El ajuste vendrá desde el Interior

Las economías provinciales

19 de febrero, 2014

El ajuste vendrá desde el Interior

(Columna de Gabriel R. Molteni y Gonzalo de León, director y economista jefe de ECONOX, respectivamente)

Todo indica que 2014 no será un año fácil para la economía argentina. Enero estuvo caracterizado por turbulencias en el mercado cambiario, que por el momento parecen contenidas. A la relativa calma contribuyeron tres factores: la devaluación dispuesta por el Gobierno –de 23% con respecto al valor de cierre 2012–; la política monetaria contractiva adoptada por el Banco Central –con una fuerte suba de la tasa de interés, al 30%, y la absorción de casi todos los pesos emitidos en diciembre– y normas para aplacar la demanda e incrementar la oferta, al menos en el corto plazo –como la normativa que limita el exceso de activos de los bancos por sobre sus pasivos en moneda extranjera–.

Sin embargo, estas medidas son esencialmente monetarias –es decir, dependientes del Banco Central– y aunque han tenido éxito en controlar la caída de reservas internacionales, no son medidas sostenibles en el tiempo si el Poder Ejecutivo no toma la decisión política de corregir el creciente déficit fiscal –que es la razón estructural de la inflación y de las tensiones cambiarias, y un factor clave para anclar expectativas–. Más aún, las operaciones del Banco Central por sí solas pueden agravar el problema a largo plazo, dado que las mayores tasas pagadas por la entidad monetaria tienden a deteriorar su resultado, lo que a su vez redundaría en mayor emisión.

Sin señales

Por el contrario, desde el Ministerio de Economía no hay señales claras en este sentido.

Los últimos datos disponibles muestran que 2013 cerró con un fuerte deterioro de las finanzas públicas. El déficit primario –antes de intereses– se quintuplicó, pasando de $4.400 millones en 2012 a $22.500 millones el año pasado, lo cual representó el 0,8% del PIB. Y si se detraen del resultado primario las transferencias de utilidades al Tesoro Nacional por parte de la Anses y el Banco Central, el déficit primario asciende a aproximadamente el 3% del PIB. Por último, si se incluye el pago de intereses, se observa que el déficit financiero alcanzó en 2013 aproximadamente el 4,5% del PIB.

En lo que va de 2014 no ha habido novedades referidas a la moderación del gasto –que en los últimos años ha crecido de manera sostenida por encima de los ingresos–, y los anuncios se han concentrado casi exclusivamente en el control de los 194 productos de Precios Cuidados y de los otros rubros que se dispararon con la devaluación de enero como los materiales para la construcción y los electrodomésticos.

Más allá de los ajustes en las tarifas de colectivos y combustibles del mes pasado, no se ha explicitado una estrategia para moderar el crecimiento de los subsidios. Es obvio que, en un contexto de desaceleración económica y con un pronóstico de 1% de crecimiento en 2014 (escenario base), hoy lograrlo es mucho más difícil que el año pasado –recordemos que hace dos años se habló de “sintonía fina” y nunca se llegó a implementar–, por sus implicancias no sólo en términos de actividad sino también sociales.

Si bien se podría esperar una mejora fiscal por el efecto directo de la devaluación del peso del mes pasado, dado que la Argentina es un importador neto de energía esto prácticamente se compensaría por el aumento en la factura de subsidios energéticos.

Por lo tanto, no se vislumbra una mejora por el lado de ingresos ni tampoco voluntad para moderar el gasto, por lo que el ajuste de las cuentas públicas a nivel nacional se observa lejano por el momento -excepto por la baja en términos reales de los salarios de la Administración Pública y las jubilaciones, al aumentar por debajo de la inflación real–.

Ajuste inevitable

Pero donde el ajuste se vislumbra inevitable es en las provincias, dadas las complicaciones en sus finanzas públicas. Esta semana tuvo lugar una reunión de los ministros de Economía de 15 provincias, en la que se dialogó sobre las perspectivas de las futuras paritarias y se planteó el objetivo de evitar que los aumentos acordados en las mismas superen el 25%.

La contención de los aumentos salariales es importante para la contención del gasto público en general y para el de las provincias en particular, dada la elevada incidencia que esta erogación tiene en los respectivos presupuestos –en promedio representa el 47% del gasto total, pero en el caso de Río Negro llega al 62%–. Los reclamos de este año, además de estar impulsados por la inflación acumulada en los últimos doce meses –que estuvo en torno al 30%–, están fogoneados por los aumentos de hasta el 50% otorgados a efectivos de las policías provinciales en diciembre último –en el marco de huelgas que derivaron en destrozos y saqueos–.

En este caso, algunas jurisdicciones, como Mendoza, Neuquén y Catamarca, ya anunciaron congelamientos o recortes salariales para altos funcionarios, buscando dar así una señal de austeridad al resto de los estatales provinciales. También se anunciaron recortes en materia de obra pública y se registraron en algunos casos un crecimiento de los atrasos con proveedores.

Tratando de reforzar las arcas públicas por el lado de los ingresos, algunas provincias han dispuesto subas de las alícuotas del impuesto a los Ingresos Brutos, una de las principales fuentes de ingreso de origen provincial. En un año en el que todos los pronósticos coinciden en que la actividad económica perderá dinamismo, el natural aumento de la recaudación que se da como consecuencia del crecimiento económico se verá limitado, por lo que la alternativa es recurrir a un aumento de las alícuotas –con el impacto negativo que ello tiene en la actividad económica–. Algunas como Misiones y Entre Ríos han incrementado sus alícuotas para este año en 0,5 punto porcentual, con diferenciales aún mayores para contribuyentes que no tengan domicilio legal en la provincia.

Las provincias petroleras (de la OFEPH) incrementaron también la alícuota al 3% para actividades hidrocarburíferas –duplicándola en el caso de Chubut–.

Dollar-linked

La depreciación del peso a la que antes hicimos referencia es una factor que complica aún más a varias provincias, dado que encarece en pesos el costo de sus pasivos en dólares y de los denominados dollar-linked (deudas en pesos pero atadas a la cotización del tipo de cambio oficial) en 61% con respecto a inicios del año pasado.

En 2013 los gobiernos provinciales recurrieron a este tipo de instrumento para tener acceso al financiamiento, y hoy deben casi tres veces más que en 2012 –aproximadamente unos US$ 11.000 millones tanto en títulos públicos como préstamos de organismos internacionales–. Si bien las provincias petroleras, por las mayores regalías, podrán compensar esto con mayores ingresos, todavía está sujeto a lo que disponga el Gobierno Nacional –por el momento parece descartado el establecimiento de un “dólar petrolero”, más bajo que el oficial, para morigerar los aumentos de los precios de los combustibles, y que reduciría las regalías–.

Adicionalmente, la suba de tasas antes señalada también tiene a incrementar el costo de financiamientos de las provincias. En este marco, la calificadora de riesgo Moody’s puso en perspectiva negativa buena parte de las deudas provinciales, lo que complica la posibilidad de acceder a nuevo financiamiento voluntario. Mientras tanto, está por verse si el Estado Nacional posterga nuevamente el vencimiento de deudas provinciales, en tanto que crecen las versiones sobre una próxima emisión de cuasi monedas –lo que puede asimilarse a un financiamiento “forzoso”–.

Corrientes es la que más avances hizo en el tema. El gobernador Ricardo Colombi recientemente anunció que ya tiene elegido el “nombre, el color y los importes” de los bonos que se usarían para pagar salarios y obligaciones con proveedores y que, de no alcanzarse un acuerdo con el Gobierno Nacional, entrarían en circulación en “marzo o abril”. En definitiva, todo indica que las provincias, tanto en lo que respecta a los ingresos como a los gastos y a la forma de financiar sus desequilibrios, enfrentarán un año de ajuste en sus cuentas, de mayor magnitud que el que puede esperarse de parte del Gobierno Central.