(Columna de Matías Carugati, economista jefe de Management & Fit)
En la antesala de las paritarias los sindicatos comenzaron a fijar posiciones respecto a los aumentos salariales. El punto de partida lo marcan las alzas y bajas experimentadas por el bolsillo de los trabajadores en los últimos dos años. Si bien la dinámica salarial varía dependiendo del rubro de actividad, en promedio las remuneraciones perdieron 5% de su poder adquisitivo en 2014. En cambio, durante 2015 se registró un incremento en la capacidad de compra de los trabajadores en algunos sectores, aunque ello no fue suficiente para recuperar el terreno perdido el año previo. Las próximas negociaciones se darán en este contexto, agravado por el impacto de la devaluación y la suba de tarifas sobre los precios.
Las paritarias se discutirán entre las demandas sindicales y las posibilidades de las empresas. La situación es muy heterogénea entre los gremios. Hay ramas donde el nivel salarial se encuentra muy retrasado (docentes, por ejemplo) y otros en los cuales los trabajadores perciben remuneraciones más elevadas (camioneros). Asimismo, en los últimos años hubo gremios que cerraron acuerdos por debajo de la inflación (comercio) y otros que lograron sostener el poder adquisitivo de sus afiliados (sanidad). El pobre punto de partida lleva a algunos dirigentes a tomar posiciones duras de cara a las próximas paritarias, situación que se potencia en aquellos casos donde la izquierda más combativa es una amenaza real para el sindicalismo tradicional. Por otra parte, la situación de cada actividad y las perspectivas económicas a corto plazo ponen un límite real a las demandas salariales.
El resultado de las negociaciones es vital para el desempeño de la macro. El Gobierno precisa cortar con la puja distributiva y alinear las expectativas inflacionarias en torno a su banda objetivo (20-25%). En la medida que los sindicatos demanden aumentos salariales en función a la inflación pasada (27% en la CABA) más un “margen” por shocks recientes (devaluación y electricidad) y esperados (gas, agua y transporte) la economía complicaría su andar. Por un lado, si el Gobierno convalida el aumento de la nominalidad, la inflación resultante terminaría por encima del objetivo, perdiéndose credibilidad. Por otro lado, si no se relaja la política monetaria la inflación se reducirá pero a costa de una recesión, lo cual traería costos políticos y sociales. El mejor escenario sería aquel en el cual el Gobierno convence a los sindicatos de moderar sus demandas, ya que ello facilitaría el proceso de desinflación y se estaría más cerca de alcanzar las metas, lo cual a su vez reforzaría la credibilidad de la política económica y reduciría los costos en términos de actividad.
El Gobierno cuenta con herramientas para acercar la pauta salarial a su objetivo. Las modificaciones del Impuesto a las Ganancias (suba del Mínimo No Imponible y actualización de las escalas y deducciones) aumentarían los ingresos de los trabajadores formales de mayores remuneraciones. En tanto, un recorte del IVA a bienes de la canasta básica aliviaría la situación para el grueso de los asalariados (siempre y cuando las empresas no se apropien del beneficio), al igual que aumentos en las asignaciones familiares. El Gobierno puede utilizar estos incentivos fiscales como instrumento de negociación con los sindicatos, a lo que también se agrega la cuestión de los fondos de las obras sociales que los gremios le reclaman a la Superintendencia de Seguros de la Salud (más de $20.000 millones).
Implementar negociaciones cortas minimizaría los riesgos para todos los actores involucrados. En el fondo, Gobierno y sindicatos se enfrentan a un problema de coordinación. Desde el oficialismo se necesita cortar con la puja distributiva y para ello intentan consensuar paritarias moderadas. Sin embargo, los gremios creen (por ahora) que la política económica no tendrá éxito en moderar la suba de precios y no desean “pagar la factura” en caso de que no se cumplan los objetivos de inflación. En esta situación, plantear negociaciones desdobladas o con cláusulas gatillo para su reapertura puede ser una salida aceptable para todos. Los sindicatos se asegurarían, al menos, la estabilidad del poder adquisitivo de sus afiliados y el Gobierno vería facilitada su lucha contra la inflación.
