasky, y también lo sugirió Antonio Caló en la movilización conjunta del 29 de abril por el Día del Trabajador.
“Si el señor Presidente veta la ley, los trabajadores en su conjunto vamos a salir a pelear los puestos de trabajo en la calle. Eso no les quepa duda a nadie”, dijo entonces el líder de la CGT Alsina.
De todos modos, los largos días que ocupó la discusión de la ley fueron produciendo movimientos al interior de la “mesa de unidad”, que de una postura inicial de apoyo compacto al proyecto, cedió a las conversaciones. El miércoles pasado, sin ir más lejos, los únicos dirigentes que fueron al Congreso a insistirle a los diputados sobre la necesidad de concretar la prohibición de los despidos fueron los titulares de la CTA, que se reunieron con Héctor Recalde y otros legisladores del Frente para la Victoria.
Tanto Yasky como Micheli dejaron el encuentro con la certeza de que verían cumplidas sus expectativas de sanción de la ley, y con la posibilidad latente de impulsar una movilización en la calle como respuesta al veto. “La sola mención del veto en todas las asambleas sindicales, e incluso durante el acto del 29 abril, generó una unánime demanda de agudizar la lucha”, dijo Yasky, quien agregó que las centrales “van a estar a la altura de las expectativas que el proyecto generó entre los trabajadores”. Lo cierto es que, por más firmes que estén en su posición, un paro convocado sólo por los sectores de la CTA carecería de la fuerza de uno avalado por la totalidad de las centrales obreras.
“Si el señor Presidente veta la ley, los trabajadores en su conjunto vamos a salir a pelear los puestos de trabajo en la calle. Eso no les quepa duda a nadie”, dijo entonces el líder de la CGT Alsina.
Que los sindicatos pretendan convocar medidas de fuerza tiene sentido si se contempla que el veto presidencial apunta hacia una iniciativa surgida de las propias centrales sindicales que, en primera instancia, fue defendida fervorosamente por los legisladores de esa extracción. Hace más de un mes y medio dirigentes de las tres CGT y de las dos CTA comenzaron su peregrinar por las dos cámaras del Congreso para explicar en las comisiones pertinentes el alcance del proyecto y los motivos de su urgencia. Allí recibieron el respaldo del amplio espectro opositor, aunque luego las estrategias partidarias fueron dilatando la concreción de acuerdos. La semana pasada, incluso, los alfiles de Hugo Moyano (CGT Azopardo) y Barrionuevo (CGT Azul y Blanca) en Diputados no dieron quórum para tratar la ley y su discusión se vio postergada una semana.
Juan Carlos Schmid, líder de la Confederación de gremios del Transporte y hombre leal a Moyano, es uno de los dirigentes que deja ver el corrimiento de posturas: abandonó el discurso sobre la “crisis social” inminente, para dar paso a uno más moderado. Ayer, se manifestó a favor de la ley antidespidos aunque reconoció que “no hay una ola de despidos masivos”. Además, valoró la disposición de Mauricio Macri a hablar con los gremios y lo diferenció de Cristina Kirchner con quien no tenían “el más mínimo diálogo”.
