(Columna de Matías Carugati, economista jefe de Management & Fit)
La economía no está atravesando un buen momento. A causa del apagón estadístico, el impacto de la política económica sobre el nivel actividad sólo puede inferirse gracias a indicadores relacionados. Por ejemplo, la recaudación tributaria, que en febrero cayó 5% anual en términos reales. La dinámica de crecimiento, que venía resentida en los últimos años, se debilitó aún más debido a la caída del consumo y el comienzo de la consolidación fiscal. El menor empuje por parte de estos componentes de la demanda agregada no está siendo compensado por las exportaciones o por la inversión.
Varios indicadores del consumo, principal motor económico, apuntan hacia abajo. Por caso, la recaudación por IVA-DGI cayó 5% anual el mes pasado, frente a una suba de 3% para todo el 2015. Otros indicadores muestran una dinámica similar. El volumen de ventas en comercios minoristas relevado por CAME profundizó su caída, cuando en 2015 había evidenciado una leve suba. Por otro lado, el ritmo de expansión de los préstamos al consumo se está desacelerando tanto en términos nominales como reales.
Las razones detrás de la caída del consumo son conocidas. Hasta tanto las paritarias no empujen el bolsillo de los trabajadores, la combinación de “precios nuevos con salarios viejos” restará fuerza al consumo. Este fenómeno ocurre todos los años en la misma época pero en 2016 se potencia por la devaluación y la suba de tarifas. Por otra parte, sostener el patrón de consumo vía crédito se ha vuelto más difícil debido al incremento en las tasas de interés. El deterioro reciente de las expectativas (reflejado en nuestras propias encuestas) tampoco ayuda ya que aumenta la cautela en las decisiones de gasto y, a nivel macro, debilita el consumo.
Aunque la foto muestre un panorama deteriorado es más importante entender cómo sigue la película. En este sentido, los próximos meses serán complicados en materia de actividad. El proceso de ajuste de precios relativos (al dólar y la electricidad le seguirán gas, agua y transporte) promete mantener tonificada la inflación, afectando el consumo. Si bien las exportaciones encuentran en la depreciación, quita de retenciones y remoción de barreras un fuerte estímulo, la evolución de la demanda externa no es favorable.
Por su parte, las inversiones comenzarán a realizarse (en el mejor de los casos) a partir del segundo semestre, dilatando su efecto sobre la economía. Su implementación depende no sólo de lograr una baja efectiva del costo del capital sino también de reducir la incertidumbre. Por último, el impulso fiscal perderá potencia dado que el objetivo del Gobierno es achicar el déficit.
El acuerdo con los holdouts ofrece una oportunidad de salir del laberinto por arriba. El Gobierno espera a que el nivel de actividad repuntará a partir del segundo semestre, cuando la moderación de la inflación apuntale el consumo, la baja de tasas y el mejor clima de negocios estimulen la inversión y la mejora de la competitividad empuje las exportaciones. Sin embargo, este escenario depende de varios supuestos: (1) que el déficit fiscal deje de financiarse con emisión; (2) que, con el fin de la dominancia fiscal, la política monetaria sea efectiva contra la inflación; (3) que las tasas de interés cedan al compás de una inflación más baja; (4) que se implemente una política fiscal sustentable y creíble, y (5) que, con la economía inmersa en un proceso de resolución de sus desequilibrios, el sector privado responda aumentando la inversión. Si la primera ficha se cae el margen de maniobra es tan acotado que difícilmente el gradualismo pueda alcanzar el éxito.
La importancia del acuerdo con los holdouts reside en que permitiría acceder a los mercados en monto suficiente y a una tasa más razonable. Cerrado el litigio, dependerá del Gobierno hacer que este último y crucial supuesto se transforme en realidad. Pero el éxito no depende de una única “bala de plata” sino de tomar decisiones correctas en materia monetaria, cambiaria y fiscal.
