La tarifa social lanzada por el Gobierno Nacional tras modificar el esquema tarifario de los principales servicios públicos permitió incluir a un mayor número de usuarios en la subvención al transporte público y dotó a esas transferencias de mayor progresividad y focalización en la población de menores recursos.
Según Jorge Puig, economista del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales (CEDLAS) de la Universidad de la Plata, la nueva tarifa subsidiada para colectivos ?el principal medio de transporte público? alcanzará a 400.000 usuarios adicionales del AMBA que antes no percibían el descuento, que asciende a 55% de la tarifa plena. De este modo, los usuarios alcanzados por la tarifa social pasarán de los 2,2 M previo a abril a 2,6 M en la actualidad. O lo que es lo mismo, de estar alcanzada 16% de la población del AMBA, pasará a estar comprendida 19%.
Además, a ese universo hay que agregarle otro 19% (alrededor de 2,5 M de personas) que corresponde a la tarifa estudiantil, que comprende a alumnos de educación primaria y secundaria que ya estaban comprendidos en la tarifa social anterior a abril pero cuya magnitud era menor a la actual. Los usuarios restantes, que pagan la tarifa convencional plena, pasaron de 65% a 62%.
“El sentido de la reforma es positivo”, señala Puig. De un modelo de subsidios dirigidos a la oferta de transporte público, destaca, se pasó a un modelo de subsidio a la demanda, al tiempo que se universalizó ?aunque todavía parcialmente? la tarifa subvencionada.
En abril, al lanzar las modificaciones en el esquema tarifario, que incrementaron 100% los precios de los boletos de trenes y colectivos, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, calculó en 6 M los usuarios que serían alcanzados por el subsidio en el AMBA. A esa cifra, en efecto, empezaría a acercarse al sumar los 2,5 M de estudiantes más los alrededor de 0,5 M de adjudicatarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y los 2,6 M alcanzados por ser jubilados, ex combatientes de Malvinas, personal de servicio doméstico o estar en el plan Progresar, Jefes de Hogar u otro de los grupos comprendidos en la tarifa social.
Pero además, destaca Puig, hay una mejora también en la focalización de la tarifa social. Mientras antes de abril eran receptores de los subsidios 16% de los usuarios pertenecientes a los cuatro deciles de menores ingresos, a partir de los cambios de abril, será alcanzado 21% de ese universo.
Limitaciones
No obstante, hay ciertos limitantes a la progresividad del subsidio al transporte. Aproximadamente la mitad de los 2,6 M de usuarios comprendidos por la tarifa social son jubilados, un grupo que no pertenece necesariamente a los sectores de menores recursos. “La particularidad que tienen es que están distribuidos a lo largo de la distribución de ingreso de manera bastante uniforme. Si se le da el subsidio de manera uniforme como ahora (el subsidio de 55% es para todos por igual), no varía mucho la distribución del ingreso aunque pueda tener otros efectos positivos”, advierte Puig. En cambio, una mayor progresividad se podría lograr en caso de que el subsidio al universo de jubilados se diera de manera diferencial según el poder adquisitivo de cada uno, aunque eso requeriría de un mayor nivel de desagregación, y políticamente no sería un anuncio muy bien recibido.
Por otra parte, según Puig, aún quedan ciertos programas sociales que quedaron fuera de los anuncios y podrían ser indexados para ampliar la base de receptores de la tarifa social, como el caso del programa Ciudadanía Porteña, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así todo, advierte el economista del Cedlas, sin importar la magnitud de los subsidios o los programas que se incluyan, “con el mecanismo de focalización de la tarifa social vía programas sociales existe una limitante” dado que aún en los cálculos más agresivos en términos de inclusión, se logra alcanzar a 40% de los usuarios del decil más pobre. El resto, en tanto, no puede ser captado mediante estas herramientas porque no puede ser identificable a través de programas sociales, como puede ser el caso de algunos solteros sin hijos.
En tanto, para recibir la tarifa social o estudiantil, los usuarios deben registrar su tarjeta SUBE. Y si bien desde el Gobierno vienen llevando adelante una campaña de registro extendida, es todavía un proceso en curso.
Tarifas energéticas
La situación, en cambio, es bastante diferente para el caso de la energía eléctrica y el servicio de gas natural, en los los problemas son mayores. Según Evelin Dorsch, socia de la Consultora Ledesma, en el caso de la energía eléctrica, “las tarifas sociales están ligadas a consumos muy bajos”, por lo que su impacto todavía no se hizo notar, o cuando lo hizo, fue muy bajo.
Las tarifas de gas natural, en tanto, aumentaron hasta 2.000% en algunos casos en la Patagonia, lo que detonó una serie de reclamos tanto por la vía judicial como por los canales políticos en todas las provincias del sur.
“Hay que tener en cuenta las diferencias que hay por factores climáticos o por falta de disponibilidad de otras fuentes de energía en el interior -advierte-. El límite para la tarifa social es que tengan consumo por debajo de 150 kw/h, por lo que la parte que entra en muchos casos como tarifa social es muy baja, especialmente en los extremos del interior; en el norte, electrodependiente porque no está conectado a la red de gas, y en el sur, porque los consumos son mayores por factores climáticos”, plantea Dorsch.
De este modo, según la economista de la Consultora Ledesma, “el aspecto amortiguador de la tarifa social no se dio en las clases más bajas en el interior” e “hizo que una porción muy baja pueda acceder a la tarifa social y si lo hace, la parte que entra en esa tarifa es muy baja”, por lo que el efecto no es significativo ante las nuevas tarifas, que por otra parte, aumentaron mucho más que en el caso del transporte público.
Por otra parte, el procedimiento para ser incluidos en la tarifa social en este caso es más complejo que en el del transporte público. A diferencia del caso del transporte, donde basta con nominalizar la tarjeta SUBE de uno, para recibir la tarifa subsidiada de energía hace falta acreditar una serie de cuestiones relativas al empleo, la tenencia de la vivienda y de otros bienes registrables, por lo que el impacto ulterior de la tarifa social y su universo aún no son claros.
Más aún en el caso del gas, en el que podría haber nuevos cambios a raíz de los procesos judiciales y la negociación entre el Gobierno Nacional y las provincias -que tendrá su nuevo capítulo mañana, cuando el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y su par de Energía y Minería, Juan José Aranguren, reciban a los gobernadores patagónicos por este tema?.
