(Columna de María Inés Gamble y Martín Vauthier, economistas del Estudio Bein & Asociados)
Como parte del giro al crédito encarado tras cuatro años de un desendeudamiento forzado que mejoró la solvencia del sector público en su conjunto pero comprometió la liquidez y deterioró el balance del BCRA, la política apuntó a intentar reconstruir la credibilidad de las estadísticas, que en el caso de los índices de precios habían caído en la irrelevancia para la toma de decisiones desde 2007.
Este intento pone al Gobierno frente a una encrucijada. Amén del abrupto cambio que implica publicar variaciones de precios superiores al 3% luego de un 2013 durante el cual el promedio de inflación minorista mensual había sido para el Indec de sólo 0,9%, resulta poco costoso en términos políticos corregir variaciones hacia adelante, tanto en el mencionado caso de precios como en los indicadores de actividad.
Sin embargo, no resulta igual de sencillo corregir niveles, como en el caso de la Canasta Básica Total (CBT), que constituye el insumo para la formación del índice de pobreza, y que está construida en base a la dinámica de los precios minoristas.
Según el Indec, a diciembre de 2013 la misma estaba valorizada en apenas $577 mensuales para un adulto equivalente, 73% por debajo de la canasta estimada en base al Relevamiento de Precios Minoristas del Estudio Bein, en $2.170 mensuales. El último dato publicado por el organismo de estadísticas, al primer semestre de 2013, da cuenta de que sólo el 4,7% de la población se ubicaría por debajo de la línea de pobreza, determinando esta última en base a los índices de precios que el Indec vino publicando en los últimos años.
El número se ubica muy por debajo del 26,9% que reflejaba el organismo en el segundo semestre de 2006, en la previa de la intervención del Indec y la pérdida de credibilidad de los índices de precios, algo que claramente no resulta consistente con la trayectoria de ingresos y precios reales desde entonces, pero tampoco lo es con un aumento en la tasa de pobreza como reflejan algunas estimaciones no oficiales.
En este último sentido, la tasa de desempleo se ubica hoy un punto porcentual por debajo de la vigente entonces, mientras que el salario real, construido con el Relevamiento de Precios Minoristas del Estudio Bein y aun considerando la devaluación de enero, resulta 13% superior al de diciembre de 2006. Al mismo tiempo, se amplió el universo de individuos de estratos vulnerables alcanzados por las políticas sociales tras la implementación de programas como la Asignación Universal por Hijo y el Plan Progresar, en un contexto en el que el aumento en las jubilaciones derivado de la Ley de Movilidad Jubilatoria también se ubicó por encima de la dinámica de precios.
Este conjunto de indicadores, contrastados con la inflación del período, permite suponer que los niveles actuales de pobreza serían similares o levemente inferiores a los de 2006, aunque es evidente que estarían muy lejos de los publicados por el Indec. La corrección abrupta de los niveles, nada sencilla para la reputación de un organismo de estadísticas, resulta en este caso indispensable para encarar una problemática con consecuencias directas sobre la vida de millones de personas.
Restará evaluar cómo opta la política por resolver el embrollo en el que se enredó al afectar la credibilidad de las estadísticas. Reconocer los nuevos niveles de pobreza evidentemente tiene un costo muy alto dada la enorme subestimación acumulada, pero sincerar la dinámica de los últimos años muy probablemente mostrará un panorama algo más benigno que el que reflejan muchas estimaciones no oficiales.
