El Estado y el mercado

16 de agosto, 2015

El Estado y el mercado

(Columna de Carlos Leyba)

El capitalismo ha adoptado diversas posturas a lo largo del tiempo y del espacio. Se las puede sintetizar, sin demasiadas precisiones, no tanto en virtud de “cuanto” Estado o “cuanto” mercado sino, esencialmente, en la definición de qué necesidades y qué bienes obligatoriamente debe proveer el Estado y qué bienes o necesidades quedan dentro de la órbita del mercado. Una formulación en la plataforma de la democracia cristiana alemana de los 70 decía “todo el Estado que sea necesario y todo el mercado que sea posible”. Pero la previa es definir que es necesario.

Esa es una primera definición que, como toda primera, es una que parte las aguas. Esa partición define el consenso social implícito acerca de la asignación de roles. El papel del Estado y el papel del mercado.

Como todos sabemos, a partir de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, en Occidente se instaló una fuerte corriente que proponía (y que puso en práctica) el desplazamiento del Estado y la ocupación por parte del mercado de muchas de las necesidades y bienes que, hasta entonces, eran cubiertas por el Estado. Fue un proceso de privatización que tuvo, tal vez no deseadas, consecuencias de privación. El desplazamiento del Estado y la idea de la reducción de las necesidades que obligatoriamente debía cubrir el Estado tuvo como consecuencia una concreta privación de bienes y de falta de cobertura de necesidades para todos aquellos, no pocos, que no estaban en condiciones de cumplir los requisitos del mercado.

Hoy, en general, aquella furia privatizadora y privadora está en franco retroceso. Pero de cualquier modo lo que sigue estando en pie es la necesidad del consenso acerca de qué y cuáles son las necesidades y bienes que el Estado debe proveer.

Naturalmente lo excluido del Estado es lo que pasaría a ser aquello de lo que debe ocuparse el mercado. Aun dentro del campo del mercado la regulación propia del Estado barre todo el campo de la acción. Pero aún dentro del concepto de regulación, nuevamente, se abren distintas intensidades.

Los objetivos

Quede claro que todo lo que preside la discusión de Estado y mercado, y la intensidad de regulación, es lograr el bien común. Definición que, en la práctica, se materializa con la asignación de roles y el grado de regulación. La historia de ese consenso en nuestro país puede sintetizarse de manera tal que pueda contribuir a instalar un debate constructivo acerca del consenso necesario para el bien común definido en la relación Estado, mercado y regulaciones.

Los períodos

Partamos de la Generación del ‘80. Un período fundador. Allí se integró lo que podemos llamar la etapa del Estado liberal. Ese Estado estableció con precisión la obligación de proveer educación primaria gratuita, salud pública gratuita y seguridad interior pública.

Si hay algo que nadie puede discutir es que ese Estado tuvo un éxito extraordinario en proveer educación primaria, que puso al país en los primeros niveles en la lucha contra el analfabetismo. Los progresos en la provisión de salud, desde el punto de partida, fueron también importantes, como también lo fueron las garantías en materia de seguridad. Entrado el Siglo XX comenzaron algunos pasos, tal vez a partir del interés por la condición de vida de la clase trabajadora, destinados a que el Estado procurara una mejora en las condiciones de trabajo y más adelante que el Estado procurara crear las condiciones que permitieran crear trabajo.

A la salida de la crisis de los 30 se habían dado pasos importantes, en la concepción y en la legislación, de lo que podía insinuarse como un Estado preocupado por el bienestar.

Pasos preparatorios para que, en la década del 40, comenzara a desarrollarse con mucho vigor el Estado de bienestar que consistía en que el Estado brindaría condiciones para lograr el pleno empleo, la calificación de los trabajadores y las condiciones laborales que aproximaran al concepto mensurable de justicia social a través

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de la distribución del ingreso.

Ese Estado de bienestar implicaba una etapa superior del Estado liberal. Ya no se trataba de garantizar la educación primaria sino la formación para la vida laboral, y ya no se trataba de ofrecer salud pública gratuita sino que se procuró la salud preventiva y la custodia de la vida sana como obligación pública. Y de la misma manera la seguridad ciudadana avanzó hacia el concepto de seguridad social: el Estado estaba obligado a proteger de las violencias cotidianas y también de las contingencias de la vida, de la enfermedad y de la vejez.

Ese consenso se hizo mayoritario a partir de la práctica. En esos mismos años, a partir del concepto de “plan”, con la creación del Consejo Nacional de Posguerra, los planes quinquenales y, en la década de los 50 en adelante, con los planes de desarrollo y, fundamentalmente, a partir de la estructuración de la política de industrialización se dio lugar al Estado de desarrollo como etapa superadora del Estado de Bienestar.

El Estado de desarrollo sintetiza el concepto de las bases materiales para el Estado de bienestar y este es la base de sustentación de las ofertas imprescindibles del Estado liberal: bienestar y desarrollo financian ese Estado.

Los conceptos

El entonces presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, Julio H. G. Olivera, al inaugurar las sesiones del Plan Fénix en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, el 6 de setiembre de 2001, en medio de aquella crisis descomunal, dijo –entre otros muchos conceptos brillantes– que el desequilibrio primario de aquella época nacía “directa o indirectamente de la insuficiencia en la provisión de bienes públicos, desde la seguridad jurídica hasta la salud, la educación y la paz social”. No se trataba entonces de “una alteración transitoria del equilibrio sino una deficiencia crónica, una debilidad estructural, destinada a persistir mientras no alcance la oferta de bienes públicos el nivel indispensable”.

Estamos hoy a las puertas de una elección de cargos públicos. La pobreza conceptual de los debates no es una novedad ya que nos hemos ido acostumbrando a lo elemental de la política en 140 caracteres. Pero si en 2001 Olivera destacaba la falta de oferta de bienes públicos, propios del Estado liberal adaptado al Siglo XXI, hoy la comprobación del fracaso del sector público en educación, salud, seguridad ciudadana, social y jurídica acusa una debilidad estructural potenciada por el mero transcurso del tiempo. Qué decir del Estado de Bienestar cuando más de un tercio de la población ocupada trabaja “en negro” y cuando la tasa de desempleo calculada por el Indec hay más que razones para suponerla subestimada, o cuando la pobreza se encuentra en el orden del 28% de la población.

Ni que hablar de estos problemas cuando los analizamos a nivel regional. ¿Qué Estado de Bienestar puede reivindicarse cuando el nivel de ingreso medio de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires es seis veces el promedio de quienes habitan el norte histórico de la Argentina? ¿Qué bienestar de la Nación se ha construido con esas gigantescas diferencias que marcan un plano geográfico inclinado que lleva inevitablemente al desierto humano de una parte del territorio y a la acumulación de desesperanza en los márgenes geográficos de la abundancia?

Los desafíos

Estamos frente a una cuestión estructural. La Argentina hace cuarenta años que abandonó la estrategia del desarrollo. La administración ni siquiera dispone de una agencia pública para pensar el país a largo plazo y formalizar la arquitectura de un plan de desarrollo. Las consecuencias son más que evidentes. No solamente levantamos miles de kilómetros de vías de ferrocarril sino que inclusive, y multipartidariamente, se celebró la posibilidad de un tren bala que uniera Buenos Aires con Rosario. Un escandaloso disparate que sería importante que lo expliquen los que firmaron ese decreto. No solamente permitimos (y además pagamos por ello) el vaciamiento de la empresa nacional de petróleo sino que encaramos la construcción de represas sin tener en cuenta las propias prioridades del Ministerio del área.

Podemos seguir el inventario. Pero en un país obsesionado por el pasado a la búsqueda del responsable del atasco que vivimos –y que se sintetiza en el clamor por la seguridad, la debilidad de la calidad educativa o la tasa del 1% del PIB por habitante a la que hemos crecido desde 1998, más allá de los años estupendos que hayamos logrado en el medio, y que nos augura que tardaremos 70 años en duplicar nuestro PIB– lo más necesario y lo más sencillo es proponernos un consenso acerca del futuro para los próximos 15 años. No menos que eso. La idea de generación en Ortega.

Un consenso sobre aquello a lo que está obligado el Estado y a los grados de regulación en los mercados. Necesitamos un consenso del 80% de los argentinos, de los que hacen política, de los trabajadores y de los empresarios nacionales. Habrá el 20% que bregará por menos Estado y menos regulación o por más Estado y más regulación. Es inevitable.

Pero hay un corpus que en nuestra memoria histórica dio lugar a un intenso período de progreso colectivo que, lamentablemente, no se ha vuelto a repetir. Ese consenso supone la recomposición del Estado liberal que tuvo en Domingo Faustino Sarmiento su arquetipo de la educación, en Juan Perón su arquetipo de la justicia social y en Arturo Frondizi el arquetipo de la industrialización.

En 1972 bajo una dictadura y con la guerrilla en acción, Juan D. Perón, Ricardo Balbín, José Ignacio Rucci y José Gelbard y todos los dirigentes políticos, sindicales y empresarios de la época, entendieron el valor del consenso o de las coincidencias para sostener la democracia y derrotar la violencia. Leer los documentos de la época sirve para comprender el valor de pensar el carácter necesario y acumulativo de la construcción de los tres Estados que hemos sintetizado.

Esa es la cuestión del Estado y el mercado que vale la pena discutir. Olivera lo dijo en 2001 y, lamentablemente, no hemos logrado superarlo. El plan es un bien público que no está ofertado y como decía Paul Ricoeur “el plan es ética en acción”. No hay ética política sin plan. Ahí estamos.