Actualmente, cerca de la mitad de la población argentina no accede a servicios cloacales y más de 15% no accede a la red de agua potable en sus hogares. El desbalance energético alcanzó un récord histórico de más de US$ 6.000 millones, los cortes al servicio eléctrico aumentaron dos veces y media desde 2003 y los subsidios al transporte y la energía ascienden a alrededor del 5% del PIB. Una de cada diez llamadas de telefonía móvil no puede ser completada en la ciudad de Buenos Aires y la velocidad de la banda ancha de Internet es casi 40% más lenta que en los países líderes de América Latina y el Caribe. Los datos (y la lista puede seguir?) surgen de un informe reciente informe de CIPPEC intitulado “¿Cómo puede cerrar el próximo Gobierno la brecha de infraestructura?”.
En diálogo con El Economista, Lucio Castro, director del área de Desarrollo Económico de CIPPEC y uno de los autores del informe, reseña la importancia de esta virtual columna vertebral de la economía. “La inversión en infraestructura es crucial para promover el crecimiento con equidad en la Argentina: por un lado, la infraestructura contribuye a lograr una mayor cohesión social, calidad de vida y responsabilidad ambiental y, por el otro, el desarrollo de redes de infraestructura eficientes posibilita una mejor conectividad y mayor productividad”.
El economista Ariel Coremberg también hace hincapié en la relevancia de la infraestructura: “Los in cre men tos en la cantidad y calidad de la infraestructura económica permiten incrementar la competitividad, productividad y crecimiento de un país y eso explica, en parte, la evolución de la productividad del sector privado, así como el bienestar social de la población de un país. El stock de infraestructura pública es uno de los factores productivos más importantes de un país”.
Coincide en que el país tiene un déficit en esta materia y añade otros indicadores: los kilómetros de vías férreas per capita o por 10.000 km2 todavía están por debajo de los niveles de los años '70 del Siglo XX; el porcentaje de rutas pavimentadas sigue cercana al 30% del total y las fallas de distribución del sistema eléctrico siguen siendo más del doble que en los países desarrollados. En lo que denomina “infraestructura social”, y diferencia de la “económica”, Coremberg señala que aún hay grandes déficit en dos ítems clave: vivienda y saneamiento. “Si bien la inversión pública creció, no lo hizo con el suficiente ritmo y la eficiencia acorde a los fines de reducir la importante brecha de infraestructura que presenta Argentina”, dice.
Como en otros aspectos de la economía, aquí también la herencia del sucesor del CFK será compleja. “El próximo Gobierno enfrentará, por lo tanto, un desafío de magnitud histórica: cerrar la brecha de infraestructura”, dice el documento de CIPPEC.
El desafío, y la necesidad, de cerrar esa brecha lógicamente aumentará con el paso del tiempo: “En la próxima década, el aumento del movimiento de cargas, la explotación de los recursos energéticos no convencionales y el incremento de la tasa de motorización implicarán mayores demandas sobre la red de transporte. El crecimiento económico, y en particular, la suba de los ingresos promedio tendrán impactos directos sobre la energía y las telecomunicaciones. Los cambios poblacionales pondrán mayores exigencias sobre las redes de agua potable y cloacas”. El diagnóstico está hecho.
¿Cómo salimos?
“Las estimaciones de CIPPEC indican que cerrar la brecha de infraestructura demandará duplicar al menos la inversión anual como porcentaje del producto en la próxima década”, dice el documento y propone cuatro herramientas: por un lado, reconstruir la capacidad del Estado, recomponer el marco normativo y normalizar los entes reguladores; en segundo lugar, aumentar los niveles de inversión pública y privada; en tercero, implementar una estrategia diversificada de financiamiento y, por último, alinear gradualmente precios y tarifas con los costos operativos y precios de referencia internacionales, y adoptar esquemas de tarifas sociales.
Es que, además de problemas evidentes en el hardware, “Argentina enfrenta graves falencias en el software del Estado: un marco regulatorio confuso y volátil, capacidades institucionales débiles, rupturas de contratos, un mercado de capitales local subdesarrollado y un clima de negocios adverso”, complementa el documento y agrega un dato para corroborar que no hubo “década ganada” para la infraestructura: “A pesar de su importancia, en Argentina la inversión en infraestructura como porcentaje del PIB cayó a la mitad en la última década. Particularmente, la participación del sector privado como proporción del PIB se redujo ocho veces en relación con la anterior década”.
Según Coremberg, es un debate bizantino plantear si se debe privilegiar la inversión privada sobre la pública o viceversa. “Lo importante es que la infraestructura se provea y se opere con eficiencia”, dice. Es necesario un aporte de todos lados: crédito internacional de largo plazo, un entorno macro estable, tarifas adecuadas y, en suma, complementariedad entre los sectores público y privado. Posibles soluciones planteadas. Ahora, la pregunta del millón. ¿El tema está en agenda?
Castro dice que la infraestructura tuvo un rol destacado en los discursos de los principales precandidatos presidenciales hasta el año pasado. “Algunos candidatos hablaban de lanzar el 'plan de infraestructura más ambicioso de la Historia', y otros mencionaban la necesidad de un salto significativo en la inversión en el sector o continuar con los actuales proyectos de infraestructura en marcha”, dice Castro. Pero “en 2015, la importancia relativa de la infraestructura en la agenda de la campaña electoral decayó en forma significativa en un contexto marcado por una mayor consciencia de las restricciones macroeconómicas, y sobre todo fiscales, que enfrentaría el próximo Gobierno por parte de los candidatos y sus equipos técnicos”. ¿Habrá que seguir esperando?
