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El empleo creció 8%, pero los puestos de calidad sólo 3%

Para el Observatorio de la Deuda Social de la UCA no hay crisis laboral, pero el contexto justifica una mayor protección al empleo.

24 mayo de 2016

Una preocupación por la “elevada y persistente” precariedad laboral. Esa es una de las ideas que aparecen con fuerza en el último informe elaborado por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Según el trabajo coordinado por Eduardo Donza y Agustín Salvia, durante el período 2010-2015 el empleo total se expandió 8%, pero se incrementó sólo 3% la cantidad de puestos de trabajo de calidad. Por otro lado, y en línea con las señales de alerta lanzadas por la Pastoral Social, el estudio advierte sobre los riesgos de la estrategia oficial que apunta a esperar el “derrame” y señala que, si bien no existe una situación de crisis ocupacional, el contexto justifica una demanda de mayor protección al empleo.

 Según el informe, desde 2007- 2008 en el país se desaceleró la creación de empleo y especialmente del de calidad. En ese período, la propensión de la población a participar del mercado de trabajo se mantuvo prácticamente estable y la proporción de ocupados aumentó en forma “levemente significativa”, lo que generó que, al final del período, 9,4% de las personas que concurrían al mercado de trabajo no consiguieran empleo (1,8 millones). De todos modos, si bien este hecho es preocupante, para el observatorio de la UCA, uno de los problemas más serios del escenario laboral es la precariedad laboral, que puede agravarse si el gobierno de Mauricio Macri se equivoca en la elección de las políticas económicas.

Entre 2010 y 2015, el empleo total se expandió 8% pero se incrementó sólo 3% la cantidad de puestos de trabajo de calidad (pleno de derechos laborales), disminuyó en 5% el número de empleos precarios y aumentaron 80% los ocupados en subempleos inestables. Este fuerte incremento, originado principalmente por las políticas de empleo contracíclicas de generación de puestos de trabajo transitorios, es lo que para los investigadores limitó los niveles de desocupación “en un contexto de falta de inversión productiva y de ausencia de creación de empleo genuino”.

El informe revela la profunda segmentación del mercado de trabajo, donde existe un sector microinformal fuertemente asentado. Desde 2010, la proporción de ocupados en este sector incrementó alcanzando, en 2015, al 53,9% de los ocupados (9,4 millones). En el mismo año, los ocupados en el sector público representaban 15% del total (incluyendo tanto a los trabajadores de la órbita nacional, provincial y municipal, como a los desocupados que contraprestan en las políticas contracíclicas de programas de empleo directo). Solamente 31,1% de los ocupados en 2015 realizaban actividades en el sector formal. “Este es uno de los principales desafíos para las nuevas políticas a implementarse: la generación de puestos de trabajo de calidad que sean genuinos, sustentables en el tiempo y basados en el crecimiento real de la economía”, señalaron.

En cuanto al empleo de baja calidad, el informe revela que es altamente diferencial según el sector de ocupación. En 2015 se encontraban en esta situación el 82,2% de los trabajadores del sector microinformal, mientras que sólo el 20,5% de los del formal y el 12,1% de los ocupados en el sector público. Esta distribución se modificó levemente entre 2010 y 2015 a favor de los trabajadores del sector público y del segmento informal, mientras que aumentó en el caso del sector formal. Sin embargo, en términos generales, la población ocupada en puestos precarios o subempleos pasó de 50,4% a 52,5%.

“La actual coyuntura económica agrava especialmente la situación socio laboral de los sectores cuyas actividades están fuertemente vinculadas con el nivel de actividad y el consumo en el mercado interno”

Según el sondeo, la escasa creación de empleo genuino fue percibida por los trabajadores y se convirtió en preocupación ante la posible pérdida del empleo. Desde el año 2010, ocho de cada diez trabajadores ocupados consideran que si dejan o pierden su trabajo no conseguirán fácilmente uno mejor o similar al que poseen.

Respecto a los últimos meses, el informe señala que “la actual coyuntura económica agrava especialmente la situación socio laboral de los sectores cuyas actividades están fuertemente vinculadas con el nivel de actividad y el consumo en el mercado interno”. En particular, destaca la situación de el 20% de hogares sin vinculación alguna con la seguridad social ni con los programas de asistencia pública. “Son ellos fundamentalmente los nuevos pobres que se ven fuertemente afectados por el aumento del costo de vida, los servicios públicos y el transporte, así como por la caída de nivel de actividad y eventualmente el desempleo, sin disponer de representación gremial o de compensaciones como los aumentos salariales formales, el salario familiar o las tarifas sociales”, concluye.

Para el observatorio de la UCA, la administración de Cambiemos apuesta a alcanzar soluciones en la lucha contra la pobreza a través de un “régimen de mayor libertad económica y seguridad jurídica, a partir de lo cual confía en lograr un derrame de inversiones, empleo y bienestar”, pero advierte que “crear las condiciones para dar lugar al esperado derrame implica atravesar ?a juicio del Gobierno? una tan dolorosa como inevitable transición”. En este marco, el estudio añade que el Gobierno impulsó “medidas de alivio social” a fin de reducir el riesgo de obturar la paz social, pero cuestiona que mientras se espera que surtan efecto “algunos actores, en particular los empresarios empoderados pudieron, una vez más, protegerse frente a la incertidumbre aumentando precios, aun a pesar de la caída del consumo y la creciente recesión”. Es a partir de entonces que los investigadores denuncian que “la estanflación especulativa” sigue siendo la moneda de cambio “de un empresariado nacional con escasa gimnasia capitalista”.

Frente a este escenario, el informe agrega que los dirigentes sindicales negociaron “salarios reales a la baja buscando cubrirse del espanto en materia de desempleo”. “De ahí lo que parece ser una demanda legítima de mayor protección al empleo ?concluyen?, aunque todavía no exista ni llegue a existir una crisis ocupacional”.

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