Desde hace unos años el curso de la economía argentina ha evidenciado incertidumbre respecto a sus variables fundamentales. Mientras que los años precedentes al segundo mandato de Cristina Kirchner estuvieron caracterizados por un fuerte crecimiento del PIB con superávit de las cuentas externas y del sector público, desde 2011 dicha dinámica se transformó en estancamiento con inflación y déficit que limitan la gestión de política económica. A su vez, la crisis financiera internacional y la desaceleración del crecimiento de determinados países como China configuraron un contexto desfavorable para los países exportadores de materias primas como Argentina.
Este contexto demanda observar sucintamente algunos aspectos de nuestra economía relacionados al estancamiento con inflación actual que, ante una política económica inefectiva, puede situarse en una fase divergente para luego llegar a una fase de crisis.
En ese sentido, es necesario un diagnóstico económico desde una perspectiva sistémica y aleccionadora. Esto, a su vez, es transcendental al momento de gestionar políticas de estabilización, pues los elementos que determinaron y, eventualmente, amplificaron los desequilibrios actuales son, en su mayoría, sobre los que hay que efectuar, directa o indirectamente, las modificaciones necesarias. Entre ellos se encuentran un programa monetario y fiscal estabilizador en lugar de acomodaticio al contexto predominante y la formación de precios en escenarios de distorsiones.
Desde este punto, es importante notar que medidas que favorecen a ciertos sectores económicos generalmente desfavorecen a otros sectores: redistribuir recursos en una economía distorsionada no es neutral. En efecto, la discusión sobre shock versus gradualismo de la política económica se ha tornado de actualidad.
Sin embargo, desde esa perspectiva notamos otro aspecto de importancia al observar la interacción micro-macro: los efectos generados por una política económica determinada sobre las expectativas de los individuos (trabajadores y empresarios) conforman uno de los aspectos más relevantes al momento de gestionar una salida de un ciclo contractivo como en el que se encuentra la economía argentina. En consecuencia, parece razonable pensar que las expectativas que determinan decisiones en un momento dado están determinadas por experiencias del pasado inmediato, es decir, cierta adaptación respecto al conocimiento del pasado en lugar de conjeturar la perfecta racionalidad en las mismas.
Esto parece evidente en nuestra experiencia reciente: si nos situamos algunos años precedentes a modo introspectivo, para muchos ciudadanos era difícil prever los resultados de la última elección presidencial y el estado actual de la economía. A la luz de lo sucedido, es evidente pensar en algunas inconsistencias de la política económica a través de las cuales el crecimiento económico pudo situarse en equilibrios inestables o pseudoequilibrios (argumento de Daniel Heymann y Pablo Sanguinetti: 1998) validados por las expectativas y las limitaciones naturales de los agentes.
Es claro, entonces, que las expectativas respecto a un determinado acontecimiento determinan decisiones y valoraciones sobre la actualidad. Por lo tanto, estabilizar un sendero de contracción requiere un acuerdo de distintos sectores de la economía en aras de lograr mecanismos de coordinación sobre expectativas y brindar cierta certidumbre; aspectos fundamentales para los mecanismos de transmisión de la política económica. Sin caer en el ejercicio erróneo de extrapolar resultados sociales, en otros países este camino ha establecido horizontes de convergencia respecto a los objetivos propuestos. En este sentido, no sólo el ajuste de tarifas de servicios públicos parece un camino necesario, sino que el ajuste debe observarse en el campo de los formadores de precios: el sector público a través de la cantidad de dinero y gasto público y, por otro lado, los agentes que intervienen entre los establecimientos productivos y la oferta final de bienes y servicios.
Una política económica orientada a anclar expectativas sobre distintas variables económicas tiene limitaciones. Uno de ellas es la credibilidad temporal del programa. Los hacedores de poltica deben monitorear el cumplimiento de los objetivos con criterios de prudencialidad como los que se han sugerido desde la denominada perspectiva macro y microprudencial. Esto agrega el costo de arribar a fases magras de crecimiento y generación de empleo. No obstante, el escenario de sobreexpansión de la demanda agregada de años precedentes otorgaría margen para evitar esa fase de posible austeridad ineficaz.
Por lo tanto, si se requiere maximizar el éxito de un plan estabilizador, la mejor estrategia es estabilizar las expectativas de los agentes hacia objetivos comunes con criterios para diversificar los costos de la desinflación de la economía. De lo contrario, el camino será aún más duro y con resultados inciertos.
