En el anexo de la Cámara de Diputados, pasado el mediodía de ayer, fue aprobado por mayoría el dictamen del proyecto de ley de Acceso a la Información Pública, promovido por el Poder Ejecutivo. La sesión será el 4 de mayo. Fue tratado por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto que presiden los macristas Pablo Tonelli y Luciano Laspina respectivamente. Tuvo un consenso ?casi? general, apoyado por el FpV, el Frente Renovador y el Bloque Justicialista. La única disidencia surgió del Diputado por la izquierda Néstor Pitrola, que presentó un dictamen por la minoría. Adrián Pérez, secretario de Asuntos Públicos del Ministerio del Interior, fue el encargo por el Gobierno en impulsar la Ley.
Aspectos generales
Según el proyecto presentado por el oficialismo, los principales argumentos de la ley consisten en “la entrega de información a todas las personas que lo soliciten, en condiciones de igualdad”. El procedimiento debe ser gratuito y exige además, que sea accesible en formatos electrónicos abiertos. Están obligados a brindar información pública: el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, el Ministerio Público Fiscal, Concejo de la Magistratura, empresas y sociedades en las cuales el Estado Nacional tenga participación, partidos políticos, sindicatos, universidades y cualquier entidad privada a la que se le hayan otorgado subsidios o aportes del Estado. El plazo para responder la solicitud de información requerida es de quince días hábiles, con posibilidad de prorrogar por quince días más en forma excepcional.
El proyecto propone la creación de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Funcionará como ente autárquico con autonomía del ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, según el proyecto original. El director del organismo estará en el cargo por cinco años, con una sola posibilidad de reelección y será designado por el Ejecutivo Nacional mediante un “procedimiento de selección público, abierto y transparente”.
Excepciones
La ley podrá exceptuarse de proveer cierta información cuando por ejemplo, se trate de información calificada como reservada o confidencial o secreta, por razones de defensa o política exterior, que pudiera poner en peligro el funcionamiento del sistema financiero o bancario, así como también secretos industriales, comerciales, tecnológicos cuya revelación pudiera perjudicar el nivel de competitividad o intereses.
Karina Banfi, diputada por la UCR que trabajó durante muchos años por el tratado de ley, se sintió muy conforme por los debates realizados y señaló que no hay disidencia en “cuestiones de fondo”. Por su parte, la diputada del FpV Diana Conti, “el proyecto supera incluso los estándares internacionales en la materia, es un buena ley”. “El decreto de Néstor fue muy bueno pero lo hizo solo del Ejecutivo, esto abarca los tres poderes es muy bueno es un salto cualitativo depende como el poder judicial y legislativo lo cumplamos”, indicó Conti, en referencia al decreto emitido por el ex presidente en el 2003, que obligaba al Poder ejecutivo y sus dependencias a entregar la información pública requerida.
En otro orden de cosas, a partir del lunes, el Ministerio de Modernización, ofrecerá desde su sitio web, todas las declaraciones juradas del patrimonio de funcionarios públicos de todos los poderes.
