Comenzó a discutirse en la Cámara de Diputados el “programa de reparación histórica” anunciado por el presidente Mauricio Macri el viernes último y enviado por el Ejecutivo. Aunque todavía resta conocer la letra chica del proyecto. La iniciativa, que tiene como objetivo principal saldar la deuda del Estado con buena parte de los jubilados y la actualización de sus haberes, ingresa hoy a la Cámara Baja y empezará a ser tratada en comisión a partir del jueves. El Gobierno pretende un tratamiento en tiempo récord, pero primero debe conseguir consenso en su interbloque, en el que ya se oyeron disidencias.
La ley ómnibus contempla el pago a los jubilados que tienen sentencia firme, a los que no y también a quienes no iniciaron juicio. Además, incluye la recomposición de los haberes mal liquidados en los últimos años y la creación de una pensión universal a la vejez. El financiamiento surgirá de los intereses que se cobren por el blanqueo de capitales y de las utilidades del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Este fondo está integrado por el 15% de la coparticipación que se les retiene a las provincias. Por otra parte, pretende derogar la ley que prohíbe la venta de acciones de la Anses en empresas privadas, lo cual no significará que se produzca una inmediata venta de esas participaciones para solventar el pago a los juicios.
El financiamiento surgirá de los intereses que se cobren por el blanqueo de capitales y de las utilidades del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
Cambiemos adelantó que a los plenarios de comisión de Presupuesto y Hacienda y Previsión y Seguridad Social participarán, entre otros, el titular del AFIP Alberto Abad, el director de la Anses Emilio Basavilbaso y Mario Quintana, vice jefe de Gabinete.
Recorrido
El jefe del bloque del PRO en Diputados, Nicolás Massot, adelantó que buscarán un tratamiento rápido y espera que se apruebe en “30 o 40 días”. Aclaró que esto podrá postergar ciertos debates. En cuanto al blanqueo, sostuvo que “en el proyecto original está incluido todo el mundo, producto de que no interrumpe ningún proceso judicial”. Pese a la discusión de los detalles del paquete, el jefe del bloque confirmó que hoy entraría a mesa de entrada de la Cámara Baja. La UCR le exigía, en la tarde de ayer, quitar a los funcionarios públicos del blanqueo. Según pudo averiguar El Economista, suponía que ese aspecto podría ser un punto vulnerable en el debate con la oposición, entre otras cosas, porque en el anterior, impulsado por el kirchnerismo, no estaban incluidos. Sin definiciones respecto de esta cuestión al cierre de esta edición, los radicales se habrían ido con una sensación favorable a su punto de vista.
En la misma posición se encontraba la diputada Elisa Carrió, que exigió que “los funcionarios de los tres poderes del Estado y de todos los niveles de administración, así como los contratistas y concesionarios del Estado y las personas imputadas en delitos contra la administración pública, deben quedar excluidas del beneficio de la Ley de Blanqueo propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional ya que constituiría un acuerdo de impunidad”. Según el comunicado que dió a conocer, esta posición coincide con la postura que su espacio tuvo en los anteriores blanqueos y sería “innegociable”.
Este punto se discutía ayer en Casa Rosada y es parte de la letra chica que se conocerá una vez presentado el proyecto. Asimismo, el FpV y el bloque justicialista adelantaron que la discusión más dura estará en el financiamiento del proyecto, ya que protegerán los fondos de la Anses.
Donde está previsto que haya mayor consenso y menos modificaciones es en el pago de los juicios a los jubilados, la recomposición de sus haberes y la creación de la pensión universal de vejez. Aunque el oficialismo cree que se podrá debatir, por ejemplo, la retroactividad, prevista para cuatro años.
En el debate que habrá en el Senado, en unas semanas y si todo prospera como el Gobierno espera, los gobernadores ya enviaron señales positivas de acompañamiento, lo que indicaría un panorama favorable para la discusión en esa Cámara. Una vez superada la instancia legislativa, Basavilbaso señaló que las oficinas de la Anses atenderán 100.000 casos por mes, lo que llevará dos años resolver la situación de 2.400.000 jubilados.
