Por Pablo Mira (*)
En su apresuramiento por solucionar todos los problemas económicos de una vez, el Gobierno está produciendo resultados no deseados. La batalla más importante refiere a la inflación, pero en este frente aún contamos con demasiadas bajas y muy pocas medallas. Pese a ocupar un lugar relevante en la agenda gubernamental, a esta altura del año la inflación estimada a abril acumula casi 20% en la Ciudad (a nivel nacional es algo menor), y pocos arriesgan una inflación inferior al 35% para todo 2016. ¿Qué está sucediendo?
Lo primero que debe entenderse es que la lucha contra la inflación en Argentina no es un asunto que se resuelva en el corto plazo. Las expectativas inflacionarias de empresarios y sindicatos están firmemente ancladas, y es difícil ver quién será el primero en ceder durante las negociaciones. En estas circunstancias, la apuesta al shock de credibilidad (anunciar que se trabajará duro contra la inflación) o a la pura contracción monetaria, difícilmente logran resultados inmediatos, a no ser que estén intermediadas por una brusca contracción de la actividad, mucho mayor a la actual.
Pero, además, la inflación depende del tipo de cambio y de las tarifas, como acabamos de confirmar en la práctica una vez más durante los últimos meses. El empeño por corregir ya mismo estos dos precios relativos produce un conflicto entre ambos objetivos de política: en una economía donde los precios relativos siempre ajustan a la suba, su corrección abrupta tiene consecuencias inevitables sobre la inflación. De hecho, la inflación “núcleo” (que no incluye tarifas) no desacelera. El promedio del primer trimestre fue 3,5% por mes, y ya se acumuló 11% (un ritmo equivalente al 52% anual), y la inflación anual de marzo fue 36%.
Si bien se espera una reducción en estos aumentos, es muy difícil que la inflación núcleo del año finalice con una suba inferior al 30% anual (equivalente a 35% promedio). Si bien la solución simultánea de los problemas de inflación y precios relativos no es un asunto trivial, hay herramientas que no se han tenido suficientemente en cuenta, seguramente por renegar de su carácter “heterodoxo”. En una economía en la que enfrentamos un problema de coordinación de precios, la acción directa sobre fijadores de precios para evitar el traslado de la suba del dólar y de las tarifas debió haber sido un instrumento central para enfrentar este dilema. No hablamos aquí de “formadores de precios” que fijan el nivel de markup que se les ocurre, sino de actores con capacidad de definir el grado de pass-through de una devaluación. Sobre ellos es que se debió haber actuado a tiempo.
El objetivo de negociar con las grandes firmas no es el control puro de precios, sino eludir dos dinámicas potencialmente problemáticas. Primero, evitar el sostenimiento de márgenes en dólares por parte de las firmas, que debería caer para que la devaluación tenga éxito. Segundo, limitar los típicos efectos de segunda vuelta que caracterizan al traspaso automático a precios de una devaluación o de las subas de tarifas, que requerirían nuevos ajustes en el futuro. Al confiar excesivamente en los mecanismos de estabilización automáticos de la política monetaria, nos podemos quedar finalmente con el escenario menos deseado: una economía estancada con una inflación que no se resigna.
(*) Economista
Los nuevos holdouts reclaman
Un grupo de pequeños acreedores que no ingresaron al acuerdo para salir del default presentaron un escrito ante el Ministerio de Hacienda y Finanzas en el que solicitan el país mejore la oferta. “El tratamiento de este Gobierno no es equitativo con nosotros. Aspiramos a reunirnos y que mejoren la oferta”, dijo Angélica Bergonzi, presidenta de la Asociación de Damnificados por la Pesificación y el Default (ADAPD).
