Empleo: un mal comienzo

En el primer bimestre hubo más de 107.000 despidos en el sector público y privado

14 de marzo, 2016

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(Columna de Delfina Torres Cabreros)

Un informe de la consultora Tendencias Económicas y Financieras reveló que en lo que va del año se produjeron más de 107.000 despidos, tanto en el sector público como en el privado. El número –construido a partir de casos denunciados por sindicatos y publicados en diarios de Buenos Aires y el interior– deja en evidencia un comienzo de la gestión macrista accidentado en el plano laboral, que se complejiza aún más cuando se conjuga con otros datos, como el que da cuenta de la baja expectativa de los ejecutivos de contratar nuevos empleados en los próximos meses. De todos modos, hay quienes sostienen que la situación actual responde a un período de “transición” y que con el correr de los meses se podrá comenzar a advertir el repunte de los indicadores. Mientras tanto, los trabajadores, agrupados en sus respectivos gremios, hacen escuchar sus reclamos.

Según el informe, realizado por la consultora que dirige el economista José Luis Blanco, durante el mes de febrero “los despidos sumaron 65.799 personas y superaron a los de un año atrás en 72 veces”. En enero ya habían registrado 41.900 cesantías, lo que suma 107.699 despidos en los primeros dos meses del año.

Pese al discurso oficial que viene acompañando los despidos, que alega un saneamiento de “ñoquis” al interior del Estado, el informe dejó ver que “el grueso de los despidos” corresponde al sector privado: de los 65.799 despidos registrados en febrero, sólo 10.600 corresponden al sector público.

Blanco, que realiza este estudio desde 1986, explicó que “el problema está bastante localizado, porque el 80% de los despidos pertenece al sector de la construcción y mucho de esto ocurre porque (los gobiernos) han parado obras públicas desde mayo de 2015 por falta de pago”. En efecto, según los datos del informe, de los sectores de la economía más afectados por estos números la construcción se encuentra a la cabeza, con 84% del total de bajas, seguido por actividades relacionadas con las autopartes, el petróleo, el comercio y la minería.

“El Gobierno tuvo que empezar a ordenar el frente externo, y una de las principales cosas que tuvo que hacer fue devaluar. La devaluación da una mejora en la competitividad en el mediano plazo, pero en el corto plazo tenés que soportar algunos costos. El principal es una aceleración de la inflación que se suma a una inflación inercial ya de por sí alta. Esto en un contexto en el que todavía no ingresan capitales. Por el otro lado, la aceleración de la inflación impacta en el consumo. Esa caída en el consumo se va trasladando a una caída en el nivel de actividad y de a poco el empleo lo empieza a sentir”, explica a El Economista Martín Polo, economista jefe de Analytica.

De todos modos, Polo señala que no es “alarmista” en cuanto al pronóstico a futuro. Asegura que es posible que pueda verse un repunte en el mercado laboral sobre fin de año y, sobre todo, a partir de 2017. “Esto siempre y cuando este experimento (del Gobierno) de abrir la cuenta financiera y que lleguen capitales se traslade a la inversión y que no sea simplemente para financiar un déficit creciente del sector público”, aclara.

En sintonía con esta percepción de que se está atravesando un período de ajuste que podrá superarse en el mediano plazo pero no inmediatamente se encuentran los resultados de una encuesta realizada por Manpower a ejecutivos de 800 compañías del sector privado, que determinó que no habrá una mayor creación de puestos de trabajo hasta junio. Según la firma especializada en recursos humanos, el 78% de las empresas no prevé cambios en su dotación de personal, mientras que el 11% de los empleadores la incrementará y el 5% planea achicar la planta. El estudio concluye que la expectativa neta de empleo es +3%. Así, las perspectivas de contratación bajaron cinco puntos porcentuales en relación con el trimestre anterior, pero no presentan grandes cambios en la comparación interanual.

Con respecto a las actividades económicas, cinco de los nueve sectores relevados reportan interanualmente intenciones de contratación más fuertes, siendo la construcción el más destacado con una suba del 7%, pese a ser uno de los más castigados de estos meses. Las perspectivas mejoran en 6% para finanzas, seguros y bienes raíces y manufacturas. En contraposición, los planes de contratación se debilitan en los sectores minería (13%) y administración pública y educación (6%). El Gobierno, por su parte, se mantiene firme en su versión de los despidos y niega los números denunciados por los sindicatos. Trascendido el estudio de Tendencias Económicas, el ministro de Modernización del Estado, Andrés Ibarra, relativizó el alcance de los datos y argumentó que “son informaciones de encuestas no confirmadas”. Además, el funcionario insistió en que los estatales cesanteados por la gestión PRO son menos de 7.000.

El reclamo por los despidos es uno de los más fuertes de los expuestos por los trabajadores en estos últimos dos meses y ha generado medidas de fuerza casi a diario. Las centrales sindicales incluso analizan la presentación de proyectos de ley para frenar las bajas, estableciendo la doble indemnización o la obligatoriedad del procedimiento preventivo de crisis. Lo que ocurre es que la ola de despidos en las dependencias de Estado parece no haber llegado todavía a su fin.

La vicepresidenta Gabriela Michetti anticipó esta semana que echará del Senado a 1.500 personas o más, mientras que los trabajadores del programa Conectar Igualdad, encargado de la distribución y mantenimiento de notebooks a estudiantes de las escuelas públicas, denunciaron que tras los setenta primeros cesanteados, están en peligro los empleos de 1.000 trabajadores del programa a lo largo del país. También esta semana hubo reclamos por despidos en la Subsecretaría de Agricultura Familiar y por nuevas bajas en la Secretaría de Comercio. En Aerolíneas Argentinas, por otra parte, los trabajadores continúan en estado de alerta debido a la inminente puesta en marcha de un plan de ajuste.