(Columna de Gala Díaz Langou y Fabián Repetto, coordinadora y director, respectivamente, del Programa de Protección Social de CIPPEC)
Los jóvenes argentinos son un colectivo relevante en la agenda pública. Esto no es algo reciente, sino el producto de un prolongado proceso que se inició luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando surgieron pautas culturales distintivamente juveniles y se generó un mercado de consumo (y una industria) diferenciado para este grupo etario. Sin embargo, la presencia de “la juventud” como un grupo homogéneo y consolidado en la arena pública no ha hecho justicia en expresar las evoluciones de las múltiples identidades que adoptan los jóvenes. Los jóvenes se constituyen como un grupo heterogéneo cuyo ''nosotros'' no se define meramente por una cuestión etaria, sino que se va conformando alrededor de diferentes modos de integración.
Si bien los jóvenes están presentes como sujeto en nuestra sociedad, la forma en la que se alude a ellos no siempre refleja fielmente su realidad. Un caso paradigmático es el de los denominados ni-ni. Esta referencia a los jóvenes que no estudian ni trabajan crea en el imaginario la figura de un grupo de (frecuentemente) varones y (algunas pocas) mujeres que se reúnen en las esquinas, y generalmente involucra algún tipo de consumo problemático y/o actividad delictiva.
Sin embargo, las cifras de la Encuesta Permanente de Hogares evidencia que más de tres cuartos de esta población está constituida por mujeres jóvenes (muchas son madres) que no cuentan con las opciones de cuidado que les permitirían considerar la terminalidad educativa o la inserción laboral como posibilidades viables. La incorporación al debate público desde una óptica que privilegia únicamente el foco en lo laboral y lo educativo ha tendido a opacar la complejidad de “las juventudes” en la Argentina, y afecta la posibilidad de explorar los factores multidimensionales que están llevando a amplios sectores de esta población a condicionar su futuro.
Las diversas juventudes enfrentan desafíos multidimensionales en el tránsito hacia su vida adulta, que incluyen también retos ligados con la salud sexual y reproductiva (la decisión de la tenencia del primer hijo, por ejemplo), la vivienda, la emancipación y la realización política y social, entre otros. Como correlato, esta instalación sesgada del tema en la agenda pública ha llevado a la puesta en marcha múltiples intervenciones sectoriales dirigidas a este grupo etario, cristalizando así un enfoque parcial y acotado.
En la actualidad, la Argentina presenta estas debilidades en su normativa, su institucionalidad y su oferta de políticas dirigidas a estas poblaciones. En lo normativo, nuestro país no cuenta con un marco legal que contemple las problemáticas de los jóvenes argentinos. Más allá de la ley marco referida a la niñez y la adolescencia, no existe un instrumento que proteja específicamente los derechos individuales y colectivos de los jóvenes. Además, la Argentina no ratificó la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes ya firmada por 16 países. Una ley nacional de juventud podría dotar de estabilidad, permanencia de criterios, institucionalidad y recursos a las políticas públicas de juventud. La institucionalidad existente en la Argentina reitera esta pauta. Si bien existe una Subsecretaría de Juventud, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ésta carece de rectoría sobre la temática intersectorial e interjurisdiccionalmente. En los otros ministerios con injerencia en la materia, cuando hay un área avocada a este grupo etario, también tiende a carecer de peso político y presupuestario. La fragmentada oferta de políticas, programas, y proyectos cierra un negativo círculo de gestión pública.
No existe una política integral y federal para los jóvenes.
De un relevamiento realizado por CIPPEC sobre políticas nacionales y bonaerenses dirigidas a los jóvenes se desprende que el 67% está dirigido a tratar sus problemáticas laborales o educativas. El 33% restante de las intervenciones apunta a las temáticas de salud, vivienda, cuidados y derechos políticos. Esta clara ausencia de una mirada integral se potencia con la falta de perspectiva estratégica asociada con la necesidad fundamental de generar rutas críticas con las intervenciones dirigidas a la adolescencia y a la edad activa.
En síntesis, la situación de los jóvenes en la Argentina es compleja, y excede a lo laboral y lo educativo. Para abordarla en su integralidad, se requiere de una ley nacional y un órgano rector que ejerza las funciones de coordinación y de gobierno desde el nivel nacional. Sólo así se podrá comenzar a generar los pilares para una política integral de juventud que coadyuve a superar las problemáticas que tanto se reiteran (parcial y sesgadamente) en el debate público.
