El Gobierno anticipó finalmente el proyecto de reducir el peso de los subsidios a los servicios públicos, con el foco puesto, en principio, en la quita de los gastos que genera mantener el precio del gas y el agua. El objetivo, según anunció el ministro de Economía, Axel Kicillof, será disminuir en 20% los fondos transferidos a estos sectores.
Los subsidios económicos se convirtieron en una mochila cada vez más pesada para el Gobierno: desde 2006 se multiplicaron por 17 hasta alcanzar los $ 135.000 millones en 2013, cerca de 5% del PIB. Un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) muestra que el año pasado la energía fue la principal aspiradora de las arcas estatales, con $81.000 millones, bastante superior a los $ 73.000 millones que se destinaron al total de subsidios de ayuda social.
Los subsidios para cubrir el diferencial del precio del gas y los combustibles, principalmente importados, beneficiaron a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) con $ 33.400 millones en 2013, que necesitó financiar la puesta en marcha de las centrales térmicas; y a Enarsa que recibió $ 31.100 millones para la compra de gas a Bolivia. En tanto, la empresa estatal de agua y saneamiento Aysa se llevó $7.100 millones.
Puesta en marcha
La quita de dividiría en tres etapas (abril, junio y agosto) y abarcaría a usuarios residenciales y comercios. Las industrias quedarían exceptuadas, aunque en este caso los subsidios son mucho menores y sólo abarcan cerca de 20% de la factura. Según anunció el Gobierno, la idea es “redistribuir el gasto” y, por lo tanto, el ahorro en subsidios económicos permitiría aumentar el dinero destinado a la Asignación Universal por Hijo y al plan Progresar, que supone una ayuda a los jóvenes que quieren estudiar. Aunque restan definir los detalles de la puesta en marcha de la medida, la quita se hará efectiva y será mayor según aumente el consumo.
La disminución será de hasta 80% del subsidio para los mayores consumidores.
Un reciente informe de Econométrica estima que en el Gran Buenos Aires se subsidia en promedio cerca de 65% del consumo de gas de los hogares. El Gobierno anunció que habrá “premios” al ahorro y que incluso aquellos que disminuyan más de 20% interanual su consumo mantendrían los precios subsidiados. En tanto, se tratará de mantener la tarifa subsidiada en aquellos sectores más vulnerables, como los que cobran planes estatales o los que cobran la jubilación mínima. Y se exceptuará a los usuarios que cobran asignaciones familiares por ingresos inferiores a los $5.200 y a todos los “que demuestren insuficiencia de ingresos”.
Los especialistas aseguran que la implementación y el cruce de los datos de la factura de los usuarios con los de la AFIP y Anses será clave para el éxito del plan.
¿Qué impacto tendrá el ajuste en el bolsillo y en la inflación? Según Econométrica, para los residentes de menor consumo las tarifas de gas aumentarán 100%, mientras que los de mayor consumo percibirán una suba de 284%. La factura promedio bimensual de gas pasará de $95 en la actualidad, a un total de $313.
En tanto, la factura promedio de suministro de agua aumentará de $25 en la actualidad a $66 pesos para agosto (+165%).
En el caso del golpe que tendrá en la inflación, la definición es más compleja, aunque el informe de Ramiro Castiñeira da algunas pistas: cada 100% de aumento de tarifas de gas y electricidad en el GBA, los precios minoristas crecerían 4%, de los cuales 3 puntos serían el impacto directo sobre minoristas y el restante, la incidencia indirecta vía mayores costos mayoristas. "Dado que hay que esperar mayores aumentos de tarifas en GBA que en el interior del país (con tarifas menos atrasadas), estimamos una inflación de GBA en 38% para este año y una del 33% a
nivel nacional", añade.
