(Columna de Facundo Matos Peychaux)
Acercar posiciones con los gobernadores es una prioridad del Gobierno Nacional desde el primer día. Con una porción minoritaria de los ejecutivos provinciales y escasa representación propia en el Senado, el macrismo necesita de los gobernadores y los legisladores que responden a ellos para llevar adelante su agenda legislativa y de gobierno.
Asimismo, un acercamiento a las provincias le permite a Mauricio Macri paliar la imagen que una parte de la población tiene de que gobierna para las clases altas y el centro del país, donde más votos recibió. Y al mismo tiempo, aísla al kirchnerismo, cada vez más distanciado de los gobernadores peronistas.
Pero además, el enfoque elegido responde a una genuina visión de que los mandatarios provinciales no deben ser adversarios ni contrincantes del Gobierno Nacional sino socios en la solución de problemas que son comunes a ambos niveles en muchos casos. No por casualidad, la mayoría de los gobernadores inauguraron las sesiones legislativas de sus provincias con discursos anclados a la “herencia”, al igual que el Presidente.
Para que las provincias salgan adelante es necesario que lo haga también Nación y viceversa, argumenta el Gobierno. Vale tanto para la meta de reducir el déficit fiscal como para la de bajar el gasto público o recuperar el acceso al crédito, desafíos que deben enfrentar tanto los gobernadores como la Casa Rosada.
Por todo ello, el macrismo entendió que debía empezar a saldar las demandas por las que las provincias vienen presionando hace años: la quita de retenciones a las economías regionales, el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad y sobretodo, la reapertura de la discusión por los fondos que Nación cede a las provincias.
Todo indica que el acuerdo con los holdouts será aprobado sin inconvenientes por el Senado. Si eso ocurre, será la primera prueba de que el camino recorrido por el Gobierno en su relación con los gobernadores empieza a dar sus frutos y se prueba acertado.
