(Columna de Facundo Matos Peychaux)
Sellar un acuerdo con los holdouts era una de las prioridades de Mauricio Macri para llevar a cabo su plan económico. Terminar con el capítulo de la deuda impaga significará, según la visión del Gobierno, la vuelta del país, las provincias, los municipios y las empresas al mercado de capitales, lo que le permitirá al Estado Nacional dejar de financiar el déficit fiscal con emisión -y por ende, bajar la inflación- y lograr una mayor reactivación económica, a través de mayores inversiones y créditos para los sectores productivos y los gobiernos nacional y provinciales.
Ese sendero, desde el anuncio del acuerdo alcanzado con los bonistas, está más cerca de poder concretarse.
Sin embargo, para que el acuerdo se lleve a cabo, el Congreso debe dar el visto bueno con la derogación de la Ley Cerrojo y la Ley de Pago Soberano, la aprobación del acuerdo alcanzado con los bonistas y la emisión de un bono para afrontar el pago antes de la fecha estipulada.
Desde el Gobierno, esperan lograrlo en el menor tiempo posible. Según los pronósticos oficiales, la media sanción en Diputados debería darse el miércoles 9 para darle giro inmediatamente al Senado, donde las perspectivas son algo más adversas para el oficialismo.
Voto por voto
Según el macrista Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados, "en el caso de los holdouts no va a haber problema" para alcanzar el quórum ni la mayoría necesaria para aprobarlo.
En la Cámara Baja, el PRO descuenta que logrará el quórum de 129 diputados gracias a las 92 bancas que suma el interbloque Cambiemos, las cuatro del interbloque Juntos por Argentina que lidera Darío Giustozzi, y los tres legisladores puntanos que responden a los Rodríguez Saá, más los 35 integrantes del Frente UNA, compuesto por el massismo y el peronismo federal, y eventualmente la presencia del Bloque Justicialista, que integran los 17 diputados que se fueron del bloque del FpV. Desde el FpV, con 81 bancas, y el FIT, con 3 legisladores, en tanto anunciaron que no bajarán al recinto.
A la hora de la votación, en tanto, la llave será el massismo, con quien el oficialismo tendrá que negociar, como sucedió ya en el caso de la votación en comisión de la derogación del DNU de coparticipación. Ante el anuncio del envío del proyecto, Sergio Massa ya adelantó que evaluará el proyecto en función del objetivo que tenga el endeudamiento. No obstante, la presencia de diputados del peronismo cordobés, pampeano y chubutense que responden a sus respectivos gobernadores, la presión para votar a favor será mayor. Por el mismo motivo, el Bloque Justicialista, muy vinculado a los gobernadores peronistas del FpV, también podría votar a favor de la iniciativa oficialista.
En cambio, donde el Gobierno encontrará mayores obstáculos es en el Senado, donde el peronismo sigue unido bajo un mismo bloque que concentra más de la mitad de las bancas de la Cámara Alta y el oficialismo tiene apenas alrededor de 17 senadores entre propios y aliados. Allí, no obstante, es muy chico el peso del kirchnerismo duro -que se opone al acuerdo con los fondos buitre- y el jefe de bloque, Miguel Angel Pichetto, no descarta dar acuerdo al proyecto, aunque pondrá seguramente reparos y condiciones.
En el Senado, el canal de negociación que utilizará el Gobierno serán fundamentalmente también los gobernadores, quienes se podrían ver beneficiados del regreso del país al mercado de capitales, lo que les permitirá tomar deuda a tasas más bajas, un aliciente nada desdeñable en un contexto de apretadas cuentas fiscales en las provincias.
