(Columna de Héctor Rubini, economista del Instituto de Investigaciones Económicas de la USAL)
Más allá de las exigencias presentes de estabilizar el nivel de precios y de coordinar expectativas, comienza a asomar rápidamente la necesidad de discutir o quizás de disponer de una hoja de ruta de las autoridades en relación con las políticas para volver a crecer.
Recuperar niveles perdidos de productividad, estándares de calidad en la provisión de bienes y servicios, acelerar la incorporación y modernización tecnológica exigirán, entre otras condiciones, una reasignación inevitable del gasto público. La experiencia reciente ha sido por demás clara: el subsidio explícito al consumo, e incluso a la compra de divisas para gastos en el exterior, no es coherente con una agenda seria de impulso a la inversión, mejoras de competitividad y crecimiento económico. Desde una visión hacia atrás de relativo largo plazo, el diagnóstico que han reiterado varios economistas como Alieto Guadagni, entre otros, es irrefutable: de ser un país autoabastecido en alimentos y en combustibles y energía pasamos a no disponer de alimentación suficiente para toda la población y a ser importadores netos de combustibles y energía (con deterioro de la infraestructura y cortes de servicio). El aislamiento financiero, que se resolvería a partir de un esperable acuerdo con los holdouts, durante más de una década borró a nuestro país de la agenda de destinos interesantes para la inversión extranjera directa.
Ahora bien, la tarea exige reconstruir incentivos de mercado, evitar manipulaciones abusivas de precios, y direccionar subsidios para los sectores más vulnerables. Las medidas recientes orientadas a relanzar la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, la elevación del Mínimo No Imponible al Impuesto a las Ganancias, la extensión de asignaciones familiares y la rebaja anunciada al IVA sobre una canasta básica de alimentos son decisiones acertadas en términos de equidad. Pero también ha de observarse que en términos fiscales tienen su costo. Esto sería, en principio, más que compensado con el ajuste de tarifas que proveería cierto ahorro fiscal neto, aunque a riesgo de propagar las presiones inflacionarias más que lo deseado por las autoridades.
El control de la inflación, ciertamente, es tan relevante como restaurar las buenas relaciones con el exterior, y avanzar en materia de seguridad jurídica para inversores locales y extranjeros. Esto requiere no sólo una hoja de ruta de largo plazo para un escenario posestabilización sino el avance en reformas que permitan consolidar la estabilidad de precios, tipo de cambio y tasas de interés. Caso contrario, no será fácil coordinar expectativas, recuperar previsibilidad y favorecer el alargamiento de los horizontes de planeamiento tanto de empresarios como de trabajadores. Por caso, si las autoridades desean desarrollar líneas de préstamos hipotecarios indexados, la baja de la inflación, y de la volatilidad de los precios e ingresos relativos, son cruciales para que dichas alternativas no terminen en un rotundo fracaso.
Un elemento a tener en cuenta es la inexistencia de un mercado de capitales líquido, profundo y en crecimiento. Ciertamente la recuperación de la percepción de seguridad jurídica juega un rol central para reavivar el mercado de bonos y acciones. Ahora bien, el mismo no es sólo necesario para contribuir a diversificar (y abaratar, de ser posible) los costos para acceder a financiamiento. También lo es para dotar a la autoridad monetaria de un mercado en el que sepuedan realizar operaciones de mercado abierto. Por ejemplo, en un eventual régimen de metas de inflación, contra Letras del Tesoro más bien que contra deuda del propio Banco Central. También donde el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) pueda colocar obligaciones u otros papeles que permitan captar fondos para préstamos en gran escala. Ciertamente, no es de descartar que las autoridades tengan en mente algún proyecto en ese sentido. Los pasos iniciales que se intentaron dar en los años '90 quedaron truncos luego de cierto desinterés de algunos funcionarios de turno, y los avances en la era posconvertibilidad han sido por lejos insuficientes. Ciertamente, un mercado líquido, profundo y de bajo costo permitiría a empresas mixtas, e inclusive a bancos estatales como el Banco de la Nación, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, o el Banco Ciudad, a abrir parcialmente su capital accionario y flotar en Bolsa.
Ciertamente la reasignación de subsidios con criterios de eficiencia y sin descuidar la solvencia fiscal es condición necesaria para la normalización de la economía argentina. Sin embargo, se requiere, además de combatir la inflación para contar con un tipo de cambio real alto y competitivo, reducir el costo de financiamiento tanto por canales bancarios como no bancarios. El desarrollo de un mercado de capitales propio es una tarea pendiente cuyos efectos positivos, hoy por hoy, no admiten discusión alguna.
