La imagen con la que el PRO más le gusta pensarse es aquella de la madrugada del 31 de marzo pasado, la de la discusión del acuerdo con los fondos buitres en el Senado. Rostros satisfechos luego de trece horas de debate en el recinto y de muchas negociaciones tejidas en una larga previa. Con 54 votos a favor del proyecto oficial y tan sólo 16 en contra. Con apoyos inesperados y la irrupción de los contornos de una coalición de gobierno con acuerdos parlamentarios más amplios de lo vaticinado poco antes. Los 165 votos a favor en Diputados, dos semanas antes, contra un lejano 86, habían preparado el terreno. Y ya representaban algo más que una media sanción.
Esa imagen resulta más distante por estos días. Algo borrosa. No porque se hayan producido fricciones en el interbloque propio, el de Cambiemos. Ni porque el Ejecutivo haya resignado la posibilidad de volver a establecer acuerdos amplios con otras fuerzas. Sí porque el Gobierno vuelve a caer en la cuenta de cuán coyunturales, parciales y específicas resultan esas trabajosas negociaciones. Más aún en un contexto donde se perciben algunas consecuencias concretas de sus políticas de “sinceramiento” y los diferentes actores del sistema políticos se ven más compelidos a ofrecer respuestas a viejas y nuevas demandas. El caso de la llamada ley antidespidos o de emergencia ocupacional, con los debates cruzados de estos días, estuvo atravesado por estas cuestiones.
Con costos concretos para el oficialismo, eventuales y algunos ya presentes. Y para Mauricio Macri, en especial. Sobre todo, si el proyecto prospera en ambas Cámaras y, como ya dejó trascender, se ve “obligado” a vetarlo, como está facultado a hacerlo. Pero también puede ser costoso para otros espacios. El de Sergio Massa, por ejemplo, atravesado por discusiones internas respecto de si resulta beneficioso o no para conservar los niveles de empleo y respecto de si el bloque del Frente Renovador en Diputados (numeroso, por cierto) debe o no votarlo. La presencia de legisladores de extracción sindical, como Facundo Moyano, uno de los promotores del proyecto, y de otros de extracción empresaria, como José Ignacio de Mendiguren, como referentes de esas divergencias, no permite que, cuando el proyecto llegue a Diputados, el massismo pueda tener una postura uniforme. Y la propuesta “superadora” para compensar a las pymes que generen trabajos, en clave oposición constructiva, no logró restañar la discusión.
Caso contrario es el del peronismo, fragmentado desde la salida del gobierno y con liderazgos territoriales que no pueden convertirse en ascendencia nacional. El apoyo al proyecto “antidespidos” parece más extendido y contribuyó a unificar criterios. El pronunciamiento en favor de José Luis Gioja y Daniel Scioli, flamantes autoridades partidarias, habla de eso. También el apoyo de ciertos actores que habían marcado disidencias respecto del bloque del Frente para la Victoria o el núcleo duro del kirchnerismo. Y también el del sindicalismo.
Las controversias respecto del número de despidos, respecto de la naturaleza de los mismos y respecto del futuro del mercado de trabajo lograron algo que hace rato no era posible: sentar a una misma mesa a los dirigentes sindicales de las cinco corrientes en las que desde unos años se divide el sindicalismo argentino. Con pretensiones de hacerse escuchar. Abiertos a negociar con el Gobierno nuevas condiciones en la relación. Aunque esquivos a que el deterioro del poder adquisitivo de sus representados pueda traerles inesperados dolores de cabeza. La movilización programada para mañana viernes y la amenaza de huelga general si Macri veta la ley marcaron el tono. Y el horizonte de conflicto.
