La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no pudo lograr uno de los objetivos que se había propuesto antes de partir de nuevo al Sur, luego de diez días de actos públicos, reuniones con diputados y senadores, encuentros con referentes de la cultura y retorno a la visibilidad mediática. El juez federal Sergio Torres le negó ayer la posibilidad de ser querellante en la “contradenuncia” por la venta de dólar a futuro que impulsaron varios diputados del Frente para la Victoria, cuando su Cristina prestaba indagatoria por ese caso ante el juez Claudio Bonadio.
En su resolución, Torres aseguró que “tras el análisis de las constancias obrantes en autos y más allá del actual criterio amplio de legitimación, no se ha acreditado hasta el momento por parte de la señora Cristina Fernández de Kirchner un daño directo y real con el presunto delito denunciado, que permita hacer lugar al pedido” formulado en este expediente. Pero, además, el juez advirtió que “debe tenerse presente” que mientras en esta causa quiere ser tenida como “pretensa querellante” en el expediente que instruye el juez Bonadio, la ex jefa de Estado “detenta el carácter de imputada”.Respuesta
Se trata del primer pronunciamiento de Torres en la acción que impulsaron diez diputados del Frente para la Victoria: Héctor Recalde, Diana Conti, Luis Cigogna, Carlos Moreno, Nilda Garré, Juliana Di Tullio, Carlos Kunkel, Teresa García, Marcos Cleri y Rodolfo Tailhade. En la presentación los legisladores argumentaron que el pago de los contratos de dólares a futuro fue realizado por la actual conducción del Banco Central y autorizados por el propio Bonadio luego de la devaluación llevada adelante por el Gobierno de Cambiemos, tras la renuncia de Alejandro Vanoli. Entonces los diputados denunciaron penalmente al presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y al propio Bonadio.
Los acusaron de los delitos de “defraudación contra la administración pública”, “abuso de autoridad”, “violaciones de los deberes de funcionario público”, “estafa procesal” y “privación ilegal de la libertad”, además de achacarle prevaricato al magistrado. El fiscal Jorge Di Lello había hecho lugar pidiendo una serie de medidas. Entre otras cosas, solicitó que la expresidenta sea escuchada en calidad de testigo por Torres, al igual que todos los funcionarios que presidieron el Banco Central del 2007 en adelante, los economistas Juan Carlos De Pablo, Aldo Pignanelli y Roberto Lavagna, los periodistas Roberto Navarro, Iván Shargrodsky y Jorge Asís; el actual ministro de Economía y Finanzas, Alfonso Prat-Gay y el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
Los acusaron de los delitos de “defraudación contra la administración pública”, “abuso de autoridad”, “violaciones de los deberes de funcionario público”, “estafa procesal” y “privación ilegal de la libertad”
Rechazo
La expresidenta, en este marco, había pedido ser querellante en el expediente, pero ahora el juez Torres le denegó esa aspiración y le recordó que está imputada en la causa que instruye Bonadio, en la que están acusados el ex presidente de Banco Central, Alejandro Vanoli, y el ex ministro de Economía Axel Kicillof. La exmandataria insistió en pedir el apartamiento de Bonadio en esa causa ante la Cámara Federal ?que ya había rechazado un reclamo similar de otro imputado?, mientras que lo denunció en el Consejo de la Magistratura.
