(Columna de Daniel Artana, economista jefe de FIEL)
La actividad industrial tuvo una modesta recuperación en febrero, sin que ello revierta la tendencia de estancamiento que se observa desde hace varios meses en el Indice de Producción Industrial de FIEL. De todas maneras, el desplome en los indicadores de confianza del consumidor que elabora la Universidad Torcuato Di Tella , en particular aquellos que miden la decisión de compra de bienes durables, auguran un primer trimestre que crecerá sólo 0,5% interanual explicado por una base de comparación baja en el mismo período del año 2013. Entre otros factores, operan a pleno los efectos de la contracción de salarios y jubilaciones en términos reales que alcanzarán su mínimo en el mes de marzo. Comparando con el cuarto trimestre, corregido por estacionalidad, se observaría una ligera contracción.
En el segundo trimestre proyectamos una contracción interanual, a pesar de la mayor cosecha de soja, porque la base de comparación del año previo fue buena. Luego de la depreciación del peso y el apretón monetario que dispuso el Banco Central para esterilizar el apoyo al Tesoro, las incógnitas eran varias. ¿Qué haría el Gobierno respecto del déficit fiscal que alcanzó sin contar intereses el 2,9% del PIB en 2013? ¿Cuál sería la decisión respecto de la evolución del tipo de cambio nominal? ¿Cuál va a ser la decisión respecto de las reservas del BCRA? Estos interrogantes eran relevantes para definir la actividad y la tasa de inflación.
En un extremo, si se relaja la política monetaria sin corrección fiscal habría una presión creciente sobre el tipo de cambio paralelo, sobre los precios y sobre las reservas. En el otro extremo, una mejora fiscal podría permitir un relajamiento de la dureza monetaria, aunque dados los problemas de credibilidad del Gobierno difícilmente pudiera revertir la tendencia recesiva de la economía. Con el correr de las semanas se van despejando algunos interrogantes.
Respecto del primer candidato para aportar fondos al Tesoro, los subsidios a la energía, el Gobierno decidió aumentar las tarifas de gas natural y agua en tres tramos, aumento que en el caso del gas depende de la evolución del consumo de cada usuario. Por ahora, no dispuso ninguna corrección de las tarifas de energía eléctrica y excluyó del aumento a la industria si no hace aumentos injustificados de precios, a los consumidores residenciales de la Patagonia y a los usuarios de bajos recursos que se inscriban en un registro. Además, anunció que una parte del ahorro fiscal será utilizada para aumentar la Asignación Universal por Hijo y destinar más fondos a programas de vivienda. El ahorro fiscal neto sería del orden de $10.000 millones.
Estos anuncios presentan varios interrogantes. Por un lado, la decisión de mantener el subsidio a la industria por razones de competitividad o para que no aumenten los precios es una política industrial confusa. La decisión de compensar con subsidios o con protección los sobrecostos que generan las regulaciones injustificadas y los elevados impuestos no es un elemento incluido en los instrumentos que determinan una política de desarrollo productivo moderna. En verdad, son resabios que han sido y siguen siendo cuestionados incluso por los profesionales que avalan a nivel internacional las políticas activas. Por otra parte, si el objetivo era contener los precios de los productos al público no se entiende porqué se quitan los subsidios al comercio mayorista y minorista. En verdad, era coherente eliminar los subsidios para todas estas actividades. Los consumidores residenciales de la Patagonia explican el 22% del consumo residencial del país, ya que su consumo triplica al de los habitantes que viven en otras regiones. Esa diferencia no se explica sólo por las menores temperaturas. Estudios recientes con microdatos muestran un derroche de energía barata. En días de iguales temperaturas, el consumo en el sur es más elevado. Por ello, era preferible dar un subsidio de suma fija por habitante pero fijando precios que reflejen los costos económicos.
La contradicción será todavía más clara cuando el Gobierno decida reducir los subsidios a la electricidad, ¿o acaso se excluirá de las subas a los consumidores de las zonas del país más calurosas?
Además, como la quita del consumo se relaciona a la evolución del consumo, es difícil medir el ahorro. Nótese que en la medida en que se demore la corrección en las tarifas eléctricas habrá consumidores que podrán desplazar una parte de su consumo de gas por mayor consumo de electricidad ahorrando tarifa sin contribuir a una reducción global del consumo de energía. Incluso el ahorro fiscal podría ser mayor al anunciado. En una economía inflacionaria era razonable esperar que el Gobierno aumentara en términos nominales a la AUH. Ahora podrá atribuir ese (mismo) aumento a la suba de tarifas, logrando un ahorro fiscal neto. De todas maneras , si se tiene presente que el subsidio en energía y agua proyectado para este año, luego de la depreciación del peso, era del orden de $ 120.000 millones, la corrección propuesta luce poco relevante desde un punto de vista macroeconómico.
El aumento de jubilaciones de 11,3% que se pagará en abril trasluce una intención de reducir esos pagos en términos reales. Si se proyecta un aumento en septiembre del 13%, la Nación podría “ahorrar” 0,5% del PIB respecto de los casi 10 puntos que se pagaron el año pasado.
A nivel provincial, lo relevante son los salarios de empleados públicos que, en principio, seguirían la misma suerte que los jubilados.
En suma, un ajuste clásico que podría compensar la reducción en términos del PIB de la recaudación afectada por la recesión, en particular en la venta de bienes de alto cumplimiento fiscal, como los durables. Si ese fuera el resultado final, el Gobierno continuará presionando sobre la emisión monetaria y requiriendo colocaciones de Lebac y Nobac. El déficit cuasifiscal no sería un problema grave este año, pero el punto de partida de 2015 sería bastante menos holgado.
La persistente, aunque desde febrero moderada, reducción en las reservas, quizás explique el abrupto cambio en la estimación del crecimiento oficial del año 2013 que evitaría el pago del cupón del PIB (un ahorro de US$ 3.000 millones y del equivalente en pesos de US$ 600 millones adicionales). Eso le daría un poco de aire al Gobierno en 2015, ya que empezaría el año con algo más de US$ 25.000 millones en el BCRA.
De todas maneras, no hay espacio para intentar reactivar la economía. Las reservas netas se ubicarían bien por debajo de los US$ 20.000 millones y no todas esas reservas son líquidas. La impericia en las decisiones de política económica del pasado está pasando factura hoy. El Gobierno se enamoró de los instrumentos heterodoxos (controles de precios, ingresos y de cambios) y nunca atendió el componente ortodoxo que es indispensable para lograr un programa coherente, incluso en la visión de los economistas heterodoxos.
Los costos de estos errores están a la vista. Desde 2005 hasta la fecha , la inflación acumuló 400% aún a pesar de las diferentes versiones de controles, acuerdos o precios cuidados y desde que se endureció el control de cambio a finales de 2011 el BCRA perdió alrededor de US$ 20.000 millones de reservas. En economía no existe magia ni hay lugar para la improvisación.
