Avanza el diálogo entre Nación y las provincias

11 de marzo, 2016

Avanza el diálogo entre Nación y las provincias

Lentamente pero sin pausa, son cada vez más los gobernadores que suman su apoyo al acuerdo que alcanzó el Gobierno Nacional con los fondos buitre, que deberá aprobar ahora el Congreso, donde los mandatarios tienen una cuota de peso importante.

A los mandatarios del PRO (Horacio Rodríguez Larreta por la Ciudad de Buenos Aires y María Eugenia Vidal por la provincia homónima), se suman sus aliados radicales Gerardo Morales (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Ricardo Colombi (Corrientes), Alberto Weretilneck (Río Negro) y en la última semana, el socialista Miguel Lifschitz (Santa Fe), Omar Gutiérrez (del MPN neuquino) y casi todos los peronistas, con excepción de Carlos Verna (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa) y Alicia Kirchner (Santa Cruz), entre unos pocos. En total, el acuerdo ya concitó el apoyo de 18 de los 24 gobernadores, con peso sobre casi 30 senadores.
Las razones son varias. El acuerdo llega en un contexto en el que las provincias registran un estado crítico (en mayor o menor medida) de sus cuentas fiscales. Según NOAnomics, el déficit consolidado de las 24 provincias alcanzó en 2015 los $ 26.700 M (-0.5% del PIB). En ese marco, una buena relación con el Gobierno Nacional se impone como necesaria para los gobernadores. Más aún, cuando según la consultora que dirige Félix Piacentini, las provincias dedican entre 44% y 70% -según el caso- a Gastos de Personal, que son gastos más rígidos por el problema social que acarrean en caso de no poder afrontarlos o disminuirlos, y salvo por la Ciudad de Buenos Aires, ningún distrito alcanza a cubrirlos con ingresos propios. Por otro lado, la elevada presión tributaria les impide aumentar sus recursos propios a través de la vía impositiva, por lo cual, el endeudamiento se vuelve el único camino viable.
Desde el Gobierno, además, les aseguran que el endeudamiento se destinará a financiar infraestructura y actividad privada en las provincias, que luego beneficiará a los gobernadores a través de una mayor recaudación y un mayor empleo privado en sus distritos, lo que le restará presión al empleo público, que en los últimos años sirvió como