Luz verde para el ajuste tarifario

29 de enero, 2016

Luz verde para el ajuste tarifario

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Finalmente, comenzó la normalización del sector energético anunciada por el ministro Juan José Aranguren en diciembre. Con la publicación de la Resolución 6/2016 en el Boletín Oficial, el Gobierno dio a conocer el nuevo esquema de tarifas para el segmento mayorista que regirá en todo el país, a partir del cual las distribuidoras elaborarán los cuadros tarifarios para los usuarios residenciales.

Según la disposición gubernamental, que entra en vigencia a partir de febrero y hasta el 30 de abril, el precio promedio no subsidiado para usuarios finales cuya demanda sea superior a los 300 kilovatios será de $770 por MWh. Ese nivel de consumo se da en muchas casas (el consumo residencial promedio según ADEERA es de 742,12 KWh por bimestre, es decir, 371,06 KWh por mes), pero necesariamente en industrias. Según El Inversor Online, las industrias actualmente pagan tarifas de entre $87 y $320, es decir que tendrán aumentos de entre 100% y 700%. Un dato a seguir de cerca será el impacto que la medida pueda tener en los costos industriales y por ende, en los precios finales.

Para usuarios residenciales que consuman 300 MWh por mes, en tanto, el precio final es más difícil de determinar por cuanto a este precio que regirá para las distribuidoras, habrá que sumarle otros elementos como impuestos y los márgenes de ganancia para el transporte y la misma distribución. En la zona metropolitana (donde operan Edenor y Edesur) será el Gobierno Nacional a través del ENRE el que determinará las nuevas tarifas, mientras que en las provincias, serán los gobiernos provinciales los que pauten los nuevos precios con las distribuidoras locales. Hasta ahora, era de la misma forma en el segmento de distribución, pero los precios mayoristas -que la resolución 6/2016 define para todo el país- dejan de ser fijados por cada gobierno provincial.

No obstante, el precio de referencia para distribuidoras para el consumo de hogares será de $320 por MWh para los usuarios que no ahorren energía, de $246 por MWh para aquellos que reduzcan su consumo entre un 10% y un 20% respecto de 2015 y de $197 por MWh para los que ahorren entre un 20% en comparación al año anterior. Si las tarifas actuales oscilan entre $30 y $120, el aumento podría alcanzar a más del 600% en el peor de los casos.

Más aún, en mayo, cuando el nuevo esquema haya vencido, es posible que estos valores aumenten nuevamente ya que, como señala Eric Ritondale, economista senior de EconViews (ver Finanzas), “en un contexto de devaluación e inflación, ya de por sí se vuelve necesario subir tarifas para solo mantener la incidencia de los subsidios sobre el PIB porque las importaciones energéticas se hacen más caras en pesos”.

De ese modo, el impacto en términos inflacionarios y al consumo podría ser grave. Por eso, Fausto Spotorno, economista jefe de Orlando Ferreres & Asociados, deslizó la posibilidad de que en la resolución de aplicación de las nuevas tarifas, haya algún subsidio. “No se sabe si esto va a ser así o se va a mantener algún subsidio en zona de Buenos Aires para que la suba vaya siendo gradual porque puede haber aumentos grandes e importantes que podrían ser de hasta un 500% o 600% sin problemas”, señaló en declaraciones radiales.

Tarifa social

Por lo pronto, lo que dio a conocer el Gobierno es el alcance de la tarifa social que brindará servicio gratuito hasta el consumo de 150 MWh y un consumo subvencionado a partir de ese nivel.

Gozarán la tarifa diferencial:

– Jubilados o pensionados por un  monto equivalente a dos veces el haber mínimo nacional

– Personas con empleo en relación de dependencia, que perciben una remuneración bruta menor o igual a dos Salarios Mínimos Vital y Móvil (SMVM)

– Titulares de programas sociales

– Inscripto en el Régimen de Monotributo Social

– Personas incorporadas en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico (artículo 21 de la Ley N° 25.239).

– Personas que perciben seguro de desempleo

– Quienes cuenten con certificado de discapacidad.

Y serán excluidos del beneficio aquellos que posean:

– Más de una propiedad inmueble

– Un automóvil con menos de 15 años de antigüedad

– Embarcaciones de lujo.

Con aumentos de hasta 600%, los efectos de la medida en términos de impacto inflacionario, pérdida del poder adquisitivo, suba de costos industriales y caída del consumo, son puntos que el Gobierno deberá seguir de cerca.