Buenos Aires y la coparticipación

El dilema es cómo mejorar el lugar del distrito en el reparto federal sin dañar al Estado Nacional ni las demás provincias

19 de enero, 2016

Buenos Aires y la coparticipación

(Columna de Facundo Matos Peychaux)

La provincia de Buenos Aires ocupará sin dudas un lugar central en la rediscusión del sistema de coparticipación federal que impulsará el nuevo Gobierno en los próximos meses. En los últimos años, los perjuicios sufridos por la provincia en el sistema de transferencias fiscales llevaron a un modelo de financiamiento que consistió en una fuerte suba de la presión tributaria, un severo ajuste del gasto público, especialmente en lo que hace a la inversión en obra pública, y un importante endeudamiento. Un programa efectivo, pero a la larga insostenible.

En cambio, el nuevo equipo económico, encabezado por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, buscará financiarse al menos a través de tres fuentes distintas. En el corto plazo, de la emisión de deuda. La Legislatura bonaerense aprobó la sanción del Presupuesto 2016, que contempla alrededor de $ 60.000 M de endeudamiento, de los cuales $ 50.000 M quedarían en las arcas provinciales y $ 10.000 M irían a los municipios de acuerdo a los coeficientes utilizados para la coparticipación. Solo endeudamiento, no obstante, también es insostenible. Por tanto, en el mediano plazo confía en poder mejorar las cuentas a través de una mayor recaudación fruto de la reactivación económica de algunos sectores como el agro, y finalmente, lo que será definitivo, a través de una mejora del lugar de la provincia en el reparto federal.

En los últimos veinte años, la participación de la PBA en el reparto total de transferencias automáticas a las provincias cayó de un pico de 25% en 1995 al 18,9% de 2015, por debajo incluso del 21% que fija la ley de coparticipación vigente, según Marcelo Capello, presidente del Ieral de la Fundación Mediterránea. “Esta distorsión se dio principalmente a raíz de la falta de actualización del Fondo del Conurbano Bonaerense (FCB), que tiene un techo nominal de $650 millones, que era entonces el 10% de la recaudación por Ganancias. Hoy en día esa cifra quedó tan desactualizada que las provincias reciben más recursos por el excedente del FCB que lo que recibe la misma PBA”, describe Verónica Sosa, coordinadora de proyectos de Economía & Regiones.

Según el esquema actual, del total que recauda Nación en concepto de Ganancias, lo que excede al techo de los $650 millones, se coparticipa entre el resto de las provincias. Por tanto, señala Sosa, “es esperable que haya una corrección del FCB”.

La incógnita, no obstante, es cómo será el cambio y de dónde saldrán los recursos que ganará en la nueva distribución la PBA. “Habrá que ver si las provincias ceden parte de sus recursos o es la Nación la que va a poner ese diferencial”, se pregunta Sosa. El camino no está exento de dificultades en ningún caso. Para el Estado Nacional, hacerse cargo de ese costo fiscal representará una carga extra en un contexto difícil para las cuentas públicas nacionales. En tanto, varios gobernadores opositores ya pusieron el grito en el cielo para advertir que no están en condiciones de ceder recursos, por lo que la base de cualquier negociación exitosa -y que no le cause problemas al Presidente con los gobernadores- deberá ser garantizar que todas las provincias reciban en 2016 al menos lo que percibieron en 2015. Esto obligaría a Nación a desprenderse de recursos propios, con el consecuente fiscal que eso representaría.

“Lo más probable es que veamos una cesión de recursos a las provincias por parte de Nación con el compromiso de que tengan una mayor responsabilidad en el gasto”, prevé Sosa. Según Félix Piacentini, director de NOAnomics, con un ajuste real del 2% en el gasto salarial se terminaría con el déficit fiscal en las provincias, lo que las haría más autónomas y aliviaría a Nación de la carga de tener que socorrerlas.

Según Piacentini, “la eliminación de retenciones a granos impactará mucho en la economía de la PBA y le permitirá refrozar su recaudación. “Por ese punto es por donde quizás pueda conseguir más recursos genuinos sin sacárselos a nadie”, asegura.

De cualquier forma, las posibilidades para nivelar el costo fiscal para Nación son varias. Para Sosa, es probable que vaya a haber alguna reducción del gasto que hoy ejecuta el Estado Nacional en las provincias. También de las transferencias discrecionales, que han crecido de sobremanera en los últimos años hasta representar el 1,5% del PIB. De esa manera, Nación podría compensar parte de esa falta de ingresos, aunque al mismo tiempo eso significará menor poder de fuego para la negociación política con los gobernadores.

Dedicar inversiones de obra pública en una provincia u otra es otra forma indirecta que tiene el Estado Nacional de distribuir recursos que entrará seguramente en las negociaciones. Lo mismo sucederá con algunos programas federales ejecutados por los distintos ministerios, que entraron en revisión a partir del cambio de gobierno, o con ciertos créditos externos atados a la construcción de determinados proyectos localizados en una u otra provincia.

De cómo se modifique el lugar que ocupa la provincia en el esquema de reparto federal, dependerá en buena parte el éxito de la gestión económica del nuevo gobierno bonaerense y del programa trazado en el Presupuesto.

 

TRES OBJETIVOS

“Una reforma estructural es necesaria”, señala Guillermo Giussi, de Economía & Regiones. El objetivo primario, según Giussi, es ir hacia una nueva ley de coparticipación en la que la distribución primaria recupere la participación de las provincias, y que en el reparto secundario se haga en base a dos componentes: “una parte devolutiva, donde el que más aporta, reciba más en proporción, pero también un costado redistributivo para que las provincias logren un desarrollo homogéneo”.

“Con el primer criterio se pretende devolver a cada provincia lo que  aportó de recaudación de impuestos nacionales, y el segundo, tender a que las provincias más ricas sean solidarias con las más pobres. Sin duda el desafío equilibrar ambos requisitos”, coincide Félix Piacentini, director de NOAnomics y agrega un tercer elemento, “que la discrecionalidad en el reparto de fondos por fuera del régimen tienda a cero”.