El ecosistema científico y tecnológico local tiene una historia de éxito que se evidencia en el logro de tres premios Nobel, una cantidad importante de investigadores en la población económicamente activa (tres de cada mil) y en la puesta en valor de casos de éxito, en tecnología satelital, agrícola o nuclear. Sin embargo, los especialistas señalan una brecha que todavía no se pudo superar: estas condiciones favorables no tiene un impacto claro en el desarrollo y el crecimiento.
Los principales indicadores dan cuenta de una situación particular que en la última década mostró ciertas mejorías. Según los datos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Mincyt), creado en 2007, el presupuesto destinado a actividades de ciencia y tecnología aumentó 937% entre 2003 y 2012.
Este incremento se refleja en un aumento del gasto total en Actividades Científicas y Tecnológicas (ACyT) que pasó de ser en una década 0,4% en relación al PIB a representar el 0,65%. Sin embargo, las recomendaciones internacionales apuntan a que alcance por lo menos 1% del producto para poder tener incidencia en las economías.
Pero lo más relevante es que mientras el gasto público en Investigación y Desarrollo (I&D) es actualmente cerca de 0,46% del PIB, el privado apenas roza 0,13%. Este último porcentaje se mantuvo casi inamovible ?incluso con alguna desmejora en 2009? en los últimos diez años. Por otra parte, cerca de 75% del total del financiamiento depende del Gobierno y sólo 15% de las empresas.
Esta situación ?que deja al sector productivo al margen del proceso? está contemplada en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación “Argentina Innovadora 2020” que presentó el Mincyt este año. El principal desafío no está sólo en incrementar la inversión en Ciencia y Tecnología (hasta alcanzar 1,65% del PIB según la meta del plan) o en duplicar los investigadores. La clave está en federalizar el impacto de estos desarrollos e impulsar con fuerza la innovación en las empresas y en todo el entramado productivo, con la cooperación de las instituciones publico-privadas.
